El mapa de la financiación territorial en España promete reconfigurarse tras la condonación por parte del Estado de una porción de la deuda autonómica. El Gobierno prevé elevar al Consejo de Ministros la medida, pactada hace años entre el PSOE y ERC, en el arranque de este septiembre, con la idea de aprobarla en las Cortes antes de fin de año. La quita, además de a Cataluña, beneficiará a todas las comunidades que lo soliciten. Sin embargo, aquellas gobernadas por el PP han cargado contra ella por haberse diseñado, denuncian, a placer de la Generalitat. Todo apunta a que la quita embarrará un terreno ya marcado por tensiones históricas y por una creciente falta de transparencia. Porque al mismo tiempo que se negocian condonaciones y modelos singulares de financiación, los ciudadanos desconocen desde hace casi dos años cuánto invierte realmente el Estado en cada comunidad.
Carreteras, museos, instalaciones de defensa, centros de investigación… El detalle de estas inversiones dejó de publicarse en 2022, cuando Hacienda retiró del plan nacional el informe que las desglosaba y que durante más de una década estuvo disponible en su web. Hoy solo el Congreso puede acceder a esa información, que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sigue manejando en cumplimiento del artículo 135 de la Ley General Presupuestaria.
