Los distintos gobiernos españoles han empleado la descentralización tributaria como moneda de cambio para conseguir el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas a nivel estatal. En la actualidad, las CCAA retienen y tienen capacidad de gestión sobre el 50% del IRPF, el impuesto más importante que hay en España. También se quedan con el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales, aunque sobre estos no tienen capacidad de decisión. Un estudio del Institut d’Economia de Barcelona publicado esta semana muestra que la descentralización fiscal incentiva la subida de impuestos. El motivo es que los ciudadanos tienen una preferencia por la redistribución de la renta dentro de su comunidad autónoma. Esto ocurre especialmente entre la población que se siente más identificada con su comunidad que con España. Tras conocer la información, la preocupación por la desigualdad y la redistribución aumentó un 7% respecto del grupo de control. Esto provoca que, cuando se descentraliza la capacidad fiscal, la sociedad tiende a preferir que se suban los impuestos para redistribuir esos recursos dentro de su CCAA. Esto no ocurre a nivel nacional, esto es, quienes tienen un sentimiento más español no tienen tal preferencia por la redistribución. En concreto, el estudio analiza cómo cambian de opinión los ciudadanos encuestados cuando se enteran de que la mitad del IRPF lo gestionan las propias comunidades autónomas. Como la mayor parte de la población desconoce el nivel de descentralización del IRPF que existe en España (que el 50% de este impuesto lo fijan las CCAA y que ellas se quedan esta recaudación adicional), es fácil para el investigador hacer el experimento. Basta con preguntarles cuáles son sus preferencias de nivel de impuestos antes de conocer la realidad de la descentralización fiscal y, posteriormente, explicarles cómo funciona el sistema y ver si cambian sus preferencias. Lo que encuentra el estudio es que la población que tiene un fuerte sentimiento territorial (se sienten más de su CCAA que españoles) aumenta su preocupación por la redistribución cuando conoce que su CCAA tiene potestad para hacerlo. Eso significa que están dispuestos a tolerar un IRPF más alto para conseguir así mayor igualdad dentro de su territorio. "La descentralización tributaria modifica las preferencias por la redistribución, pero condicionada a la relación subyacente que los individuos mantienen con los distintos niveles de gobierno", señala el estudio. Ya que esto no ocurre entre los ciudadanos cuya identidad se asocia más al país que a la CCAA. Este hallazgo funciona también en sentido inverso: la población con una baja identidad nacional tiene menor preocupación por la redistribución a nivel estatal. Eso significa que tiene menor tolerancia a que el Estado suba sus impuestos para redistribuirlos hacia las zonas del país con menor renta. Impuestos a los ricos El estudio hace otro hallazgo relevante: la población con una identidad territorial más fuerte también tiene una preferencia por subir los impuestos a los ricos. Por el contrario, quienes tienen una identidad más nacional son reacios a subir la tributación a los más ricos por temor a que se vayan a otras comunidades autónomas y así se pierda esa recaudación en favor de otros territorios. "La reducción del apoyo de mayores impuestos para las rentas altas se debe a individuos con una identidad nacional más fuerte", señala el estudio. Esto explicaría que en algunas regiones con un sentimiento territorial más fuerte, en especial Cataluña, hayan tenido históricamente mayor tolerancia a los impuestos altos. El estudio argumenta que esta parte de la población ve la redistribución como un "bien público" del que se beneficia el territorio. Esto explica también que los partidos nacionalistas e independentistas de izquierdas quieran reducir la solidaridad con otras comunidades autónomas con menos renta, pero que, al mismo tiempo, tengan un discurso de redistribución dentro de su propio territorio. El estudio concluye que "cuando los ciudadanos se conectan suficientemente con su entorno local, demuestran una mayor preferencia por la redistribución en un entorno descentralizado". Esta es una lección importante de cara a la reforma de la financiación autonómica que ha propuesto el Gobierno. Como ya hicieron anteriores gobiernos, el pilar principal de este sistema sería la cesión de mayor porcentaje de impuestos a las comunidades autónomas, esto es, mayor descentralización fiscal. En el caso del IRPF, el porcentaje de cesión subiría del 50 al 55%. A la luz del estudio del IEB, se infiere que un avance en la descentralización generará presiones sociales para que se suban más los impuestos en las zonas con mayor identidad territorial siempre y cuando esa recaudación se quede dentro de la propia CCAA. Los distintos gobiernos españoles han empleado la descentralización tributaria como moneda de cambio para conseguir el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas a nivel estatal. En la actualidad, las CCAA retienen y tienen capacidad de gestión sobre el 50% del IRPF, el impuesto más importante que hay en España. También se quedan con el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales, aunque sobre estos no tienen capacidad de decisión.