La saturación y deterioro de la AP-7 –uno de los corredores viarios más estratégicos de Europa y clave para España por ser su principal conexión con el resto del continente– ha reabierto el debate general sobre la necesidad de retornar a los peajes como fórmula más eficaz para garantizar el mantenimiento de las autopistas, así como del conjunto de la red viaria española, que se encuentra en un lamentable estado de conservación. Las administraciones públicas, hasta la fecha, han demostrado una clara ineficiencia en el cuidado de las carreteras. Las autopistas, que han empezado a revertirse al Estado de forma progresiva, requieren un mantenimiento especialmente atento, ya que son las vías en que se circula a mayor velocidad. Este 2026 es el último año de concesión para casi otros mil kilómetros de autovías que pasaran a ser públicas.En pleno debate sobre la red viaria se ha hecho público el informe Building tomorrow’s roads. Public-private partnerships and Europe’s infraestructure challenges, en el que sus autores responden a la pregunta de cómo podrá Europa financiar las mejoras de la red viaria sin recurrir a nuevos impuestos ni incrementar la deuda pública. No es sólo la red viaria española la que necesita renovación sino también la europea. El transporte por carretera se ha multiplicado en los últimos años, tanto por el aumento del tráfico de mercancías como de los desplazamientos de particulares; el impacto de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos ha acelerado el deterioro de las infraestructuras y, asimismo, el giro hacia una movilidad más limpia y conectada ha creado nuevas necesidades de inversión.Hay que decidir entre más impuestos o peajes para pagar el mantenimiento de la red viariaEl informe defiende el retorno al modelo concesional, en el que una empresa privada se encarga de construir o mantener la infraestructura a cambio de una contraprestación, ya sea abonada por los usuarios mediante peajes o por la administración pública. Pero eso que parece tan claro sobre el papel choca con grandes dificultades políticas para poder llevarlo adelante. Sin embargo, cada vez hay más automovilistas que preferirían pagar un peaje a cambio de poder conducir más libremente, sin atascos, con mayor velocidad y mayor seguridad. Esta opinión, por ejemplo, empieza a crecer entre muchos usuarios de la AP-7 que, en cierta manera, desearían el retorno a la época del peaje. La Cambra de Comerç de Barcelona se ha pronunciado ya en este mismo sentido.Los problemas de la AP-7, que se encuentra al borde de la saturación, sin embargo, no se arreglan únicamente con el retorno a los peajes. Desde hace más de veinte años se sabe que se debe ampliar su capacidad, sobre todo en los principales cuellos de botella y en los accesos, sin que se hayan tomado medidas al respecto. El problema, aquí, es nuevamente cómo financiar esas obras, que podrían llegar a los 7.000 millones de euros de coste, y –cómo no– superar el rechazo de muchos municipios de su recorrido y asimismo de los grupos ecologistas a la mejora de esta infraestructura vital para el país. Pero eso es algo que debe hacerse. Empresas concesionarias ya se han ofrecido a asumir esta tarea.El Gobierno español, sin embargo, descarta de entrada el retorno al peaje en las autopistas. Pero el debate está abierto, porque es una evidencia que la colaboración público-privada tiene ventajas claras, ya que las autopistas en régimen de concesión tienen mejores estándares de mantenimiento, menor siniestralidad y mayor capacidad de incorporar innovaciones tecnológicas que las gestionadas por el Estado .La ampliación y mejora de la AP-7 es urgente para evitar el riesgo de colapso a medio plazoEn Catalunya la visión es diferente. El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, se ha mostrado partidario de introducir, a dos o tres años vista, el modelo de viñeta, por el que los conductores pagan una tarifa fija que les da derecho a usar la red de carreteras. Pero este modelo podría perfeccionarse, según los expertos europeos, con el peaje explícito por distancia (“quien usa paga” y “quien contamina paga”), ya que el sistema que emplea puede incorporar la lectura de matrícula mientras se circula y, por tanto, sería más equitativo. Pero sería difícil que fuera socialmente aceptado si solo se aplicara en Catalunya.En cualquier caso, el debate está sobre la mesa de los políticos y de las instituciones económicas y sociales. Lo que es evidente, en lo que respecta a la situación de la AP-7, es que hay que buscar una solución –y rápida– a su saturación.La aceleración del corredor ferroviario del Mediterráneo debería absorber una parte del tráfico pesado de mercancías que circula por esta autopista, pero en ningún caso sería justificación para retrasar sus obras de ampliación. El propio corredor ferroviario del Mediterráneo acumula también graves retrasos. El reto de la movilidad en Catalunya requiere, en suma, un decidido impulso político.