La discapacidad ha dejado de abordarse únicamente desde una perspectiva asistencial para convertirse en una cuestión de derechos humanos, igualdad y justicia social. En ese cambio de paradigma, Jesús Martín se ha consolidado como una de las voces más influyentes en las políticas públicas españolas. Desde junio de 2022, capitanea la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, desde donde ha impulsado algunas de las transformaciones más relevantes de los últimos años en materia de inclusión y no discriminación.PublicidadA sus espaldas, lleva más de dos décadas de trayectoria en la Confederación Estatal de Personas Sordas. Ha participado en la reforma del artículo 49 de la Constitución, que sustituyó el término "disminuidos" por "personas con discapacidad". En múltiples debates sociales, ha defendido la eliminación de espectáculos "vejatorios" de personas con acondroplasia —trastorno genético del crecimiento óseo que ocasiona enanismo— y otras discapacidades. Este jueves 9 de julio, la Comisión de Derechos Sociales del Congreso tiene previsto aprobar el dictamen de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. En esta entrevista con Público, Martín analiza los avances conseguidos, los retos pendientes y el momento que atraviesan las políticas de discapacidad en España, en un contexto en el que la accesibilidad, la participación y la lucha contra la discriminación siguen siendo asignaturas pendientes. La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia se ha presentado como uno de los avances sociales más relevantes de los últimos años. ¿Puede suponer un antes y un después?La reforma de la ley de discapacidad y dependencia supone un antes y un después porque desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución, aprobado con un amplio consenso parlamentario, situando la inclusión, la autonomía personal y la accesibilidad universal como derechos. La accesibilidad deja de ser un principio para convertirse en un derecho exigible: una persona podrá reclamar si un espacio, servicio o administración no es accesible. Además, habrá financiación para hacerlo realidad, con un fondo estatal de accesibilidad y apoyo a reformas en viviendas, edificios, sanidad, cultura y servicios públicos.​​La reforma también pone a las personas en el centro: refuerza la protección de mujeres, infancia y familias con discapacidad, reconoce la atención temprana como derecho, incorpora por primera vez la salud mental desde un enfoque comunitario y mejora la coordinación entre discapacidad y dependencia. En dependencia, elimina incompatibilidades, agiliza trámites, garantiza la participación de la persona en sus apoyos, prioriza situaciones de especial vulnerabilidad, reconoce nuevos modelos de vida independiente y refuerza servicios como la asistencia personal, la ayuda a domicilio o la teleasistencia.​​Es una reforma orientada a garantizar la ciudadanía plena. Para ello, se acompaña de una financiación histórica destinada a reducir listas de espera, mejorar prestaciones y dignificar las condiciones de las personas cuidadoras. El objetivo es que nadie quede fuera por falta de apoyos y que todas las personas puedan decidir sobre su propia vida.Era necesario convertir los cuidados en una política de Estado, con una legislación potente y políticas públicas de desinstitucionalizaciónEl Gobierno ha puesto sobre la mesa 6.200 millones de euros adicionales para reforzar el sistema de dependencia hasta 2027, además de 970 millones destinados a las comunidades autónomas. ¿Por qué era necesario este impulso económico?Era importante porque veníamos de la nada. Veníamos de los ajustes que se hicieron en 2012. Lo que no se puede hacer es crear un derecho subjetivo, como el derecho a los cuidados que reconoce la ley de dependencia, sin un respaldo económico. Este Gobierno, y también el anterior, ha sido el único que ha destinado un componente específico de los fondos europeos a los cuidados. Se ha hecho una inyección sin precedentes de dinero porque la dependencia estaba agonizando.