El Gobierno ha convertido el lawfare en mucho más que un argumento de defensa frente al cerco judicial. Es ya una estrategia política para responder al goteo de investigaciones que afectan al entorno del presidente, Pedro Sánchez, y del PSOE. Tanto en el partido como en Moncloa han ido elevando el tono contra determinadas decisiones judiciales. Ese cuestionamiento les permite defender a los investigados —a los que, en su mayoría, mantienen el respaldo— y, al mismo tiempo, reforzar un relato que conecta con una parte importante de su electorado. Las encuestas apuntan precisamente en esa dirección: la mayoría de los votantes del PSOE duda de la imparcialidad de la Justicia cuando investiga a partidos políticos y muestra un claro escepticismo ante algunas de las causas que afectan al entorno de Sánchez.Hay dirigentes socialistas que lo admiten abiertamente. "Todo es lawfare y todo suma a ese relato", resume un parlamentario del PSOE, convencido de que cada nueva imputación refuerza entre una parte del electorado la percepción de que existe una ofensiva judicial contra el Gobierno. Esa tesis está especialmente asentada en Moncloa en lo que respecta al caso de Begoña Gómez, mujer del presidente. En el Ejecutivo sostienen que la actuación del juez Juan Carlos Peinado constituye el mejor ejemplo de que algunos magistrados han traspasado la frontera entre la aplicación de la ley y la política, aunque reconocen que esa valoración no puede extenderse al conjunto de la carrera judicial.Precisamente por eso consideran que este procedimiento se ha convertido en el principal sustento del relato del lawfare. "Están politizando la Justicia. Espero que reviertan las medidas cautelares de Begoña", afirma un ministro. En la misma línea, fuentes de Moncloa califican de "arbitraria" la retirada del pasaporte a la mujer del presidente: "No nos esperábamos nada de lo que está pasando, mucho menos que se tomara una decisión arbitraria".El 77% de los votantes del PSOE cuestiona la imparcialidad de los juecesLos datos demoscópicos respaldan que los votantes les compran esa percepción. La última encuesta sobre calidad democrática del CIS refleja que el 77,2% de los votantes del PSOE discrepa de que la Justicia actúe siempre con imparcialidad cuando investiga a partidos políticos. Y, según el CIS, la desconfianza no se limita al electorado socialista, sino que el 76,9% de los encuestados considera que la Justicia no siempre actúa con imparcialidad cuando investiga a partidos, el 88,8% cree que no trata igual a los políticos que al resto de ciudadanos y el 78,4% opina que tampoco actúa igual con ricos y pobres. El estudio dibuja un contexto de desconfianza institucional sobre el que el Gobierno ha construido buena parte de su discurso frente a las investigaciones judiciales.Ese marco ha ido cobrando fuerza a medida que aumentaban los procedimientos que rodean al Ejecutivo. El ejemplo más evidente es el mencionado caso de Begoña Gómez. Desde hace meses el Gobierno no se limita a defender la inocencia de la mujer del presidente, sino que cuestiona abiertamente la instrucción del juez Peinado. Cada decisión judicial, especialmente las medidas cautelares acordadas recientemente, ha sido utilizada para denunciar una actuación desproporcionada y alimentar el relato de que determinados jueces están haciendo política.La misma lógica estuvo presente, al menos en un primer momento, en la investigación de las llamadas cloacas del PSOE. Moncloa encajó tanto la entrada de la UCO en Ferraz por el caso Leire como la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en una teoría más amplia de "linchamiento", al considerar que su coincidencia en el tiempo con el juicio de la trama Kitchen no era casual. Desde entonces, el PSOE ha mantenido el respaldo a varios de los cargos investigados, entre ellos la gerente del partido, Ana María Fuentes; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el director adjunto operativo, Manuel Llamas; y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda. Aunque los argumentos han variado en cada procedimiento, el mensaje de fondo ha sido similar: presentar la acumulación de causas como parte de una ofensiva política y judicial contra el Gobierno y el partido.La imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra ha sido uno de los episodios que más ha sacudido a las filas socialistas. El Ejecutivo mantiene públicamente su confianza en él y se resiste a dar por buenas las acusaciones. Antes incluso de conocer los argumentos del juez, el PSOE llegó a situar la causa en el marco del lawfare, aunque tras conocer el sumario tuvo que rebajar ese discurso. Desde el entorno socialista, no obstante, se ha seguido poniendo el foco en el papel de Estados Unidos, que aportó una de las principales pruebas incorporadas a la investigación: el contenido del móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo y principal accionista de Plus Ultra, intervenido en Miami en 2021 y remitido cinco años después a la Policía española.Cuestionan el caso Zapatero, pero reconocen la gravedad del caso mascarillasEse respaldo a Zapatero encuentra reflejo en las encuestas: el último barómetro del Instituto DYM para 20minutos, realizado tras conocerse la imputación, muestra que entre los votantes socialistas predominan quienes consideran poco o nada creíbles las acusaciones contra Zapatero. No obstante, según esta misma encuesta DYM, la desconfianza de los votantes socialistas en los jueces encuentra sus límites en el caso mascarillas: frente a las dudas que despiertan otras investigaciones, casi dos de cada tres votantes socialistas reconocen la gravedad y la capacidad que la condena de José Luis Ábalos y Koldo García tiene para restar votos al PSOE. Esto podría explicar por qué esta causa no es presentada por el Gobierno como un episodio de lawfare. Al contrario, el Ejecutivo reivindica entonces el funcionamiento de la Justicia y se posiciona en contra de las actuaciones del ex ministro de Sánchez. Pero, desde el punto de vista de la opinión pública, la acumulación de investigaciones —las que el Gobierno denuncia como persecución judicial y las que asume como casos de corrupción— acaba proyectando una misma imagen: la de un Ejecutivo permanentemente rodeado por los tribunales. Pese a ello, dentro del PSOE predomina la idea de que el impacto electoral del frente judicial ha tocado techo. "Lo judicial está amortizado", sostiene un dirigente socialista, que cree que la estrategia pasa ahora por consolidar a un electorado ya convencido de que existe una persecución política y para el que cada nueva imputación, lejos de debilitar ese relato, termina reforzándolo. La principal preocupación sigue siendo Zapatero. Esta voz socialista considera que su imputación supone el golpe más duro porque el votante más identificado con Sánchez procede, en buena medida, del mismo caladero electoral que el del expresidente. Por eso da por hecho que Sánchez no le retirará su apoyo y que optará por dejar pasar el tiempo, confiando en que la carga emocional del caso se vaya diluyendo.Todo apunta a que el goteo de resoluciones, imputaciones y nuevas investigaciones seguirá marcando la agenda en los próximos meses. Ante ello, la estrategia de Moncloa ya no pasa solo por responder a cada caso por separado, sino por encajarlos todos en un mismo relato de persecución política. Las encuestas reflejan que ese marco cala entre buena parte del electorado socialista y es ahí donde Moncloa confía en amortiguar, al menos en parte, el desgaste de un frente judicial que seguirá acompañando al Ejecutivo hasta el final de la legislatura.