La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad ha dado este jueves su último paso antes de ser sometida a votación en el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados previsto para el próximo martes, 14 de julio. Con 20 votos a favor del bloque de investidura y 17 en 'noes' del PP y Vox, la Comisión de Derechos Sociales ha dado luz verde al dictamen, medio año después de que el Ministerio de Derechos Sociales enviase la norma a la Cámara Baja para que los grupos negociasen posibles modificaciones a una ley que pretende transformar por completo el sistema de cuidados en España. Para ello contempla medidas de calado, como el reconocimiento automático del 33% de la discapacidad a todas las personas dependientes, el refuerzo de la ayuda a domicilio, la eliminación de las incompatibilidades entre prestaciones o el reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras, entre otras. La norma, que afronta ahora su recta final tras dos años y medio de trabajo, cuenta con el respaldo de las entidades sociales y va acompañada de un decreto de financiación mediante el cual el Gobierno inyecta 6.200 millones extra a los sistemas de dependencia de las comunidades autónomas hasta 2027. Es la gran apuesta del departamento que dirige Pablo Bustinduy, que defiende la ley como "el mayor legado social que deja esta legislatura". Durante el trabajo en la Cámara Baja, los grupos llegaron a presentar más de 360 enmiendas y hasta este jueves se habían incorporado al texto un total de 78 transaccionales. Precisamente, una de las novedades de este jueves es la introducción de una enmienda pactada por PSOE y Sumar para blindar la financiación estatal en un 50%, de tal modo que se mantenga ya como una obligación que el Ejecutivo financie la mitad de la dependencia y las comunidades aporten la otra mitad, y se eviten así futuros recortes. Esta es una demanda que venían haciendo las comunidades autónomas, y también el PP, que, sin embargo, finalmente no ha votado a favor del dictamen de la ley, a pesar de que se abstuvo en diciembre cuando se votaron las enmiendas a la totalidad. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales destacan esta modificación de última hora, que supondrá un cambio significativo, pues ahora mismo la ley no indica que la aportación estatal en dependencia deba llegar a ese 50%. Lo único que establece la legislación actual es que "la aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado", pero en ningún lado compromete al Gobierno a poner la mitad del dinero.Esta ha sido, además, una enmienda clave para obtener el apoyo de Junts, que se ha mantenido crítico hasta el final. Los independentistas han celebrado después la incorporación de este cambio "imprescindible" para apoyar la reforma. "Con estas modificaciones, se atienen las principales reivindicaciones históricas de Cataluña respecto a la ley aprobada en 2006 y se resuelven las carencias estructurales del sistema de dependencia", han subrayado los de Carles Puigdemont en un comunicado al terminar la reunión en la que habían aprovechado para denunciar "un déficit histórico acumulado de millones de euros" en Cataluña.Una reforma estructural del sistemaAhora, la ley pasará su último examen en el pleno de la semana que viene, donde, si mantiene como mínimo los apoyos que ha conseguido reunir este jueves, con toda probabilidad saldrá adelante. La ley incluye el refuerzo de la ayuda a domicilio (que podrá extenderse a otros espacios, como los supermercados o el médico) o el préstamo de productos de apoyo como sillas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz. También amplía la ayuda económica por cuidados a familiares, que podrán percibir personas allegadas o convivientes, y se contemplan servicios transitorios para los dependientes en grado II o III que estén esperando a recibir un recurso. Para reducir la burocracia, la reforma reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad a las personas en grado I y un 65% a las de grado II o III. Además, suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones y elimina el plazo suspensivo máximo de dos años en las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.(Más información en breve)