Gobernar consiste también en reconocer que una decisión popular tuvo consecuencias indeseadas. Eso hizo Salvador Illa al admitir la semana pasada que fue un error eliminar los peajes de la AP-7, la más larga de España, con más de mil km entre la frontera francesa y Andalucía. Sus palabras deberían abrir un debate que la política española lleva demasiado tiempo aplazando. Durante décadas, Cataluña denunció un agravio territorial: mientras gran parte del país disfrutaba de autovías gratuitas, los usuarios catalanes pagaban por utilizar las principales autopistas. Aquella desigualdad debía corregirse. El error fue confundir el fin de ese agravio con la gratuidad universal.Porque las carreteras nunca son gratis. Construirlas, conservarlas, ampliar carriles o garantizar la seguridad vial cuesta miles de millones de euros. La desaparición de los peajes no eliminó ese coste; simplemente sustituyó el principio de "quien usa paga" por el de "todos pagan". ¿Es razonable que quien apenas utiliza las autopistas financie, mediante sus impuestos, a quien recorre decenas de miles de kilómetros al año, incluyendo a los millones de turistas que nos visitan? Lo justo es que quien más usa una infraestructura contribuya en mayor medida a sostenerla.El colapso y alta siniestrabilidad de la AP-7 demuestra el fracaso del actual modelo. Desde la supresión de los peajes, el tráfico ha aumentado de forma muy notable, especialmente el de vehículos pesados, convirtiendo una infraestructura esencial en una vía congestionada. Pero su problemática no puede abordarse de forma aislada. Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez llegó años atrás a comprometerse con Bruselas a implantar un sistema de pago por uso, consciente de que la gratuidad de las vías rápidas no era aconsejable. Después dio marcha atrás por miedo al coste electoral.La solución no pasa, claro está, por volver al viejo sistema concesional. Significa diseñar un modelo homogéneo para toda España, con tarifas moderadas, bonificaciones para los desplazamientos cotidianos y atención a los territorios con menos alternativas de movilidad. La mayoría de los países europeos ya lo hacen.Gobernar bien exige tanto reconocer errores como anticiparse a ellos. Illa ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: la gratuidad de las autopistas es insostenible. Ojalá muestre la misma lucidez para reconocer otro error que aún estamos a tiempo de evitar: el cierre de las centrales nucleares. Desde estas mismas páginas hemos venido advirtiendo de sus consecuencias sobre la economía, la seguridad del suministro y el precio de la electricidad. No hará falta esperar muchos años para comprobarlo. La experiencia de Alemania en esta materia debería bastar como advertencia.