El Gobierno vuelve a apuntar, esta vez de manera más abierta aún, a la tesis de que el PSOE y la Moncloa están siendo víctimas de lawfare después de los registros de la UCO en Ferraz para recabar documentación sobre una posible trama dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectan al partido, al propio Ejecutivo y al entorno de Pedro Sánchez y que el juez Santiago Pedraz apunta que organizó Santos Cerdán. Hasta tres ministros, con Óscar Puente a la cabeza, han pedido "dejar trabajar" a la Justicia, pero no han dudado en alentar, de manera más o menos directa, la idea de que existe una operación para derribar al Gobierno. Y todo ello mientras desoye las declaraciones de socios como PNV, Junts o Podemos, que ya piden elecciones, y Sumar endurece el tono y ha llegado a abrir un debate interno en su grupo parlamentario. Además, la actitud del PSOE está generando resquemores incluso en el propio PSOE. Algunos sectores del partido no entienden el vacío informativo de su cúpula en las horas posteriores a los registros autorizados por la Audiencia Nacional. Este jueves, antes de que el presidente Pedro Sánchez pidiese comparecer en el Congreso para informar de la situación, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, se limitó a hacerse eco a través de sus redes sociales de un comunicado publicado por la formación en el que niega haber "ordenado, amparado o coordinado" una operación de las características que investigan las autoridades. "Una vez se levante el secreto de sumario y analicemos en profundidad todos los detalles, daremos todas las explicaciones pertinentes", puntualiza en el escrito el PSOE, que, no obstante, también defiende que "no resulta fácil de entender que existan dos procedimientos sobre los mismos hechos", en referencia al caso que abrió el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que imputó a la supuesta fontanera Leire Díez. Sin embargo, en dicha causa no estaban imputados otros actores del partido como Santos Cerdán o Gaspar Zarrías, que sí cuentan con la condición de investigado tras la operación de este miércoles.Quien de manera más directa apunta al lawfare es el ministro de Transportes, Óscar Puente. Para él, "todo el mundo sabe lo que está pasando": "Hay intereses claros para derribar al Gobierno con métodos nada democráticos", afirmó este jueves. El ministro apuntó directamente a los medios de comunicación que sabían que iba a tener lugar la operación de la UCO "12 horas antes" de que se produjera y la posterior "utilización" de la información por parte del PP en la sesión de control, dando a entender que una operación conjunta para hacer caer al Ejecutivo. Y sobre el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional por liderar presuntamente una trama de tráfico de influencias para lucrarse del rescate de Plus Ultra, aseguró estar "atónito", ya que, sostuvo, el expresidente "se dedica más o menos a lo que se dedica el resto de expresidentes del mundo". Por otro lado, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dijo este jueves que tras la operación de la UCO "estamos ante un show" porque los medios de comunicación informan de lo que va a ocurrir con investigaciones secretas "antes" de que ocurra, y pidió a la Justicia respeto por la "igualdad, honestidad y honradez". Entretanto, también al referirse a los registros en Ferraz, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, aseguró que "cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias". El reclamo de algunos sociosEn este contexto, tanto en público como en privado el PSOE desoye la petición de adelanto electoral de socios como PNV, Podemos, Coalición Canaria o Junts. El propio ministro Puente aseguró que, aunque esas opiniones son "muy respetables" no son más que "una opinión" y que "la decisión" de Sánchez de agotar la legislatura "es firme". Fuentes socialistas, por su parte, insisten en la voluntad de "seguir" amparándose en una militancia "más armada que nunca". "No nos preocupa porque no va a haber elecciones y no va a apoyar una posible moción de censura", han asegurado después de que el presidente del PNV, Aitor Esteban, insistiese en su petición de comicios y en que "la legislatura ha llegado a su fin". El PSOE también ignora a Podemos, que asegura que la situación del Gobierno "es insostenible" y que "la legislatura ya estaba muerta" incluso antes del caso de Zapatero y los registros de la UCO. Y a Junts, qué lleva semanas preguntando al Ejecutivo "qué argumentos" puede dar ya para no convocar elecciones dada la falta de apoyos. Por otro lado, ERC considera "urgente" que el presidente ofrezca explicaciones sobre los casos de corrupción. De hecho, de manera paralela a la solicitud de Sánchez, los republicanos han pedido formalmente junto a BNG y Podemos su comparecencia en el Congreso. "La gente se merece una izquierda que deje de dar vergüenza", afirmó su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, que lo único que "salva al Gobierno es que la alternativa es infinitamente peor", en referencia a PP y Vox. Sumar endurece el tono y abre un debate internoSumar también ha comenzado a exigir explicaciones urgentes a su socio del Gobierno, explicaciones que, en cualquier caso, deberán esperar hasta finales de junio, concretamente después del 19, cuando se celebre la reunión del Consejo Europeo, de la que también informará. Entretanto, el espacio liderado por Yolanda Díaz ha endurecido el tono en las últimas horas. "La política no es la vergüenza que se está viendo durante estos días", aseguró la vicepresidenta segunda este jueves. Por su parte, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha admitido que la confianza de los socios en el Gobierno "está bajo mínimos" y la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, advirtió al PSOE de que se está equivocando al tomarse "un poco a broma" lo acontecido estos días y de que debía despertar porque sus socios estaban aguantando "lo indecible". Fuentes parlamentarias del espacio no ocultan que las "preocupantes" noticias de las últimas horas ha abierto un debate interno. En la reunión del grupo del pasado miércoles algunas voces pidieron tomar medidas "drásticas" si hay "pruebas contundentes" de que lo que investigan los tribunales "es cierto". Las fuentes consultadas aseguran que no pueden hablar por la forma en la que actuarían en ese caso los ministros de Sumar, pero en lo que a ellas respecta sí apuntan a la posibilidad dejar de ofrecer su apoyo al PSOE en el Congreso. Otras voces insisten en llamar a la prudencia durante esta fase primigenia de las investigaciones y dirigen sus reproches a la falta de explicaciones de su socio.