El IRPF español es uno de los más progresivos de Europa. Ya hemos publicado mucho sobre ello. Esta progresividad confiere al sistema una ventaja: quienes más tienen, hacen una contribución superior, lo que permite aumentar la redistribución del impuesto. Sin embargo, tiene un aspecto negativo: en las fases de inflación, las subidas salariales que consiguen los trabajadores para neutralizar la subida de precios se convierten en subidas de impuestos encubiertas. Un estudio publicado por el Banco Central Europeo y el Banco de España ya mostraba hace unos meses que España es uno de los países que más ha aprovechado la inflación para elevar la recaudación. Otros países han compensado su progresividad en frío con recortes de impuestos que han compensado, o incluso cubierto íntegramente, el impacto de la inflación. En España, las Administraciones Públicas están aprovechando la inflación para disparar su recaudación. Y no solo lo está haciendo el Estado. La recaudación por IRPF de las comunidades autónomas también está marcando máximos históricos. Y no solo en términos absolutos, sino también en porcentaje del PIB. Esto es, la presión fiscal que aplican las comunidades está igualmente en récord. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, los ingresos por IRPF este año están creciendo a ritmos superiores al 8%. Con esta progresión, las CCAA del Régimen Común superarán los 80.000 millones de euros de ingresos tributarios del IRPF este año. Una cifra nunca antes vista que refleja cómo también las regiones están aprovechando la crisis inflacionista para elevar su recaudación. Pero la recaudación del IRPF también va camino de máximos históricos en comparación con el PIB. Con la progresión de los últimos meses, los ingresos por IRPF de las CCAA al finalizar el año superarán el 4,50% del PIB. Sería la primera vez que lo haga en la historia, lo que indica que una parte del aumento de la presión fiscal es consecuencia de la decisión de las comunidades autónomas. Esta cifra suma las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas sobre la base de la previsión de ingresos tributarios para el año en curso y la liquidación del sistema de financiación autonómica que se hace con dos años de decalaje (este año se liquida el ejercicio 2023). Las entregas a cuenta que realiza el Estado a las CCAA se elaboran sobre la base de los impuestos que tiene aprobados cada territorio. Porque las regiones tienen capacidad normativa sobre la mitad del IRPF con el modelo actual. Máximo tras máximo El Gobierno reunió esta semana a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar el objetivo de déficit para el próximo año. El Gobierno propuso un límite máximo del 0,1% del PIB (casi 2.000 millones de euros), pero las regiones del PP votaron en contra por considerar escasa la oferta. Varias de estas CCAA denunciaron que alcanzar esta cifra es "imposible" porque les obligaría a realizar ajustes. Sin embargo, la realidad es que todas las CCAA disfrutan este año de niveles récord de recaudación y también lo harán el próximo año. Lo harán incluso las regiones que han aprobado algún tipo de rebaja del IRPF. El motivo es que las bajadas nunca llegan a neutralizar todo el efecto de la progresividad en frío. Los recursos récord deberían ayudar a la mayor parte de territorios a cumplir con el objetivo de déficit sin demasiadas dificultades. Según los cálculos de la AIReF, solo el sistema de financiación dotará de 0,2 puntos del PIB adicionales a las regiones. Esta progresión seguirá avanzando hasta el final de la década, apoyada sobre la progresividad en frío. La AIReF calcula que las regiones recibirán un punto adicional de financiación en el año 2030. Una subida relevante, ya que supone elevar los recursos del sistema del 9,5% del PIB, al 10,5% en apenas cinco años. Y eso son solo los ingresos del sistema de financiación, que están impulsados principalmente por el IRPF cedido a los territorios. Si se suman todos los impuestos propios, los ingresos de las CCAA alcanzarán el 15,7% del PIB hacia el final de la década. Nunca antes las comunidades habrán tenido tal capacidad presupuestaria. A pesar de estas cifras de recaudación, la realidad es que las comunidades están teniendo dificultades para cumplir con los compromisos de déficit. Siete de las 15 CCAA del régimen común tuvieron un saldo negativo superior al 0,1% del PIB el año pasado. Con estas cifras, pocas excusas les quedan a las CCAA para justificar que no puedan cumplir con los objetivos de déficit. Salvo las dos regiones peor financiadas, Murcia y la Comunidad Valenciana, el resto de territorios cuentan con recursos suficientes para equilibrar sus presupuestos y, aun así, hacer una política fiscal expansiva. La imposibilidad se deriva del ritmo de gasto que están teniendo las CCAA. En el año 2025 el gasto no financiero de las CCAA aumentó un 5,6%. Es cierto que el aumento del gasto no alcanzó el ritmo de la Administración Central (el 8%), pero volvió a superar el crecimiento del PIB nominal. Las regiones, al igual que el Estado, están mostrando una preferencia política por el gasto en lugar de por la reducción de impuestos. Para ello, se están impulsando tres tributos clave: el IRPF (creación de empleo y progresividad en frío), IVA (aumento del consumo e inflación) e ITP y AJD (por la escalada del precio de la vivienda). Todo ello hace que la recaudación de las CCAA también esté en máximos históricos. Igual que su gasto. Una política fiscal que no dista mucho de la que está aplicando el Gobierno central. El IRPF español es uno de los más progresivos de Europa. Ya hemos publicado mucho sobre ello. Esta progresividad confiere al sistema una ventaja: quienes más tienen, hacen una contribución superior, lo que permite aumentar la redistribución del impuesto. Sin embargo, tiene un aspecto negativo: en las fases de inflación, las subidas salariales que consiguen los trabajadores para neutralizar la subida de precios se convierten en subidas de impuestos encubiertas.