​​Había un colapso en las listas de espera: no entraban más personas porque el sistema no podía absorberlas. Además, las prestaciones se quedaban cortas y las condiciones laborales hacían que cada vez menos personas quisieran dedicarse a los cuidados. Por eso era necesaria esta inversión. Era necesario convertir los cuidados en una política de Estado, con una legislación potente, políticas públicas como la Estrategia de Desinstitucionalización y la Estrategia de Discapacidad, y una financiación suficiente. Hemos hecho un abordaje integral: normativa, políticas públicas e inversión, siempre pensando en la gente, en las familias y en las trabajadoras.Publicidad¿Qué consecuencias tiene, en la práctica, para las personas que dependen de estos cuidados y para quienes los sostienen?Pues, por ejemplo, si eliminamos el régimen de incompatibilidades, una persona podrá acceder a todos los servicios que necesite: ayuda a domicilio, teleasistencia, residencia... También habrá cambios en accesibilidad. Si un hospital necesita instalar un ascensor, ya no tendrá excusa de que no hay recursos. Y una persona mayor que necesite que su edificio sea accesible contará con más herramientas y financiación para seguir viviendo en su barrio.​​​En el ámbito de las familias también hay avances importantes. Se establece un mandato para que los poderes públicos desarrollen ayudas, medidas de conciliación y apoyos para las familias con personas con discapacidad. Además, se reconoce plenamente el derecho de las personas con discapacidad a fundar una familia. Todavía hoy se producen situaciones en las que, durante un divorcio, el hecho de que uno de los progenitores tenga una discapacidad puede influir injustamente en decisiones como la custodia. Se trata de proteger a quienes han estado más desprotegidos, de dar voz en la ley a personas que hasta ahora no la tenían. La ley de dependencia fue revolucionaria en 2006, pero 20 años después necesitaba actualizarse. En los cinco primeros meses de 2026, más de 13.500 personas fallecieron mientras esperaban una prestación o un servicio de dependencia. ¿Cómo valora estas cifras y qué medidas concretas se van a poner en marcha para reducir las listas de espera?Las listas de espera se han reducido sustancialmente con respecto a cómo nos las encontramos. Gracias a los fondos Next Generation, el anterior Ministerio de Derechos Sociales puso en marcha un plan de choque para el sistema de dependencia y eso permitió reducirlas de forma significativa. Aun así, siguen siendo cifras que no nos gustan en absoluto. Por eso, esta nueva inyección de dinero debe destinarse, en primer lugar, a seguir reduciendo esas listas de espera y a que entren más personas en el sistema. Además, creamos un nuevo mecanismo de urgencias para que las personas en situación de mayor vulnerabilidad tengan una vía de acceso preferente.PublicidadDe eso trata: poner a las personas en el centro. Llevar la democracia hasta los márgenes, donde durante demasiado tiempo no había llegadoEn materia de discapacidad, ¿cuáles son hoy los principales retos que España tiene por delante?Los retos son innumerables, pero para mí, las personas con grandes necesidades de apoyo. Las personas con ELA tienen una ley propia, pero hay muchas otras —personas con autismo severo, parálisis cerebral, tetraplejias o enfermedades degenerativas— a las que no hemos sabido dar una respuesta suficiente desde las políticas públicas. Precisamente para esas personas, para sus familias y para sus cuidadoras, está esta ley. Esta ley sirve para saldar una deuda con sus vidas. Ese es el gran reto de una sociedad avanzada: que una persona con grandes necesidades de apoyo pueda ir al cine, salir a tomar una caña con sus amigos gracias a un asistente personal o participar plenamente de la vida en comunidad. De eso va esta reforma: de que también ellas puedan ocupar el espacio público. Si un chico o una chica con grandes necesidades de apoyo, que se comunica mediante un comunicador, quiere estudiar en la universidad, no debería tener que ir siempre acompañado de su madre. Tiene que poder desarrollar un proyecto de vida propio, con autonomía y capacidad de decisión.