Uno de los puntos sobre los que pivota desde hace tiempo, y especialmente en los últimos dos años y medio, el enfrentamiento político en España es si decisiones judiciales están marcadas por un interés político, el llamado lawfare.La catedrática de Derecho Constitucional Ana Carmona defiende que se debe distinguir entre las críticas necesarias a determinadas actuaciones de la justicia y las descalificaciones generalistas y deslegitimadoras. Para el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, España sufre desde hace años la misma estrategia judicial impregnada de ideología que se ha visto en otros países.Los excesos de algunos no son una enfermedad globalAna CarmonaEn el reciente Informe sobre indicadores de la Justicia en la Unión Europea (2026), España no sale bien parada en la percepción que de su independencia mantiene la ciudadanía. Sobre el total de los 27 Estados, el nuestro se sitúa en la parte más baja del tablero: el puesto 22º. En este contexto, podría parecer que las acusaciones de lawfare, esto es, de manipulación política de los procesos por los jueces, formuladas por distintos partidos no andan descaminadas. Por citar solo un ejemplo paradigmático, las grotescas medidas cautelares adoptadas por el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, vendrían a confirmar la existencia de un alto grado de politización de la justicia y, consecuentemente, de un uso espurio de la misma por parte de sus titulares.Compartiendo las críticas a estas concretas actuaciones judiciales, así como a cualquier otra que quiebre el deber de sometimiento a ley que fija la Constitución a los jueces y magistrados, en absoluto considero que sean expresión del estado global de nuestra judicatura. La lectura políticamente interesada de determinados procesos judiciales, en unos casos por la identidad de sus protagonistas y en otros, lamentablemente, por la escasa pulcritud jurídica de los responsables de su desarrollo, conduce al efecto perverso de que parte de la ciudadanía perciba como general lo que se circunscribe a un terreno bastante acotado. Los excesos de algunos jueces no permiten concluir que el ejercicio de la función jurisdiccional en España está afectado por una patología institucional generalizada. Tampoco que esos excesos, de ser verificados mediante los correspondientes mecanismos de garantía previstos, no sean objeto de las sanciones establecidas.El último Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea (2025), en el apartado dedicado a la justicia, aun identificando aspectos problemáticos, no ha dudado en señalar la independencia de su actividad en España. Ese informe tampoco deja pasar la oportunidad de advertir algo esencial para un correcto enfoque de la cuestión: “El Consejo General del Poder Judicial y las cuatro principales asociaciones judiciales han dado la voz de alarma por las declaraciones públicas de políticos, también del Ejecutivo, en las que se critica al poder judicial. Según el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, las declaraciones de políticos que conllevan reproches personales y la desacreditación de los jueces y magistrados y el trabajo que realizan, a menudo cuestionando su independencia, socavan gravemente la confianza de los ciudadanos en la justicia”. Algo que, sin embargo, no es obstáculo ni para que se reivindique la relevante función atribuida a la crítica de las resoluciones judiciales (“un aspecto normal del debate democrático”) ni para que se conmine a los poderes ejecutivo y legislativo a que eviten “caer en críticas que minen la independencia del poder judicial o la confianza pública en este. Todos los organismos estatales (sean del poder legislativo, ejecutivo o judicial) deben regirse por la consigna del respeto mutuo para asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales y proteger la confianza de la ciudadanía en estas”. Cabe distinguir, pues, entre las críticas no solo necesarias sino también legítimas a la actuación de la justicia, y aquellas que la descalifican en cuanto tal, cuya reiteración genera perniciosos efectos deslegitimadores ante la sociedad.Este planteamiento permite escindir el análisis de la independencia judicial en España en dos planos que arrojan visiones contrapuestas. Por un lado, la negativa percepción subjetiva que de aquella mantiene una parte creciente de la ciudadanía. Percepción que se vincula con procesos de especial relieve mediático, que se desarrollan ante las más altas instancias jurisdiccionales y que se presentan ante la opinión por los afectados como prueba irrefutable de la contaminación política que, en general, aqueja a la