Hito histórico para las entidades de defensa de los derechos humanos. Tras 10 años de negociaciones, el Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la Ley del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, un organismo público que tendrá la misión de "prevenir, investigar, evaluar y supervisar" las actuaciones de las empresas que operan en Catalunya en materia de derechos humanos y medio ambiente. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del PSC, ERC, los Comuns y la CUP, mientras que Junts se ha abstenido. PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.PublicidadEl nuevo centro se constituirá como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y contará con una junta de gobierno de nueve miembros, una dirección y un consejo asesor formado por diecisiete vocales. Para el Grupo Catalán de Empresa y Derechos Humanos, impulsor de la iniciativa, la aprobación de este centro, que tiene el apoyo de más de 8.000 entidades catalanas, estatales e internacionales, representa la culminación de una "reivindicación histórica" y, al mismo tiempo, una victoria colectiva.Una de sus portavoces, Júlia Martí, destaca en declaraciones a Públic que el nuevo organismo será "independiente y podrá investigar casos, emitir informes y proponer medidas para garantizar que las empresas que operan en Catalunya respeten los derechos humanos y el medio ambiente aquí y en todas partes".Más allá del territorio catalánMartí subraya que una de las principales novedades es que el centro podrá analizar la actividad empresarial más allá del territorio catalán. "Está pensado para poder investigar qué hacen las empresas que operan en Catalunya en toda la cadena de valor, es decir, todas sus filiales y proveedoras", explica. Esto significa que la actuación de las compañías podrá ser examinada también cuando los posibles impactos se produzcan en el extranjero.La creación del centro pone punto final a un proceso legislativo largo y complejo. Según Martí, la iniciativa ha tenido que superar numerosos obstáculos desde que que empezó a redactarse. "Primero había que convencer a los grupos de la necesidad de crear un centro así y ver cuáles podían ser las funciones dentro del marco competencial de Catalunya", recuerda. A estas dificultades se añadieron circunstancias políticas, como la convocatoria anticipada de elecciones durante el Gobierno de Pere Aragonès cuando la norma estaba a punto de ser aprobada.PublicidadPese a los retrasos, la portavoz considera que siempre ha habido una mayoría parlamentaria favorable al proyecto. Martí también apunta que el carácter innovador del proyecto ha obligado a desarrollar una intensa labor pedagógica y jurídica para acabar definiendo el texto legal.Multas para aquellas empresas que no colaborenLa ley fija ahora un calendario para desplegar el nuevo organismo. En un plazo máximo de seis meses se tendrá que constituir el consejo asesor, que será el encargado de nombrar la junta de gobierno. Según Martí, este modelo de gobernanza se ha hecho expresamente "para que se garantice esta independencia", un elemento que las entidades impulsoras consideraban imprescindible para que el centro pueda actuar con credibilidad.Una vez esté plenamente operativo, el centro podrá investigar denuncias presentadas por personas físicas o jurídicas con interés legítimo sobre posibles vulneraciones de derechos humanos o ambientales. También podrá elaborar informes, formular recomendaciones e impulsar nuevas políticas públicas. Además, la ley establece la posibilidad de imponer multas de hasta 50.000 euros a aquellas empresas que no colaboren con los requerimientos de información del centro o lo hagan de manera insuficiente.PublicidadDurante la tramitación parlamentaria, el texto tuvo que adaptarse a diversas observaciones del Consejo de Garantías Estatutarias, especialmente en cuanto al régimen sancionador. Finalmente, la ley sólo permite sancionar la falta de colaboración de las empresas con el centro, pero no las presuntas vulneraciones de derechos humanos. Martí admite que esta era una de las aspiraciones de las entidades impulsoras. "Nosotros queríamos que tuviera esta función y no la podrá tener. Por eso decimos que es un primer paso", reconoce.Aunque la falta de competencias impide a la Generalitat crear un organismo con capacidad sancionadora sobre las propias vulneraciones de los derechos humanos, Martí defiende el carácter "pionero" y "público" de este centro y que los informes que elabore podrán convertirse en una herramienta de peso en eventuales procesos judiciales posteriores.La portavoz insiste en que el nuevo organismo no nace con la voluntad de perseguir a las empresas, sino de garantizar transparencia y responsabilidad. "No es una ley hecha para atacar a las empresas catalanas, sino para poder hacer que realmente haya una transparencia y una garantía de que no se estén vulnerando derechos humanos", afirma.Entre los casos que podrían llegar a ser objeto de investigación, Martí cita vulneraciones especialmente graves vinculadas a grandes proyectos extractivos o energéticos, como es el caso de Israel Chemical Limited (ICL), que se dedica a la extracción de sal en la comarca del Bages. También se refiere a empresas sobre las que existen denuncias internacionales relacionadas con conflictos armados, siempre que desarrollen actividad económica en Catalunya.De hecho, la web AlertaDH.org ya recoge cerca de 30 casos de vulneraciones cometidas por empresas transnacionales con sede o actividad en Catalunya, el Estado de Palestina o países como México, Guatemala, Colombia o Bangladesh.De cara al futuro, las organizaciones esperan que el trabajo del centro acabe influyendo también en la contratación pública. Aunque la ley todavía no lo prevé, Martí confía en que los informes elaborados por el nuevo organismo puedan servir para que las administraciones incorporen criterios más exigentes de responsabilidad empresarial. "Esperamos que estos informes puedan ser utilizados para establecer qué empresas pueden entrar en una licitación o no", apunta.Un golpe contra la tendencia a la desregulaciónPara el Grupo Catalán de Empresa y Derechos Humanos, la trascendencia de la nueva institución va más allá de Catalunya. Martí defiende que el modelo catalán contrasta con la "tendencia actual de desregulación o de autorregulación". "Conseguir que haya un centro público que investigue, y no delegar esta investigación a las mismas empresas o a consultoras privadas, en un contexto de desregulación y mientras Europa tiende a la autorregulación, es una de las cosas que realmente es más pionera", sostiene.PublicidadLa portavoz atribuye la aprobación de la ley a la movilización y presión de la sociedad civil. Más de 8.000 organizaciones -entre las cuales la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí, Amnistia Internacional Catalunya, Centre Delàs, Observatori DESC y OXFAM- han apoyado la iniciativa durante todos estos años. Convencida de que el modelo catalán puede ser una referencia internacional, concluye que "será un ejemplo para organizaciones y normativas de otros países".