El declive democrático al que asistimos tiene paradojas que conviene examinar con frialdad. La erosión de la legitimidad de las instituciones representativas va acompañada, casi invariablemente, de un mayor protagonismo de los jueces. Y cuanto más protagonismo adquieren los jueces, menos democracia queda al final del proceso. No es un accidente, ni tampoco una solución. Es un síntoma. En los sistemas políticos que funcionan con relativa normalidad, el poder judicial actúa como árbitro. Su labor es aplicar reglas que otros han fijado, resolver conflictos entre partes y garantizar que ningún actor, por poderoso que sea, quede por encima de la ley. Un signo de que las cosas marchan razonablemente bien es que ese papel, siendo esencial, resulte en cierta medida subsidiario: sin gran protagonismo, sin voluntad propia, sin agenda visible.
Esa imagen no es la que nos devuelve el presente. A medida que crecen la tensión política, las impugnaciones cruzadas y la negación radical del adversario, la influencia de los tribunales sobre la vida pública se vuelve cada vez más determinante. Los jueces ya no se limitan a pronunciar o aplicar las palabras de la ley: toman decisiones que antes correspondían a parlamentos, gobiernos o a negociaciones entre las partes. Lo hacen, con frecuencia, porque el resto del sistema ha fallado. Y es precisamente cuando la democracia necesita de contrapesos, cuando la justicia puede verse arrastrada a una lucha política en la que no juega en igualdad de condiciones.
