Hay un país europeo en el que los ciudadanos están encantados con sus jueces. —Y entonces, ¿por qué no importamos aquel sistema? —Muy sencillo —responde un veterano analista del mundo judicial—, porque no somos daneses. Descartado el intento, y justo en medio de la ofensiva del Gobierno socialista contra una supuesta confabulación judicial para derribar a Pedro Sánchez, hemos pedido a una serie de voces expertas que nos indiquen dónde falla y cómo se puede mejorar el funcionamiento de la justicia y, de paso, la percepción más bien pobre que los españoles tienen de sus tribunales. Lo que viene a continuación no es una diatriba contra los fachas con toga ni tampoco un panegírico de quienes —desde los sectores más conservadores— son vistos como unos héroes que quieren meter en cintura al Gobierno. Solo se trata de ir un poco más allá. Por ejemplo —y a modo de aperitivo—, ¿no sería conveniente reducir la discrecionalidad en los nombramientos, de modo que los partidos políticos no sigan colonizando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y repartiéndose los sillones del Tribunal Constitucional, del Supremo, y de ahí en cascada hacia abajo? ¿No sería más eficaz que, como sucede en la mayoría de los países de Europa, fueran los fiscales y no los jueces quienes llevasen la instrucción? Pero, para que esto último se pudiera poner en marcha con ciertas dosis de credibilidad, ¿no habría que blindar antes la independencia del fiscal general, que en España debe su nombramiento al presidente del Gobierno? Y, ya puestos, ¿no está anticuado el sistema de acceso a la carrera, enfocado en exclusiva a un ejercicio memorístico en el que los aspirantes cantan el Código Penal contrarreloj? A raíz de estas cuestiones —que iremos abordando más adelante—, Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional y de la Unión Europea, propone que nos abstraigamos por un momento del ruido coyuntural —el asalto político a las instituciones del Estado, la guerra de los fiscales o el tan traído y llevado lawfare— y nos planteemos una pregunta más ambiciosa: ¿está obsoleto el modelo judicial español en sus estructuras básicas? Y si es así, ¿qué se puede hacer para mejorarlo? El reto no es fácil, y desde luego despierta menos pasiones que la cada vez más encarnizada refriega partidaria, pero, ya que lo vamos a intentar, empecemos desde abajo. “Tenemos un sistema de acceso a la carrera judicial nacido en el siglo XIX”, denuncia Urrea, “que consiste en que un opositor se encierre en casa y estudie 12 horas al día durante cuatro años un temario extensísimo que debe recitar de memoria ante un tribunal. La prueba no incorpora ningún ejercicio práctico ni escrito —aunque eso forme parte fundamental de su desempeño profesional—, ni tampoco se necesita un cierto nivel de inglés ni de conocimiento de la legislación europea”. Nuestro sistema de entrada en la carrera judicial es distinto a los modelos de nuestro entorno, y de ahí que Mariola Urrea considere vital que tanto partidos como ciudadanos o medios de comunicación se hagan la siguiente pregunta: “¿Qué arquetipo de juez necesita hoy la justicia española?”. El siguiente debate es si, para homologar el sistema de justicia español al del resto de los países, el juez debe seguir siendo el instructor de las causas o un garante del proceso. Aquí hay un cierto consenso y, de hecho, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de octubre el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial. La nueva ley contempla que el actual juez de instrucción se convierta en juez de garantías, y que sean los fiscales quienes asuman la investigación de los casos con el apoyo de la policía judicial. Esto suscita una nueva discusión: ya que no somos daneses y, por consiguiente, no confiamos tanto en la rectitud de quienes nos gobiernan, ¿nos quedaríamos tranquilos si los fiscales siguen dependiendo jerárquicamente de un fiscal general nombrado a dedo por el presidente del Gobierno de turno? La respuesta parece clara, de ahí que Safira Cantos, abogada y directora general de la Fundación Hay Derecho, proponga que, como primera medida, se desligue el inicio del mandato del fiscal general con el del presidente del Gobierno, de tal forma que un mismo fiscal general pueda ejercer el cargo con ejecutivos de distinto color. Con el modelo actual, cada presidente del Gobierno nombra a un fiscal general de su cuerda nada más llegar al poder. El Consejo de Ministros aprobó en mayo un proyecto que busca romper esa tendencia.Un fiscal independiente del poder políticoSafira Cantos considera que, para evitar tal contaminación entre poder político y poder judicial, los candidatos a fiscal general deben tener un perfil profesional indiscutible. “Y además”, añade, “es necesario que se introduzcan contrapesos internos para evitar la excesiva concentración de poder técnico, organizativo y promocional en una sola persona”. Lo que ha venido sucediendo hasta ahora —salvo honrosas excepciones— es justo lo contrario, y tanto los presidentes de gobiernos socialistas como populares se han asegurado de que la Fiscalía General del Estado estuviera atada y bien atada. Una vez reforzada —idílicamente— la independencia de los fiscales y su figura como líderes de la instrucción, la siguiente cuestión también tiene su miga: ¿qué hacemos con la acción popular? A nadie se le escapa que una buena parte de los procesos judiciales en los que se ve envuelto el Gobierno de Pedro Sánchez se pusieron en marcha a raíz de las denuncias presentadas ante los tribunales por el Partido