Debió ocurrir en 2014 pero está empezando a ocurrir 11 años después: estamos hablando de cambios sustanciales en el modelo de financiación de las comunidades autónomas (CC AA) de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra). Como es sabido, el inicio del cambio fue el acuerdo de investidura entre ERC y el PSC de agosto de 2024 que incluye, en solo cinco páginas de un total de 25, un “acuerdo para un nuevo modelo de financiación singular”.
Las razones que sustentan la necesidad de un nuevo modelo son las que han sido denunciadas reiteradamente por todas las CC AA: entre otras su insuficiencia financiera, una responsabilidad fiscal limitada, disparidades de financiación que no responden a ningún criterio coherente de equidad, su oscuridad y complejidad de cálculo.
El acuerdo del pasado 14 de julio traslada lo que es un acuerdo entre partidos a uno entre gobiernos e indica los principios y criterios básicos que han de permitir un cambio en el modelo, no solo para Cataluña sino también para el resto de CC AA de régimen común.
El acuerdo tiene dos partes: la primera, una descripción del armazón básico del nuevo modelo, que no será ni rígido ni único, para adaptarse en lo posible a las aspiraciones de autogobierno y las circunstancias de cada comunidad. La segunda, más específicamente catalana, pero no necesariamente exclusiva de ella, que avanza hacia el objetivo de hacerse cargo progresivamente de la gestión del IRPF.
