Una democracia sana no puede permitirse un poder judicial bajo sospecha y, sin embargo, el nuestro lo está. De hecho, un 60% de los españoles está convencido de que hay jueces que hacen política y políticos que tratan de hacer justicia. El dato es de un reciente sondeo de Ipsos que dibuja una ciudadanía descreída de la imparcialidad de la justicia, más allá de sus preferencias ideológicas. Así lo cree el 80% de los votantes del PSOE o Sumar, pero también el 41% de los del PP y el 55% de los de Vox. Parecidas conclusiones aparecen en otro trabajo de 40dB, en el que solo el 32% de los encuestados cree que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales mientras que seis de cada diez considera que en España hay lawfare.
El retrato es demoledor, si bien los guardianes de la pureza ética y periodística creen sospechosa la publicación de dos sondeos en sendos medios de comunicación el mismo día. Una boutade más de los creadores de las realidades paralelas y de quienes, a falta de consistencia política, han convertido a los togados en protagonistas de la conversación pública y delegado en ellos la verdadera oposición al Gobierno. A falta de votos, bienvenidas sean las togas.
