La Comisión de Derechos Sociales se reúne hoy de manera extraordinaria para emitir un dictamen sobre dos reformas legales, una de la ley de discapacidad y otra, de la de dependencia, unos textos que afectan al devenir de millones de personas en este país y, además, las más vulnerables. Este texto, que deberá ser aprobado en el pleno del Congreso de la semana que viene, amplía servicios, prestaciones y reduce los tiempos burocráticos.¿Se aprobará? Entidades civiles, sociales, sindicatos y patronal, que apoyan estas reformas, lo avalan. Pero en esta legislatura, siempre al borde de un ataque de nervios, nada se puede garantizar, señalan desde el ministerio que dirige Pablo Bustinduy. Porque, aseguran, ya no pueden justificar una votación negativa diciendo que el sistema de dependencia no tiene dinero. Desde el 1 de julio y durante 2027, el Gobierno traspasará a las comunidades autónomas unos 6.200 millones de euros extras para mejorar los servicios, acabar con las listas de espera y mejorar la situación de los profesionales de cuidados.¿Qué contempla la reforma de la ley de dependencia? Un cambio de modelo, de atención más personalizada de las personas dependientes, especialmente en el hogar, el lugar donde la mayoría quiere permanecer. Y es en el hogar donde la actual norma tiene bastantes deficiencias.Esta reforma reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, garantizando su acceso con independencia del territorio en el que residan. Además, se eleva a rango de ley el carácter complementario de la teleasistencia, estableciendo que no puede ser considerada como única prestación, sino que debe combinarse con otros apoyos.El Congreso debatirá el martes las nuevas leyes de dependencia y discapacidad, con más serviciosAdemás, incluye una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico y de las necesidades de cuidado personal que tenga la persona usuaria. Para ello se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario, como ir al médico o a hacer la compra. Siguiendo esta línea, la reforma también incluye la asistencia personal como un servicio más del sistema de dependencia.Así mismo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a los que prestan las personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias. En una sociedad con familias pequeñas y en la que la mayoría de los hijos trabajan, viven lejos y no pueden atender a los mayores dependientes, la reforma de la ley amplía la prestación económica a cuidadores familiares a otras personas próximas, como puede ser una amiga o un vecino.Respecto a esta prestación, otra novedad incorporada en el proceso de escucha a la sociedad ha sido el reconocimiento de la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando así situaciones de deber reintegrar prestaciones económicas. Esta medida aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica a las familias o personas cuidadoras que han sostenido los apoyos hasta el final de la vida. Supone un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes cuidan.Reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia.En cuanto a la reforma de la ley de discapacidad, el punto más importante, por toda la angustia que genera a las personas con alguna discapacidad, es el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia. También se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Las personas que lo deseen podrán solicitar una valoración individualizada de la discapacidad para obtener un grado de discapacidad superior al previsto automáticamente en estas pasarelas.Además, se regula el derecho a la autonomía personal, vida independiente e inclusión en la comunidad a través de la habilitación y la rehabilitación de la vivienda. La nueva ley estipula la accesibilidad universal como reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos. Para ello, se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear QR para audiodescripciones, entre otros.Redactora jefa de La Vanguardia en la delegación de Madrid, especializada en temas sociales. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.