justicia. Por otro, la constatación objetiva de la situación de esta en su devenir cotidiano, con miles de jueces y magistrados que realizan su labor atendiendo a los postulados constitucionales de respeto y exclusiva vinculación a la ley, esto es, en concordancia con el Estado de derecho. La excepción cuando se produce no elimina la regla; antes bien, la confirma.Llevar la guerra al derechoJosé Antonio Martín PallínLa política de Estados Unidos con sus vecinos del continente americano ha sido considerarlos su patio trasero, fomentando y participando en golpes de Estado. Las experiencias sangrientas de Argentina y Chile derivaron en la condena de la Junta Militar, y la detención en el Reino Unido de Pinochet, mientras toda la comunidad internacional rechazaba los crímenes contra la humanidad cometidos. Entonces cambió el método. El coronel Charles J. Dunlap, en un ensayo de 2001 para el Carr Center de Harvard, propone sustituir los golpes militares por la “guerra jurídica”, es decir, el uso de la ley como arma de guerra (law warfare). Así nace el concepto lawfare. Sin derramar una gota de sangre, se usó con éxito contra Lula, Dilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa o Fernando Lugo. Todo se hizo limpiamente con el apoyo de la potente batería de los grandes medios de comunicación. Fueron verdaderos golpes de Estado. No se desencadenó una guerra, pero se destruyó el derecho.Nuestro país no podía ser ajeno a este movimiento estratégico judicial impregnado de ideología política. En mi libro La guerra de los jueces. El proceso judicial como arma política defino el lawfare como el uso estratégico y la instrumentalización del sistema judicial con fines políticos, ideológicos o partidistas. En principio, algunos miembros del poder judicial no pretendían derrocar gobiernos, sino erosionar movimientos políticos que consideran contrarios a un pensamiento reaccionario que detesta los sentimientos separatistas de los partidos vascos o catalanes. En enero de 2008, el Tribunal Supremo condenó al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por un delito de desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, nombre que adoptó Batasuna tras su ilegalización. Había sido absuelto por el Tribunal Superior vasco y solo recurrió Manos Limpias. Más tarde se encadenan las de condenas contra el llamado entorno de ETA en el caso Bateragune, cuya sentencia fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.El campo de batalla se traslada a Cataluña, donde se produce la actuación judicial de mayor repercusión nacional e internacional contra los lideres independentistas que se presentaron a las elecciones de 2015 con un proyecto de república basado, en mi opinión, en la utilización de los mecanismos constitucionales. Las leyes de referéndum y de transición a la república fueron aprobadas por el Parlament y declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. No intervino el derecho penal, y el proceso continuó sin incidencias hasta la convocatoria a las urnas del 1 de octubre de 2017. El Gobierno decidió utilizar la fuerza para impedir el derecho al voto. Tras la declaración de independencia relámpago y la condena penal del Supremo a los promotores del procés, la propia sentencia del alto tribunal reconoce que todo quedó solucionado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ya queda menos para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie.La catarata de decisiones judiciales con el único objetivo de desgastar a Podemos llega tras entrar en el marco político nacional con unas expectativas que desbordaron sus más optimistas previsiones. Si acumulamos las actuaciones contra Ada Colau, podríamos llegar al medio centenar. Esta vez, las estrategias judiciales pasaban por dilatar los procedimientos, proporcionando día tras día el material necesario para abrir las cabeceras de los medios de la derecha. Se cumplía así la advertencia de Foucault de que procesar ya es castigar.Hasta entonces podíamos hablar de un activismo judicial partidista. Pero desde el 23-J se rompen todas las barreras, y las decisiones judiciales se internan por el sendero del genuino lawfare. Las querellas se dirigen contra el entorno familiar del presidente del Gobierno (su esposa y su hermano) o el fiscal general. Se pueden añadir las derivaciones que tenga la condena en el primer juicio del caso Koldo, conocida el lunes. Por ahora, el Supremo no ha dado el paso definitivo para dirigirse directamente contra el presidente del Gobierno. Espero que no se inmiscuya en acontecimientos cuyos verdaderos y únicos protagonistas son los partidos en el ámbito parlamentario.