La primera ley del Estado que regula de manera específica la donación de cuerpos a la ciencia ha superado su primer trámite este miércoles en la Cámara catalana. La normativa española es muy detallada en lo que respecta a los tejidos y los órganos, pero más dispersa en lo relativo a los cadáveres enteros que terminan en las mesas de disección de las facultades de Medicina y que resultan vitales para las prácticas de diversas ramas. El texto, promovido por Junts per Catalunya y contra el que Vox se ha quedado sola con una enmienda a la totalidad, unifica los requisitos y la gestión de las donaciones, y establece criterios claros de asignación de los cuerpos según las necesidades docentes, poniendo fin a que cada morgue universitaria opere de manera aislada.Solo las tres mayores facultades de Cataluña necesitan unos 300 cadáveres al año para poder cumplir con las prácticas formativas, no solo de los futuros médicos, sino también de logopedas o ingenieros biomédicos. O para los simulacros de operaciones complicadas que a veces necesitan realizar cirujanos ya experimentados. El problema es que cada centro tiene su manera de operar. Comenzando por el propio registro de donantes: la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no recibe solicitudes desde hace años, mientras que la Pompeu Fabra, más nueva, está en plena captación. “La donación del cuerpo a la ciencia funciona gracias al trabajo magnífico que desarrollan nuestras universidades, los servicios de anatomía y los profesionales que trabajan cada día. Pero también es cierto que esta realidad funciona sin un marco normativo específico que unifique criterios, que dé seguridad jurídica a los donantes, que simplifique procedimientos y facilite la coordinación entre los implicados”, ha defendido el diputado de Junts Jordi Fàbrega. La oposición de Vox, que había presentado una enmienda a la totalidad, alega que es necesaria una ley estatal para garantizar la igualdad entre los españoles ante el vacío jurídico. “Una ejecución ineficiente de un tema no habilita a los separatistas a colonizarlo”, ha asegurado la diputada ultra María Elisa García. En primer lugar, el texto que ahora se tramitará propone la creación del Registro de Donantes de Cuerpos de Cataluña, que contará con un documento único de consentimiento firmado en vida para los interesados en dejar su cuerpo a la ciencia. Ese mismo registro permitirá repartir los cuerpos —que deben prepararse rápidamente tras el fallecimiento— entre los diferentes centros según sus necesidades académicas. Asimismo, se unifican los criterios específicos de exclusión de la donación: por ejemplo, si el fallecido padecía una enfermedad infecciosa o se le practicó una autopsia por motivos médicos o judiciales.Los cuerpos suelen terminar convertidos en piezas anatómicas de estudio —todas cuentan con un sistema de trazabilidad— y, una vez cumplida su función educativa, son incineradas. Una de las novedades de la ley es que se obligará a cada centro a crear un memorial para el recuerdo de los donantes, donde se puedan depositar las cenizas. También quedan claros los derechos de la familia a conocer el destino final de su ser querido, y la Generalitat creará líneas de subvención para cubrir los costes del traslado de los cuerpos y los trámites administrativos que ahora asumen las universidades.“Es un cambio de filosofía”, ha confesado Santiago Rojas, encargado de la Sala de Disección de la Facultad de Medicina de la UAB. El médico ve positivo que exista una ley homogénea en lugar de que cada centro tenga sus propios protocolos, algo que considera que facilita la cooperación, pero además arroja luz sobre una actividad muchas veces vista con reservas y que en otras ocasiones ha sido fuente de polémica. La última fue en mayo de este año, cuando trascendió que la universidad privada CEU Cardenal Herrera de Valencia había utilizado cuerpos donados de forma irregular, sin el visto bueno de la familia ni la existencia de últimas voluntades.Rojas quiere ver la letra pequeña de muchos de los puntos de la ley, como por ejemplo la del memorial. “No todas las piezas se incineran al final”, ha ejemplificado. También ve importante delimitar los costes y definir qué proyectos pueden utilizar los cuerpos y cuáles no. En esa línea, desde las filas de Esquerra Republicana defienden que hay que tener en cuenta cómo se relacionarán las Universidades públicas y las privadas. La diputada del PP Belén Pajares ha asegurado que su formación quiere que en el trámite parlamentario se respete la voluntad de donar a una entidad específica. Comunes y Aliança Catalana han chocado a cuenta de la proposición de ley: el diputado David Cid ha ironizado sobre el rechazo de Vox, asegurando que esperaba que los de esa formación le regalarían “un cucurucho de papel de plata” para un debate “anticiencia”. La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, se ha quejado por el comentario a la mesa del Parlament, criticando que eso no sea motivo de censura mientras que a ella se le llama la atención por referirse al pañuelo que lleva en la cabeza la diputada de ERC Najat Driouech como “harapo”.