El Parlamento catalán ha llevado una propuesta al Congreso para modificar la Ley de Regulación de Eutanasia y reducir a un máximo de 25 días el tiempo máximo entre la decisión de la comisión de garantía y evaluación que da el visto bueno a la ayuda a morir y la respuesta de posibles recursos judiciales. El objetivo es acabar con los prolongados tiempos de espera cuando se concatenan recursos en los tribunales, que provocaron una espera de 601 días en el caso de la joven Noelia Castillo, y que igualmente está prolongando la espera de otro demandante, Francesc Augé, también pendiente del Tribunal Supremo, tras el recurso presentado por su padre. La propuesta critica “el sufrimiento añadido” para las personas demandantes de la ayuda a morir que suponen los recursos judiciales que suspenden de forma cautelar sus solicitudes.Los partidos representados en la Cámara catalana, con la oposición del PP y Vox y las abstenciones de los diputados de Units (integrados en el PSC), votaron a favor de la propuesta el pasado 29 de abril y este miércoles han aprobado quién defenderá en el Congreso la propuesta de cambiar la ley de bases aprobada en 2021: Sara Jaurrieta (PSC), Jordi Fàbrega (Junts) y Juli Fernàndez (ERC). El consenso que emana de la propuesta persigue simplificar los trámites y, sobre todo, reducir al máximo los plazos desde que la comisión de garantía, formada por expertos médicos y jurídicos, valida la petición de una muerte digna. Por ejemplo, la proposición de ley aprobada en el Parlament da un máximo de tres días para que se pueda presentar el recurso y que este se dirija directamente ante el Tribunal de Justicia Superior de cada comunidad autónoma. Y a partir de ahí fija de forma muy concreta los tiempos de respuesta de la Administración de Justicia hasta llegar a la resolución final, que al final no supera los 25 días. “Se simplifica el proceso en única instancia y sin ningún recurso, excepto el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”, señala el texto de la propuesta aprobada por el Parlament. El texto parlamentario lamenta los casos en los que la decisión final se ha dilatado por encima del año y da por hecho que quien solicita la ayuda a morir ya ha recibido la confirmación por parte de la comisión evaluadora, por lo que se encuentra en una situación “de sufrimiento constante que resulta intolerable”: “Con el fin de no prolongar de una manera innecesaria e inhumana el sufrimiento [...] hace falta que la resolución administrativa sea lo más breve posible y no se dilate más allá de lo estrictamente imprescindible”. La propuesta que se defenderá en el Congreso requiere de dos modificaciones legislativas: la de la Ley de la Eutanasia y la que regula los trámites en el contencioso-administrativo para fijar los plazos propuestos. La propuesta llega en una semana en la que el Tribunal Supremo ha confirmado la posibilidad de que personas con “una vinculación particularmente estrecha” con los solicitantes puedan recurrir la eutanasia. La decisión del alto tribunal estaba vinculada con la petición de un hombre, Francesc Augé, que lleva desde 2024 esperando a que se le practique la eutanasia a causa del recurso que presentó su padre. Una jueza de Barcelona había sostenido antes que el progenitor no tenía derecho a recurrir, pero el TSJ de Cataluña revocó esa resolución y admitió la impugnación.