Practicar el arte de la democracia y el estado de derecho -esas dos gigantes conquistas de la humanidad, que a pesar de todas las tormentas, todavía merecen ser apuntaladas como nuestro único refugio conocido- nos obliga a un ejercicio constante de equilibrio y juicio mesurado, de alerta y de prudencia, en una palabra, de virtud cívica. Ello nos conmina a tomar conciencia de la existencia de determinadas líneas rojas, que no por delgadas son menos importantes, como la de la presunción de inocencia y la del lawfare, es decir, el abuso de procesos jurídicos, a menudo -aunque no solo- judiciales, con fines ajenos al derecho y por ello ilegítimos. Son líneas a veces borrosas, casi siempre sutiles -y que nos dan trabajo, para qué negarlo, a los filósofos políticos y del derecho. ¡Qué fácil resulta traspasarlas cuando no tenemos una noción clara de lo que significan e implican o cuando no disponemos de suficiente información! Más que trazar tales líneas rojas con una endeble banda de tela, como las que delimitan el punto de llegada de una carrera de fondo, deberíamos levantar un alto muro de hormigón -con perdón del cambio climático-, un muro coronado en ambos lados con afiladas concertinas, de las que hieren a todo aquel que intente treparlo en cualquiera de las dos direcciones.
Caso ZP: esa delgada línea roja del 'lawfare'
No podemos afrmar, como se han apresurado a hacer algunos líderes socialistas, que estamos ante un nuevo caso de 'lawfare'. El Auto ofrece un relato detallado y bien articulado de elementos de juicio suficientes para fundamentar una sospecha tangible. Ello no significa que los hechos imputados a Zapatero sean ciertos, ni que él sea culpable