​​Como persona con discapacidad, creo que seguimos teniendo esa deuda. Desde que tomé posesión tuve claros tres ejes prioritarios: las mujeres, las personas con discapacidad que viven en entornos rurales —porque soy de un pueblo y sé lo que eso significa— y las personas con grandes necesidades de apoyo. De eso trata: poner a las personas en el centro. Es una expresión muy utilizada, pero para mí significa algo muy concreto: llevar la democracia hasta los márgenes, donde durante demasiado tiempo no había llegado.Las personas con discapacidad vivimos en un paisaje de discriminación desde que nos levantamosUno de cada cuatro jóvenes con discapacidad abandona los estudios antes de terminar la enseñanza obligatoria. ¿Estamos fallando como sistema educativo o, directamente, como sociedad?Las personas con discapacidad vivimos en un paisaje de discriminación desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es una discriminación tan cotidiana que muchas veces acabamos normalizándola. Por eso estamos haciendo una labor muy importante de formación en derechos. Queremos que las personas con discapacidad sepan identificar cuándo son discriminadas y cómo defenderse. A veces hablamos de cuestiones muy básicas: explicar qué es la discriminación o, en el caso de las mujeres con discapacidad, dejar claro que, si un cuidador las toca sin su consentimiento, es una agresión. Si un profesor no hace una adaptación curricular, hay que reclamar. ​​En educación ocurre algo parecido. Hemos incrementado significativamente la inversión en becas para que las personas con discapacidad cuenten con un apoyo adicional. Además, desde Derechos Sociales tenemos un programa específico de ayudas directas que este año cuenta con siete millones de euros y ofrece hasta 10.000 euros por persona. El objetivo es que nadie tenga que renunciar a su proyecto académico por falta de apoyos. Si una persona quiere ir a la universidad y necesita asistencia personal, un guía-intérprete porque es sordociega, tecnología de apoyo o cualquier otro recurso justificado, lo financiamos. También complementamos las becas Erasmus porque para muchas personas con discapacidad la ayuda ordinaria no cubre los apoyos que necesitan. Además, ofrecemos ayudas para preparar oposiciones. En los cuerpos superiores de la administración sigue existiendo un importante sesgo social, y queremos ver a personas con discapacidad como abogadas del Estado, interventoras o inspectoras. ​​Queremos personas con discapacidad bien formadas, con oportunidades reales y en igualdad de condiciones. Porque cuando una persona se siente apoyada y comprendida, es mucho menos probable que abandone sus estudios. Nuestro objetivo es justo lo contrario: que puedan terminar sus estudios, acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones y desarrollar el proyecto de vida que elijan, como cualquier otra persona.Queremos que los recursos de atención a las víctimas de violencia de género sean accesibles y formen parte de los servicios ordinariosLas mujeres con una discapacidad superior al 65% sufren el doble de violencia física machista, pero esta realidad sigue siendo prácticamente invisible. Llevamos dos años realizando un estudio en profundidad para conocer mejor la violencia que sufren las mujeres con discapacidad. Hasta ahora contábamos con la macroencuesta de violencia de género, basada en entrevistas telefónicas, pero ese método deja fuera a muchas mujeres. Si una mujer vive en una institución, es sorda o el teléfono lo controla su cuidador, que además puede ser su agresor, esa realidad no aparece reflejada. Por eso sabíamos que los datos estaban distorsionados y no se ajustaban a la realidad.​​Además, la ley de violencia de género se centra en la violencia ejercida por la pareja o expareja, pero esa no siempre es la situación de muchas mujeres con discapacidad, que pueden sufrir violencia en otros ámbitos y por parte de otras personas de su entorno. Por eso estamos haciendo un estudio mucho más profundo. Hemos incorporado nuevas preguntas a la macroencuesta, pero, sobre todo, hemos realizado entrevistas en profundidad y estudios cualitativos para obtener una fotografía mucho más precisa de lo que viven estas mujeres.​​Todo apunta a que sufren una violencia mayor. En muchos casos han tenido menos acceso a la educación, a la información y a los recursos, y eso hace que algunas lleguen a normalizar situaciones que nunca deberían ser normales: agresiones, abusos sexuales, tocamientos o incluso el control de su dinero y de sus prestaciones. Por eso hay que invertir mucho más en formar a las mujeres con discapacidad para que conozcan y defiendan sus derechos, pero también en protegerlas. Hemos incorporado medidas específicas en el Pacto de Estado contra la violencia de género para prevenir estas situaciones y actuar cuando se producen.​También hemos creado mecanismos para que las víctimas puedan acceder de forma prioritaria a recursos como la discapacidad o la dependencia, lo que supone un apoyo económico inmediato. Del mismo modo, cuando una mujer sufre una agresión sexual, puede acceder directamente a determinadas prestaciones y ayudas previstas por la ley.