La Comisión de Derechos Sociales del Congreso prevé dar este jueves luz verde al dictamen de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, una de las principales apuestas del Ministerio de Derechos Sociales en esta legislatura. La reforma llega tras la aprobación del real decreto-ley que inyectará 6.200 millones de euros adicionales al sistema de dependencia hasta 2027 y la publicación de la sexta edición del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que sitúa la lista de espera en 142.887 personas, un 21% menos que hace un año.PublicidadLos cambios afectarán principalmente a personas con dependencia reconocida, con discapacidad, familiares y cuidadores, personas que necesitan apoyos para desarrollar una vida independiente, menores con discapacidad y personas con trastornos de salud mental que requieren apoyos específicos. Fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy explican a Público que la reforma descansa en cuatro ejes: un aumento de la financiación pública; un cambio del modelo asistencial para priorizar los cuidados en el domicilio, en el entorno comunitario y en soluciones personalizadas frente al modelo de macroresidencias; la mejora de las condiciones laborales del sector para atraer y fidelizar profesionales; y el impulso de la innovación y la tecnología aplicadas a los cuidados.El nuevo mapa de derechos en dependenciaEntre las principales novedades de la reforma figura el reconocimiento de una discapacidad del 33% para todas las personas que tengan oficialmente acreditada una situación de dependencia. También incorpora de forma expresa el derecho a la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad mediante servicios de habilitación y rehabilitación. Refuerza la protección de mujeres, niños y niñas con discapacidad, convierte la accesibilidad universal en un derecho y crea el Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal. Asimismo, modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar actuaciones relacionadas con la accesibilidad.En materia de dependencia, el proyecto amplía la prestación económica destinada a los cuidados en el entorno familiar, extendiendo el concepto de persona cuidadora más allá de los familiares para incluir también al entorno relacional, y elimina el periodo de espera de hasta dos años que existía para comenzar a percibir esta ayuda. Otra de las novedades es que la teleasistencia pasa a configurarse como un derecho subjetivo. Además, el servicio de ayuda a domicilio amplía su ámbito de actuación al entorno comunitario más próximo y la asistencia personal pasa a integrarse como un servicio más en el catálogo oficial de prestaciones. La reforma extiende de tres a seis años la aplicación de la Escala de Valoración Específica (EVE) para menores e incorpora una disposición destinada a fomentar la innovación social dentro del SAAD.La financiación, el aval de la reformaLas mismas fuentes de la cartera vinculan estas novedades al incremento de la financiación aprobada recientemente. Según detallan, las cuantías mínimas garantizadas aumentarán en los grados de dependencia más altos. Así, las prestaciones crecerán:PublicidadGrado I: aumentarán un 18,4%, pasando de 76 a 90 euros mensuales.Grado II: se duplicarán, de 130 a 260 euros.Grado III: aumentarán un 127,6%, al pasar de 290 a 660 euros al mes.Asimismo, sostienen que este incremento permitirá que, en 2027, la administración financie el 50% del coste del sistema de dependencia asumido por las comunidades autónomas. Añaden que la inversión pública será entonces un 423% superior a la existente en 2020 y un 124% mayor que al inicio de la presente legislatura. Recuerdan, además, que durante años de recortes la aportación estatal rondó los 1.200 millones de euros anuales. El departamento agrega que este aumento de financiación responde a un "compromiso político adquirido en el acuerdo de coalición firmado por PSOE y Sumar en 2023, más que a una obligación jurídica". "No existe una deuda histórica con las comunidades autónomas, pero sí un compromiso político que ahora se cumple con la aprobación del Real Decreto-ley 17/2026", inciden. Tras susperar el trámite de la Comisión, el proyecto llegará al Pleno del Congreso el próximo 14 de julioLas mismas fuentes tachan la reforma de "la mayor ampliación de la red de protección social de los últimos años" y aseguran que pretende consolidar un amplio consenso político y social, siguiendo la senda de acuerdos alcanzados en iniciativas como la reforma del artículo 49 de la Constitución o la ley ELA. Aunque evitan anticipar cuál será el sentido del voto del Partido Popular, consideran que la aprobación de los 6.200 millones adicionales neutraliza su razonamiento. "Ya no vale su argumento sobre la falta de financiación", dicen. En paralelo, vuelven a atribuir al Ejecutivo de Mariano Rajoy el debilitamiento del sistema de dependencia tras los recortes aplicados durante aquellos años.PublicidadDesde Génova recibieron con cierto escepticismo el anuncio del Gobierno sobre la inyección adicional de 6.200 millones de euros al sistema. Consideran que la medida resulta "insuficiente". La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Carmen Fúnez, resumió: "La dependencia necesita financiación estructural, no parches". El principal achaque de los populares se centra en que, a su parecer, el decreto "no resuelve la deuda acumulada" por la administración con las comunidades autónomas "tras años sin alcanzar la aportación del 50%" que, según recuerdan, debía corresponder al Estado. Fúnez sostiene que las comunidades gobernadas por el PP arrastran una deuda de "miles de millones de euros". Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, ha celebrado los últimos avances impulsados por el Gobierno en materia de dependencia. Martínez considera que el incremento económico supone "una muy buena noticia" para el país y confía en que tenga un impacto rápido en las prestaciones destinadas a las personas en situación de dependencia y discapacidad.Tras superarse el trámite de la Comisión, el proyecto llegará al Pleno del Congreso el 14 de julio, donde se debatirá junto con la convalidación del real decreto-ley de financiación. Después continuará su recorrido parlamentario en el Senado antes de su publicación en el BOE y su entrada en vigor, siempre que sea aprobado.Un modelo "low cost"En la otra cara de la moneda, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDYGSS) alerta de que la dependencia "continúa siendo un derecho pendiente de garantizar plenamente en España". Según el Observatorio Estatal de la Dependencia, el sistema mantiene carencias estructurales, con procedimientos excesivamente burocráticos, prestaciones económicas insuficientes y servicios de baja intensidad que, en su opinión, configuran un modelo "low cost" incapaz de responder adecuadamente a las necesidades de las personas dependientes.255.302 personas permanecen a la espera de una valoración o de recibir una prestación ya reconocida, según la AEDYGSSLa asociación denuncia que actualmente 255.302 personas permanecen a la espera de una valoración o de recibir una prestación ya reconocida, mientras que durante el primer semestre de 2026 fallecieron 15.450 personas sin haber visto atendido su derecho. Aunque la lista de espera se ha reducido ligeramente respecto al inicio del año, consideran que el ritmo de mejora es "insuficiente" y advierten que, de mantenerse esta tendencia, serían necesarias varias décadas para alcanzar la plena atención.Asimismo, la asociación reclama que el incremento de financiación previsto se traduzca en mejoras reales para las personas usuarias, aumentando la intensidad de los servicios, actualizando las cuantías de las prestaciones, permitiendo la compatibilidad entre recursos y mejorando las condiciones laborales de los profesionales. También piden mayor transparencia en los datos oficiales y mecanismos que garanticen que la inversión pública tenga un impacto efectivo en la reducción de las listas de espera y en la calidad de la atención.