Una de las grandes causas judiciales por corrupción que arrastraba el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) ha terminado. El 30 de junio la Audiencia Provincial de Las Palmas emitió la sentencia de la última pieza del caso Montecarlo, que investigaba irregularidades en las contrataciones públicas a la empresa Tunera Producciones S.L. por parte del ayuntamiento capitalino entre 2009 y 2012. De los once acusados, entre los que había altos cargos públicos, un empresario y técnicos municipales, solo ha sido condenado uno: el exinterventor Carlos Sáenz, que confesó durante el juicio.
El caso Montecarlo se originó tras una denuncia anónima en Fiscalía en 2012 y se dividió en seis piezas: cuatro en Arrecife, una en San Bartolomé y otra en La Oliva (Fuerteventura). Todas ellas tienen como protagonista al exinterventor. En esta última pieza, Carlos Sáenz ha sido condenado como ''cooperador necesario'' criminalmente responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito continuado de fraude a la administración.
El fallo le impone una pena de un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de las costas, pero le absuelve de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Para atenuar su condena, el tribunal ha tenido en cuenta tanto su confesión ''tardía'' como las dilaciones indebidas de la causa, cuya instrucción comenzó en 2012. Con esta, el exinterventor arrastra cinco condenas en el caso Montecarlo por irregularidades en el desempeño de sus funciones no solo en Arrecife, sino también en San Bartolomé y en La Oliva.
