La justicia española resolvió en 2024 siete millones de asuntos que resultaron en dos millones de sentencias. Sacando una media entre los más de 5.400 jueces, tocan a 1.400 asuntos y 325 sentencias cada uno al año. Con datos como estos intentó este viernes la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, poner en perspectiva la situación de sobreesfuerzo en que viven los juzgados españoles. Lo hizo en su discurso de apertura del año judicial, en presencia del Rey, de las altas instituciones del Estado y de personalidades públicas.
El Partido Popular y el sector conservador del CGPJ habían intentado convertir un acto solemne en un teatro político en contra del Gobierno. El PP, con un gesto de descortesía institucional al despreciar su presidente, Alberto Núñez Feijóo, la invitación a acudir; los vocales conservadores del CGPJ, con la petición de que se impidiera hablar al fiscal general del Estado por estar encausado en el Supremo.
La apertura del año judicial es un evento reglado por ley en el que solo habla quien tiene que hablar. Eso no significa que el acto fuera ajeno al tenso contexto político en el que se desarrolló. Pero tanto Perelló como el fiscal general, Álvaro García Ortiz, pusieron por delante la institucionalidad sin dejar de reconocer ese contexto. Dice mucho del tiempo actual que esto sea sorprendente. El procesado García Ortiz hizo bien al señalar el elefante en la habitación. Admitió ante la cúpula judicial las “singulares circunstancias” de su intervención y expresó “respeto a todas las opiniones” sobre su caso. Después, presentó el informe anual de la Fiscalía, que es lo que tiene que hacer el fiscal general en ese acto.