​ En definitiva, estamos haciendo un abordaje integral. Queremos que todos los recursos de atención a las víctimas de violencia de género sean plenamente accesibles y formen parte de los servicios ordinarios: desde las casas de acogida hasta el teléfono 016, que ya es accesible. Se trata de construir una respuesta coordinada, transversal y accesible para que ninguna mujer con discapacidad quede desprotegida.En la reforma de discapacidad introducimos sanciones para que los insultos y las conductas discriminatorias no queden impunesLa Fiscalía ha pedido dos años de prisión para Vito Quiles por presuntamente denigrar a una mujer con discapacidad intelectual. ¿Cree que el insulto, la humillación y el desprecio hacia las personas con discapacidad se están blanqueando bajo la etiqueta de la libertad de expresión o del espectáculo?Yo siempre digo que los derechos tienen límites. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no puede vulnerar la integridad ni la dignidad de las personas. Tiene que existir un equilibrio entre derechos. Si alguien, amparándose en su libertad de expresión, vulnera mi derecho al honor, a la intimidad o al respeto, ese derecho está siendo mal utilizado. Por eso, en la reforma de la ley de discapacidad introducimos un régimen de sanciones para que las humillaciones, los insultos y las conductas discriminatorias no queden impunes. Porque ese tipo de comportamientos tiene un efecto multiplicador. Cuando una persona con gran repercusión pública ridiculiza o humilla a una persona con discapacidad, está enviando un mensaje que otros pueden acabar imitando, especialmente los más jóvenes.​​Eso hay que atajarlo a través del Estado de derecho y del cumplimiento de las leyes. La libertad no puede convertirse en un "todo vale". Vivimos en un Estado de derecho, con normas aprobadas democráticamente que deben respetarse. Los discursos de odio, las humillaciones y los delitos de odio ya están tipificados y deben tener consecuencias. ¿Por qué una persona con discapacidad tiene que soportar que se normalicen espectáculos o mensajes que fomentan su ridiculización y que se traduzcan en insultos o humillaciones por la calle? Respecto a lo de Vito Quiles, me parece absolutamente condenable y despreciable. Son comportamientos que nos devuelven a una España que debería haber quedado atrás hace mucho tiempo.No podemos aceptar que una persona, por necesidad o pobreza, tenga que ganarse la vida dejando que se rían de su cuerpoEn una entrevista afirmó que "una sociedad del siglo XXI no puede permitirse tener a gente esposada o recibir agresiones por su cuerpo". Ha sido especialmente tajante contra los espectáculos que utilizan a personas con enanismo, como ocurrió en eventos, como el del futbolista Lamine Yamal.En 2026, en España no hay bufones: hay personas. Lo digo también desde mi propia experiencia. Cuando el llamado "torero bombero" actuaba en el pueblo de al lado, yo me pasaba tres días sin salir de casa porque sentía vergüenza de mi cuerpo. No podemos permitir que niñas y niños con enanismo crezcan sintiendo esa misma vergüenza. Tampoco podemos olvidar que muchas de las personas que participaban en esos espectáculos llegaron a nuestro país buscando una vida mejor. Son, en muchos casos, personas migrantes a las que la oportunidad que les ofrecimos fue salir a una plaza para que la gente se riera de sus cuerpos. Eso no es justo.​​Cuando profundizas en esas historias descubres situaciones de pobreza, exclusión y enorme vulnerabilidad. La gente quiere trabajar para poder vivir. Por eso hemos puesto en marcha el programa Pisadas de Dignidad, para ofrecer formación, acceso a un empleo con condiciones laborales dignas, una vivienda y una alternativa real. Nos hemos encontrado con personas en situación de calle y, en algunos casos, con mujeres en situación de prostitución. Esa es la realidad. Algunos dicen que tienen derecho a trabajar. Por supuesto que sí. Pero el derecho al trabajo, igual que la libertad de expresión, también tiene límites. En España la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo y no podemos aceptar que una persona, por necesidad o pobreza, tenga que ganarse la vida dejando que se rían de su cuerpo. Medir 1,30 o 1,40 metros no es una profesión.La aparición de términos