Este verano se cumplen cinco años desde que el Estado levantó definitivamente las barreras de los peajes de dos infraestructuras esenciales para el tráfico en España: la AP-7, entre Valencia y La Jonquera, y la AP-2, entre Zaragoza y el Mediterráneo. Estos corredores, que entonces cumplían 50 años bajo concesión privada, acabaron siendo gratuitos para sus usuarios en un gesto que fue muy bien recibido entre las comunidades afectadas, especialmente Cataluña, que denunciaba desde hacía años un trato desigual ante otras autonomías en las que casi todas las vías de alta capacidad carecían de peaje. Este había sido uno de aquellos agravios que contribuyeron a alimentar el independentismo. También una de aquellas falsas buenas ideas: soluciones aparentemente sencillas, pero con efectos imprevistos. Pero lo que al inicio parecía una buena noticia para los usuarios ha acabado por deteriorar la movilidad de estas dos autopistas, debido al aumento del tráfico, la congestión y los déficits de mantenimiento al tratarse de algunas de las vías más transitadas de España, que conectan el litoral mediterráneo con Francia. Las grietas y el deterioro del asfalto resultan cada vez más visibles y los accidentes, una constante. Cinco años después de la retirada de aquellos peajes, se ha demostrado que, pese a las promesas en sentido contrario, no existe un plan viable para mantener el buen estado que requieren unas vías rápidas tan estratégicas y transitadas. No resultó buena idea, y el primero en admitirlo ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. “Quizá nos equivocamos”, dijo ante el Parlament. El problema es que arreglarlo ahora resulta complicado, ya que no se puede pensar en soluciones puntuales solo para una autopista. La cuestión trasciende el caso catalán y obliga a plantear un debate nacional sobre cómo financiar el mantenimiento de estos corredores rápidos, en línea con la directiva europea de 2022 sobre el pago por uso de estas infraestructuras. A grandes rasgos la norma establece que quien más contamina es quien más debe pagar por usar las autopistas, en un intento de no cargar la factura a todos los ciudadanos por igual e incentivar un uso racional de estas vías. El modelo de viñeta por el que abogan algunos —una suerte de tarifa plana anual— difícilmente encaja en el planteamiento de la UE. Cualquier solución para el pago por uso debe aplicarse de forma global para eludir agravios entre territorios o sectores económicos. La experiencia de las grandes autopistas mediterráneas demuestra que las decisiones sobre las infraestructuras estratégicas no deben adoptarse bajo presión del momento o por rédito político, sino que requieren de una reflexión técnica de fondo y una mayor previsión. Antes de retirar los peajes, habría que haberlo pensado mejor.