En Espa�a hay 5.416 jueces y magistrados en activo (el 58% mujeres), que resuelven cerca de 6,5 millones de procedimientos al a�o, seg�n el �ltimo informe del Consejo General del Poder Judicial.Unos funcionarios p�blicos altamente capacitados sobre los que descansa uno de los pilares de nuestra democracia, que trabajan con medios insuficientes y que est�n siendo atacados sin piedad por unos pol�ticos impresentables que solo buscan complacer a sus l�deres y permanecer en el poder. Cada descalificaci�n a un juez, venga de quien venga, supone una carga de profundidad a la separaci�n de poderes y al propio sistema institucional que nos dimos todos los espa�oles.Es hora de denunciar este ataque sistem�tico de quienes se escudan en absurdas conspiraciones "para desgastar el Gobierno por cualquier medio". Si alguien piensa de verdad que existe lawfare, lo que debe hacer es denunciarlo ante los juzgados o recurrir las sentencias o disposiciones dictadas, porque nuestro pa�s goza de un sistema garantista que defiende al ciudadano. Todo, menos juzgar a la Justicia desde la misma sede del Consejo de Ministros como viene ocurriendo desde que se iniciaron los procedimientos sobre corrupci�n relacionados con el partido y la familia del presidente del Gobierno.Cuando la portavoz del Ejecutivo denuncia una operaci�n para derribarlo "ante la incapacidad de lograrlo con votos", o los ministros �scar Puente y �scar L�pez hablan de "alba�iler�a judicial" o de "mala pol�tica y nada de justicia", est�n atacando a todo un colectivo que merece mucho m�s respeto que los que ejercen de escuderos o palmeros de su jefe. Curiosamente, los improperios aumentan cuando las disposiciones judiciales afectan a los familiares de Pedro S�nchez.El martes, la Audiencia Provincial de Badajoz conden� al hermano del presidente, David S�nchez, a nueve a�os de inhabilitaci�n por un delito de prevaricaci�n administrativa por las supuestas irregularidades en su contrataci�n, en 2017, por la Diputaci�n de Badajoz, y a 18 a�os al que fuera el presidente de esta diputaci�n y anterior l�der del PSOE extreme�o, Miguel �ngel Gallardo. Los tres magistrados han descartado el tr�fico de influencias, por el que se solicitaban penas de seis a�os de prisi�n, porque no se ha podido acreditar. Si los voceros oficiales pintaran con pincel en vez de hacerlo con brocha gorda, ayer mismo hubieran destacado que la sentencia despeja cualquier sombra de conexi�n con Pedro S�nchez, pero no se pueden pedir peras al olmo.El problema es que no estamos hablando de casos aislados. L�deres pol�ticos de pr�cticamente todos los partidos llevan a�os atacando a la Justicia cuando son imputados, procesados o condenados por todo tipo de delitos. Lo hicieron los independentistas catalanes tras ser condenados, lo hizo el PP cuando empezaron a destaparse sus m�ltiples casos de corrupci�n y lo han hecho otras fuerzas pol�ticas frente a otros procedimientos judiciales... es una mala costumbre espa�ola.Pero en este caso, la situaci�n es mucho m�s grave, porque desde el PSOE no solo se ha atacado p�blicamente a jueces y magistrados, sino que se cre�, presuntamente, una organizaci�n criminal para desacreditarlos, junto a polic�as y guardias civiles que investigaban a miembros del partido y de la familia de S�nchez. Una banda liderada por el mism�simo secretario de organizaci�n socialista, Santos Cerd�n, actualmente investigado junto a Leire D�ez y otros camaradas por hacer ese trabajo sucio propio de las cloacas. Y no es su �nica imputaci�n; tambi�n se le investiga por una presunta trama corrupta para cobrar comisiones por adjudicaciones oficiales.No cabe duda de que el Gobierno est� cercado por la corrupci�n. Sin embargo, en vez de ponerse al frente de la manifestaci�n para denunciar a quienes se han saltado las leyes, han optado por se�alar tan solo a los "casos aislados" que han sido pillados "in fraganti" (Jos� Luis �balos, Santos Cerd�n, Koldo Garc�a...) y negar la evidencia sobre los m�s cercanos al presidente, como el condenado fiscal general del Estado, el expresidente Jos� Luis Rodr�guez Zapatero, la directora general de la Guardia Civil, la administradora del PSOE y, por supuesto, su hermano y su esposa, Bego�a G�mez."El tiempo pondr� a cada uno en su lugar", dijo Pedro S�nchez en su d�a, poco despu�s de calificar de "menuda inventada" alguno de los casos de corrupci�n. Pero cuando la Justicia est� poniendo a cada uno en su lugar, la respuesta es atacarla."La democracia se debilita atacando a los jueces cada vez que una resoluci�n resulta inc�moda y, por el contrario, se fortalece cuando quienes ejercen el poder aceptan que tambi�n ellos, su partido y su entorno familiar est�n sometidos al Estado de derecho", dec�a ayer el editorial de El Mundo. Por su parte, El Pa�s coincid�a en que la respuesta debe ir por la v�a de las "apelaciones en un sistema judicial con garant�a propia de un Estado de derecho" y no "denunciando una cacer�a judicial". �No se dan cuenta nuestros pol�ticos que atacar a la Justicia es atacar la propia democracia?En los pr�ximos d�as habr� que seguir atentos a las noticias que salgan de los tribunales. En Bruselas y en Madrid. La Corte Europea decidir� hoy jueves sobre el alcance de la amnist�a para el pr�fugo Carles Puigdemont, mientras que la Audiencia Provincial de Madrid dictaminar� en breve si hay que abrir juicio oral con jurado popular contra Bego�a G�mez. Hay que pedir el mismo respeto en uno y otro caso, aunque hay poca esperanza de que los perjudicados no vayan a lanzar a sus perros de presa a morder a los magistrados.