El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía ha reactivado la presión política para que los tribunales españoles resuelvan los casos todavía pendientes. Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha interpretado la decisión de Luxemburgo como un respaldo al núcleo de una norma concebida para trasladar el conflicto catalán del ámbito judicial al político. El dirigente republicano ha reclamado al Tribunal Supremo que actúe de forma inmediata y sin nuevos aplazamientos. "No hay excusas, la ley tiene que aplicarse", ha afirmado Junqueras, quien considera que la resolución europea confirma que la amnistía es compatible con el derecho comunitario y que no vulnera ni la normativa antiterrorista ni los intereses financieros de la UE. Junqueras ha definido la amnistía como una "victoria política del independentismo", aunque ha advertido de que todavía está incompleta. A su juicio, el avance no será pleno hasta que todas las personas afectadas recuperen sus derechos. El presidente de ERC ha recordado que unas 40 personas continúan pendientes de la aplicación de la norma y ha exigido que sus situaciones se resuelvan inmediatamente. La inhabilitación de Junqueras El propio líder republicano figura entre los dirigentes del proceso independentista a los que el Tribunal Supremo rechazó amnistiar por el delito de malversación. Su pena de inhabilitación continúa vigente hasta 2031, mientras el Tribunal Constitucional estudia el recurso de amparo presentado contra esa decisión. El fallo del TJUE no elimina automáticamente esa condena, pero Junqueras entiende que refuerza su posición jurídica. El presidente de ERC también ha acusado a una parte de la judicatura de haber bloqueado la ejecución de la ley pese a los plazos previstos en su artículo 10. Además, ha reiterado su intención de ser candidato a la presidencia de la Generalitat cuando recupere sus derechos políticos, siempre que resulte conveniente para ERC y Cataluña. Según ha defendido, la respuesta al conflicto debe seguir siendo política y no basarse en la persecución judicial de quienes promueven democráticamente la independencia. El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía ha reactivado la presión política para que los tribunales españoles resuelvan los casos todavía pendientes. Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha interpretado la decisión de Luxemburgo como un respaldo al núcleo de una norma concebida para trasladar el conflicto catalán del ámbito judicial al político.