El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló ayer la ley de Amnistía, en vigor desde el 11 de junio del 2024 tras su aprobación por el Congreso, pero todavía no aplicada a sus principales beneficiarios potenciales. Entre ellos, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (Junts), que sigue en Waterloo, puesto que pesa aún sobre él una orden de detención si vuelve a España. O el republicano Oriol Junqueras, que cumplió condena tras el juicio del procés pero sigue inhabilitado. O una treintena de cargos independentistas. En todo caso, la decisión del TJUE de desestimar el delito de malversación, que el Supremo no estima merecedor de amnistía, es una buena noticia para Puigdemont.Lo que hizo ayer el TJUE, en su sede de Luxemburgo, fue dar respuesta a sendas cuestiones prejudiciales que le fueron remitidas por dos instancias judiciales españolas, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Señaló que dicha ley no se opone al derecho de la UE, puesto que no colisiona con sus intereses financieros ni es contraria a su directiva en materia de terrorismo, lo que debería beneficiar a los miembros de los CDR encausados por este motivo.También reconoció el TJUE el objetivo político de la ley de Amnistía, validando el que proclama desde hace años el Gobierno presidido por Pedro Sánchez: “Reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación”, tras un procés que fracturó la sociedad catalana. El pasado mes de noviembre, el abogado general del TJUE se había expresado ya en la misma línea.El TJUE coincide con el Gobierno sobre la apuesta por la reconciliación que anima la normaEl pronunciamiento de ayer del TJUE causó el previsible alborozo entre quienes todavía están pagando, de un modo u otro, su condición de dirigentes del procés y las decisiones que tomaron, de corto recorrido pero penosas consecuencias. También cayó bien en el Gobierno, que en su día asumió no pocos riesgos al impulsar la iniciativa legal. Por el contrario, el PP, aun diciendo respetar la decisión del TJUE, insistió en subrayar que no se pueden negociar privilegios penitenciarios a cambio de una mayoría parlamentaria. Para los populares, el argumento de la pacificación de Catalunya, que es un hecho palpable, resulta irrelevante y secundario. A su entender, la aprobación de la ley tenía un indigno objetivo principal, que era el logro, por parte del PSOE, de los siete votos de Junts que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.¿Qué futuro inmediato aguarda a Puigdemont, Junqueras y las demás figuras políticas que todavía no han podido normalizar su situación? Se hace difícil responder a esta pregunta con un calendario exacto. Pero no cabe descartar que los mecanismos judiciales que podrían facilitarlo vayan a seguir moviéndose a paso lento, con mucha parsimonia.La gestión del tiempo es, en el caso que nos ocupa, determinante. Las posiciones políticas respecto a la ley de la Amnistía, tanto en Catalunya como en España o en la UE, están claras. Las fuerzas representadas en el Parlament de Catalunya son mayoritariamente favorables a su aplicación. También lo son las del Congreso, como se demostró en la primavera del 2024. Y ahora es el TJUE el que ha ratificado su opinión favorable. Pero, al parecer, todo eso no basta para hacer efectiva y extensiva la mencionada ley.Las instancias judiciales tienen la última palabra sobre el calendario de aplicación de la leyEl factor tiempo, manejado por instancias judiciales, está siendo decisivo. Han pasado ya dos años largos desde que la ley entró en vigor. Han pasado casi dos desde que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional presentaron sus cuestiones prejudiciales al TJUE, ahora contestadas. Y no se espera que la orden de detención de Puigdemont se revoque hasta que el Constitucional resuelva, quizás en octubre, el recurso de amparo contra la decisión del juez del Supremo Pablo Llarena de no aplicarle la amnistía. Aun entonces, estará por ver si lo que aprobó el Congreso puede aplicarse de inmediato o no.En el 2027 se cumplirán diez años de la declaración unilateral de independencia. El clima político en Catalunya es otro y aconseja una solución sensata que ayude a estabilizarlo. Aquí, el consenso al respecto no es menor. En la escena política estatal, en cambio, las cosas no han mejorado. El choque entre los dos partidos mayoritarios es ruidoso, y la opinión pública sobre la politización de la justicia es progresivamente preocupante: el 60% de los españoles cree que hay jueces que actúan con sesgo político. Todo lo que contribuya a reparar este estado de cosas, empezando por la aplicación sin dilación ni restricciones de la ley de la Amnistía, será bueno para el país.