como "idiota", "imbécil" o "retardado" en un documento oficial del Gobierno de Javier Milei generó el año pasado una fuerte indignación. Ha vivido el paso de "minusválido" a "persona con discapacidad" y el debate sobre la "diversidad funcional". ¿Por qué cree que las palabras importan tanto cuando hablamos de discapacidad?El lenguaje importa mucho porque genera pensamiento. Palabras como "disminuido" o "minusválido" tienen detrás una idea de vidas menos valiosas. El capacitismo, igual que el machismo, establece una determinada mirada sobre las mujeres. Durante mucho tiempo hemos construido la sociedad pensando en personas estándar: personas que ven, que caminan, que oyen. Todo aquello que se salía de esa norma quedaba fuera, en las periferias.​​Con las palabras ocurre exactamente lo mismo. Necesitamos un lenguaje que, al igual que ocurre con otros colectivos, esté acompañado de derechos, que sea respetuoso, empático y que nos permita ponernos en el lugar del otro. Si interiorizo la palabra "disminuido", esa palabra me hace daño porque yo no soy un adjetivo. Soy una persona con una característica. Durante mucho tiempo, el diagnóstico o la etiqueta han ocupado todo el espacio: éramos sordos, ciegos, retrasados. Hoy hablamos de personas con una característica, porque es fundamental poner primero a la persona.​​Y esa persona nunca es solo una cosa. Somos personas con discapacidad, pero también podemos ser gays, lesbianas, migrantes, personas pobres o pertenecer a otros colectivos. Somos un conjunto de circunstancias y realidades. Lo que no puede ocurrir es que las etiquetas o los apoyos vengan impuestos desde fuera. En una democracia nuestra voz importa.​​Se acabó esa visión vertical en la que terceros decidían cómo llamarnos, qué apoyos necesitábamos o dónde tenemos que vivir. Las personas con discapacidad somos parte de la democracia. Y la democracia va mucho más allá de votar cada cuatro años. También se construye en las decisiones cotidianas: dónde quiero vivir, qué quiero comer, cómo quiero organizar mi vida o si quiero disfrutar de mi sexualidad. Eso también es democracia.PublicidadLos discursos que intentan llevarnos hacia una sociedad que nunca hemos sido nos empobrecen, nos restan y humillan a los seres humanosNació con acondroplasia y hoy ocupa uno de los principales cargos públicos en materia de discapacidad. Si pudiera sentarse frente al niño que fue, ¿qué le diría? Y, quizá más importante, ¿qué le diría a una sociedad que todavía sigue educando en el miedo o el prejuicio?A ese niño le daría primero un abrazo. Le diría que no sienta vergüenza de su cuerpo, que la discriminación no determina la vida de nadie y que la discriminación nunca tiene la última palabra. No quiero caer nunca en el discurso de la superación, porque me parece profundamente injusto. Yo no soy un héroe por haber llegado hasta aquí, ni nadie es una heroína por alcanzar un determinado puesto. He tenido la fortuna de contar con unos padres que, aunque eran agricultores, siempre me dijeron: "Tienes que estudiar". Me apoyaron y creyeron en mí.​​Las personas no somos las que tenemos que superarnos. Lo que tiene que superarse es la sociedad, para que todas y todos podamos formar parte de ella en igualdad de condiciones. Y a una sociedad que todavía educa desde el miedo o el prejuicio le diría que mire hacia los derechos humanos, que conozca las leyes, que las entienda y que las haga suyas. Porque nadie está libre de necesitar cuidar a una madre con demencia, nadie está libre de tener un accidente y, si tenemos la suerte de llegar, todas y todos vamos a envejecer.​​La discapacidad y la dependencia forman parte de la vida de todas las personas. Por eso necesitamos una sociedad abierta, que respete. No desde el paternalismo, no desde el postureo o la inclusión superficial, sino entendiendo que sus voces importan, que deben ser escuchadas y respetadas. Siempre digo que, en un momento en el que la diversidad humana está tan amenazada, este ministerio no la castiga: la celebra. De eso va España. España se ha construido a lo largo de su historia con distintos pueblos, regiones, lenguas y realidades. También se ha construido con las personas con discapacidad. Proteger esa diversidad es proteger lo que somos como país. Los discursos que intentan llevarnos hacia una sociedad que nunca hemos sido solo nos empobrecen, nos restan y, sobre todo, humillan a los seres humanos.