Esta semana el pleno del Parlament de Catalunya ha aprobado por una amplia mayoría, la ley del tercer sector social. No será una ley más. Será el reconocimiento institucional de una realidad profundamente arraigada a la sociedad catalana: la fuerza de la sociedad civil organizada como pieza esencial de la cohesión social del país.Catalunya tiene una larga tradición de asociacionismo, de fundaciones, de mutualismo y cooperativismo. Mucho antes de que el Estado del bienestar adquiriera la dimensión actual, ya existía una red de entidades que atendían personas frágiles y con necesidades de apoyos, promovían solidaridad y construían comunidad. Esta tradición forma parte de nuestra identidad nacional.Catalunya necesita una sociedad civil viva, plural, autónoma y comprometidaHoy esta realidad adopta muchas formas: entidades de discapacidad, salud mental, pobreza, infancia, jóvenes, personas mayores, adicciones, inserción laboral, vivienda o atención a personas sin hogar. Miles de profesionales y voluntarios trabajan cada día para dar respuesta a necesidades sociales crecientes, a menudo desde una proximidad al territorio y a las personas que ninguna estructura administrativa puede sustituir del todo.La futura ley no crea esta realidad; la reconoce, la ordena y la refuerza. Lo hace estableciendo un marco jurídico propio para el tercer sector social, definiendo principios de transparencia, gobernanza participativa y/o democrática y ausencia de ánimo de lucro, y consolidando su relación con las administraciones públicas.Es importante subrayarlo: la ley no cuestiona la responsabilidad pública en la garantía de los derechos sociales. Al contrario, el texto deja claro que los derechos sociales son responsabilidad de los poderes públicos. Pero también asume una evidencia: en sociedades complejas, la construcción del bienestar no depende solo de la administración. Depende también de la capacidad de la sociedad de organizarse, cooperar y generar vínculos de solidaridad.Este es probablemente uno de los aspectos más relevantes del debate. A menudo discutimos sobre el coste del Estado del bienestar, sobre la eficiencia de los servicios públicos o sobre los límites presupuestarios de las administraciones. Hablamos menos, en cambio, de un elemento igualmente esencial: la confianza social.Las democracias contemporáneas atraviesan una etapa de fragilidad. La desconfianza hacia las instituciones crece, las desigualdades alimentan frustraciones y los discursos simplistas y excluyentes ganan espacio en Europa y en todo Occidente. El auge del extremismo de derechas no es ajeno a este clima de desafección y fragmentación social.Precisamente por eso el tercer sector social tiene hoy una función que va más allá de la prestación de servicios. Las entidades sociales generan lo que los sociólogos denominan capital social puente: relaciones de confianza, cooperación y participación que refuerzan la calidad democrática de una sociedad. Cuando personas diferentes cooperan para afrontar problemas comunes, cuando el voluntariado crea vínculos de reciprocidad o cuando una entidad acompaña personas frágiles desde la proximidad, se está construyendo mucho más que una respuesta asistencial. Se está construyendo comunidad.Catalunya necesita administraciones fuertes. Pero también necesita una sociedad civil viva, plural, autónoma y comprometida. La fortaleza de un país no se mide solo por el PIB o por la dimensión de sus presupuestos públicos. También se mide por la calidad de sus vínculos sociales y por la capacidad de sus ciudadanos de sentirse parte de un proyecto colectivo.La ley del tercer sector social es, en este sentido, algo más que una norma sectorial. Es una afirmación política y cívica. Reconoce que el bienestar no es solo una cuestión de gasto público, sino también de confianza, de compromiso y de responsabilidad compartida.En tiempo de incertidumbre y polarización, este mensaje es probablemente más necesario que nunca.