Popular, Vox o incluso organizaciones ultracatólicas o de ultraderecha que, en algunos casos, consiguieron activar procesos con informaciones periodísticas de escasa credibilidad. Tampoco conviene olvidar que el PSOE, Izquierda Unida o Podemos también ejercieron la acusación en los casos de corrupción del PP. Por tanto, ¿hay que poner coto a la acción popular? Mariola Urrea lo tiene claro: las acusaciones populares se han convertido en una palanca de acción política para hostigar al adversario. “Son”, explica, “actores extraños al proceso, incluidas organizaciones de perfil dudoso; ahí existe sin duda un problema serio de diseño institucional”. También Safira Cantos sugiere restringir o excluir su ejercicio por parte de los partidos políticos. Y hasta el magistrado de la Sala Segunda del Supremo Manuel Marchena, uno de los jueces con más predicamento en la carrera, considera de forma tajante: “No se debería poder ejercer la acción popular por un partido político. No tiene ningún sentido que aquellos actos que afecten a la corrupción del partido político A determinen la personación como acusación popular del partido político B y viceversa. Esta es una perversión. Por una sencilla razón: se traslada al proceso penal el lenguaje de la política, y si el juez no le da la razón al partido político A, el desenlace es clarísimo: se tacha al juez de favorecer al partido político B. No tiene sentido que se traslade a los tribunales los debates y el lenguaje que deben tener lugar en el Parlamento. En este caso, España es un ejemplo único en el mundo.”. No hay, por tanto, forma de abstraerse. Aunque intentemos mirar la situación a vista de pájaro, lejos del ruido, la sombra de la política —de la politización de la justicia o de la judicialización de la política— salpica cualquier medida que se proponga. De hecho, para Safira Cantos, que se apoya en un buen número de estudios y sondeos realizados por la Fundación Hay Derecho, el gran problema no es tanto la supuesta invalidez general del sistema, sino la injerencia del poder ejecutivo y la deslegitimación constante de las resoluciones judiciales cuando no benefician al partido de turno: “Una democracia sana debe tener diques sólidos de limitación del poder, aunque no gusten coyunturalmente. Cuando estás en la oposición clamas por poner límites al abuso de poder, y cuando estás gobernando quieres controlar los resortes que pueden limitarte. Por eso, se necesitan contrapesos. Que el poder judicial frene al ejecutivo no es una anomalía, sino una señal de salud democrática”. Y abre otro debate: el gran drama cotidiano de la justicia no es la polémica político-mediática, sino la gran demora estructural: “Escasez de jueces, falta de medios, organización deficiente y retrasos incompatibles con la tutela judicial efectiva”. Una carga de trabajo descomunalEl sociólogo José Juan Toharia lleva 50 años de observación y publicaciones sobre el mundo judicial. Explica que esa lentitud ya casi mítica de la justicia española se debe al cruce de una carga de trabajo descomunal —alrededor de 1,5 millones de casos anuales— y de una plantilla de 5.400 jueces, una de las ratios más bajas de la Unión Europea. “A eso se le une”, advierte, “que buena parte de la legislación es obsoleta, con raíces en el siglo XIX, y que el entramado normativo funciona como la maquinaria de un reloj: si se toca una pieza afecta a muchas otras”. Aun así, añade, los jueces tienen mejor imagen entre la población general de lo que sostienen las últimas encuestas. “Salvo en los países nórdicos”, explica, “la justicia no suele tener una imagen positiva, y aquí influye sobre todo a la lentitud. Pero, a pesar de eso, la gente quiere que sea una sentencia judicial la que resuelva sus problemas, aunque tarde años”. Toharia dice que los jueces, como los militares, tienen un fuerte espíritu de cuerpo, y que el Gobierno hace mal cuando ataca a los jueces porque “está fomentando aún más ese espíritu”. En el vértice de la cúspide está el Consejo General del Poder Judicial, que durante años no ha dejado de estar en los titulares por la lucha encarnizada de los principales partidos políticos para no perder cuotas de poder —hasta cinco años y medio tuvo el PP bloqueada la renovación de sus órganos de dirección—. Los dos grandes partidos han necesitado lógicamente la complicidad de los jueces de su confianza —unos afiliados a asociaciones supuestamente progresistas, otros de talante claramente conservador— que han actuado como correas de transmisión, simples peones sobre un tablero contaminado por intereses partidarios. Mariola Urrea y Safira Cantos coinciden en lo perjudicial que resulta para la credibilidad del sistema que se puedan anticipar ciertas decisiones del CGPJ o del Tribunal Constitucional únicamente a partir de la mayoría coyuntural existente en esos órganos. Visto lo visto, para hacer una reforma del tal calibre —coinciden todas las fuentes— se necesitaría un consenso político que ni está ni se le espera. ¿Hay que resignarse entonces? “De ninguna manera”, contesta Urrea, y apunta con el dedo a la responsabilidad de los medios de comunicación: “Deben cumplir una función de alfabetización cívica y explicar a la sociedad cómo funciona realmente el sistema judicial. Desde cómo se recluta hoy a los jueces hasta cuáles son las competencias del Consejo del Poder Judicial. La idea es abrir un debate social antes incluso de cerrar el debate político. Si la ciudadanía comprende el diagnóstico, podrá exigir reformas y participar en la discusión sobre el modelo de justicia que desea”.