La apariencia de desempeño con equidad e imparcialidad en la judicatura es tan clave como su esencia
Si dos tercios de los ciudadanos consideran que en España existe lawfare o guerra judicial de intención política, por algo será. Y además opinan que el poder judicial vigila y sanciona poco a los jueces que hacen mal su trabajo.
O los ciudadanos desvarían. O aciertan. Pero ese dilema no es tan relevante. El problema para la judicatura —y para la calidad de la democracia española— es la percepción ciudadana. Pues como la mujer del César, un juez no solo debe ser justo, sino parecerlo. La apariencia de desempeño con equidad e imparcialidad es tan clave como su esencia. Así lo ha fijado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Computar cuántos jueces yerran, prevarican, o conspiran —todo eso, en distintos grados, supone ejecutar mal su tarea— esa ardua tarea. Porque la cúpula de la judicatura incumple, casi en bloque, su deber de control. Son escasos los jueces condenados anualmente como prevaricadores (que dictan sentencias sabiendo que son injustas), como el corrupto Javier Gómez de Liaño: ocho, entre 1995 y 2012.
Y hay muchos más indicios de prevaricación nunca investigados como presunto delito por los propios jueces; o como evidente falta (al menos), por el Consejo General del Poder Judicial, parcialmente okupado por el núcleo duro del gremialismo corporativista. Claro que escandaliza esa manía persecutoria —síntoma de guerra judicial desde los juzgados—, congénita a individuos reaccionarios y atrabiliarios como Juan Carlos Peinado, y a otros colegas suyos menos cochambrosos.
