El Congreso de los Diputados tramitará una reforma de la ley de eutanasia para reducir los plazos judiciales, que no podrán superar los 25 días entre el visto bueno de la prestación de ayuda para morir y la respuesta a un recurso judicial a esa resolución. La reforma ha superado este jueves su primer examen en la Cámara Baja —el de la toma en consideración— con los únicos votos en contra del PP y Vox. Ahora pasará a ser negociada en la Comisión del ramo, donde los partidos podrán proponer posibles modificaciones antes de enviarla al Pleno para su aprobación definitiva. La iniciativa fue impulsada por el Parlament de Catalunya, después de que el pasado 29 de abril, los grupos del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP propusiesen esta reducción de plazos judiciales, que salió adelante con el voto favorable de Aliança Catalana. La norma reforma la ley de 2021 que reconoció el derecho a la eutanasia y aspira a evitar casos como el de Noelia Castillo, que tuvo que esperar 601 días (casi dos años) desde que su padre interpuso el primer recurso hasta que pudo recibir la eutanasia el 26 de marzo de 2026. Hasta 15 instancias judiciales se interpusieron en ese periodo. Así, y con el objetivo de "no prolongar de una manera innecesaria e inhumana el sufrimiento" de la persona que ha solicitado la eutanasia, la reforma propone regular un procedimiento "especial" para los recursos que se interpongan contra las resoluciones de las comisiones de garantía y evaluación, que atienda al criterio de "máxima celeridad". La norma insiste en la importancia de que el procedimiento judicial de control sea "lo más breve posible" y no se dilate "más allá de lo estrictamente imprescindible". Plantea, con ese fin, que los recursos —normalmente interpuestos por los familiares— se resuelvan ante un único tribunal (el Tribunal Superior de Justicia correspondiente) y en un máximo de 25 días. Desde la entrada en vigor de la ley en junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado un total de 2.432 solicitudes de prestación de ayuda para morir. De estas solicitudes, 1.123 (46%) terminaron en una prestación efectiva. En torno al 75% tenían más de 60 años, y el tramo de edad más frecuente fue el de mayores de 80 años (27,77%).Evitar una "cadena interminable de recursos"Para defender la reforma en representación del Parlament de Catalunya han intervenido los grupos que impulsaron la iniciativa. El diputado de Junts, Jordi Fàbrega, ha asegurado que la modificación legislativa no cuestiona las garantías de la ley de eutanasia, que sostiene que es "uno de los procesos más garantistas de nuestro ordenamiento jurídico", sino que pretende evitar que los recursos judiciales se prolonguen durante meses o incluso años el sufrimiento de quienes ya han obtenido la autorización para recibir esa prestación. "Retardar tiene consecuencias humanas", ha señalado. En la misma línea, el portavoz de ERC, Juli Fernàndez, ha asegurado que la reforma solo busca "perfeccionar" un derecho que ya está reconocido en España, para que quienes ya han superado todos los controles y evaluaciones previstos en la ley no vean prolongada su vida "en contra de su voluntad".El debate se ha producido, además, apenas cuatro días después de que el papa León XIV se mostrase en esa misma Cámara en contra de derechos como la eutanasia y el aborto. Algo que algunos portavoces de la izquierda no han dudado en señalar e incluso reprochar, mientras que los de la bancada de la derecha han querido incluso recordar textualmente algunas de las palabras emitidas en su discurso. Casi todos los grupos sacaron a colación el caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años cuya solicitud quedó bloqueada durante un año y ocho meses por sucesivos recursos judiciales. Desde el PSOE, la diputada Carmen Andrés defendió la reforma para evitar que el "interés legítimo" de quienes deciden impugnar la concesión de una eutanasia "no agrave más el sufrimiento" de quien la pide. También la diputada de Sumar, Júlia Boada, ha recordado la dilatación de los procesos de recursos en el caso de la joven, provocando un "debate público, mediático y con sensacionalismo" que seguramente le causó "más dolor".En Podemos, el portavoz Javier Sánchez denunció que los procesamientos actuales permiten una "cadena interminable de recursos"; igual que el de PNV, Mikel Legarda, que defendió la urgencia de evitar que las situaciones de sufrimiento reconocidas por la ley queden sometidas a "peregrinajes judiciales" que se prolongen durante meses. El PP: la"prudencia jurídica" no es un obstáculoLa norma se tramitará en el Congreso pese al rechazo del PP y Vox, que han expresado este jueves su oposición, ya no solo a la reforma, sino también a la propia ley impulsada hace cinco años, que leen como un "fracaso" de la sociedad con las personas que sufren. El diputado popular Antonio Román ha asegurado que la norma impulsada por el Parlament de Cataluña "no es una mera reforma técnica" y puntual, pues considera que afecta "directamente" a las "garantías jurídicas que rodean una decisión irreversible", en este caso, la muerte. "Detrás de cada recurso hay una persona vulnerable, una familia afectada, y una situación de sufrimiento físico y psicológico que merece atención y respeto", ha defendido, antes de denunciar la "contradicción" de quienes defienden que la norma está "rodeada de todas las cautelas", por querer ahora reducirlas. "Si era tan garantista, ¿por qué se pretende debilitar algunos de sus mecanismos de control? Nuestro grupo considera que cuando una decisión es irreversible, las garantías nunca sobran", ha defendido. Para los de Génova, los recursos judiciales "no constituyen un obstáculo", sino una garantía de que la decisión se ejecuta con la prudencia necesaria. "Porque cuando está en juego una vida humana, la prudencia legislativa, jurídica, médica y ética, no es un obstáculo, es una obligación", ha zanjado.Por su parte, la diputada de Vox María de la Cabeza ha calificado la ley de "terrible" con el objetivo de "matar a personas" y ha reivindicado que la solución al sufrimiento no puede ser la muerte. "La solución al sufrimiento de una persona no puede ser la muerte, y jamás apoyaremos una ley con ese espíritu", ha aseverado.