Desde hace años, el sector fundacional y el conjunto de las entidades no lucrativas reclaman que Catalunya disponga de una ley propia de fomento del mecenazgo. No es una demanda coyuntural. Responde al convencimiento de que el país cuenta con una sociedad civil fuerte, comprometida y capaz de implicarse en proyectos de interés general, pero también a la constatación de que este compromiso necesita un marco legal que lo acompañe, lo reconozca y lo haga crecer. Getty ImagesLa admisión a trámite de la proposición de ley de fomento del mecenazgo, esta semana en el Parlament de Catalunya, es muy buena noticia. Lo es para el sector fundacional, para el conjunto de las entidades no lucrativas y, sobre todo, para el conjunto de la sociedad. Porque cuando hablamos de mecenazgo no hablamos solo de fiscalidad, de incentivos o de beneficios tributarios. Hablamos de una manera de entender la responsabilidad social compartida ante los grandes retos sociales, culturales, educativos, científicos, sanitarios y ambientales que tenemos.Fomentar el mecenazgo es reconocer la capacidad de la sociedad de implicarse en aquello que es de todosLa admisión a trámite no es, sin embargo, el final del camino. Es el inicio de una etapa decisiva. Ahora empieza la tramitación parlamentaria y, con ella, la oportunidad de convertir una reivindicación largamente esperada en una norma útil, ambiciosa y transformadora. Una ley que no se limite a enumerar incentivos, sino que ayude a consolidar una auténtica cultura del mecenazgo en Catalunya.Este es, probablemente, el punto esencial. El mecenazgo es compromiso cívico. Es la decisión libre de personas, empresas e instituciones de poner recursos al servicio de proyectos que crean valor colectivo. Es una forma de participar en la construcción del bien común y de contribuir, desde la iniciativa privada, a causas que nos implican como sociedad. Por eso, una buena ley de mecenazgo tendría que facilitar y fomentar este compromiso.La sociedad civil es una parte esencial de la manera catalana de hacer paísCatalunya tiene una larga tradición de sociedad civil organizada. La historia del país no se entiende sin el papel de las fundaciones, las asociaciones, los ateneos y las iniciativas culturales, educativas, sociales y comunitarias que han contribuido a sostener y transformar la vida colectiva. Este tejido forma parte de nuestra identidad colectiva y de la capacidad del país para dar respuesta a sus retos.Por eso, es primordial contar con una ley catalana de fomento del mecenazgo de máximos, una norma a la altura de esta realidad. Tiene que reconocer la diversidad de ámbitos en que las entidades no lucrativas trabajan cada día impulsando proyectos e iniciativas de interés general. No tendría sentido desperdiciar el buen trabajo hecho por el sector y el consenso conseguido en la proposición de ley. No nos podemos permitir dejar fuera una parte significativa de las causas que hoy movilizan a la sociedad civil.Catalunya tiene la oportunidad de transformar una reivindicación histórica en una norma que genere confianza e impulse el compromiso cívicoTambién hará falta que sea una ley clara y comprensible, con los recursos necesarios para garantizar la aplicabilidad. Las buenas intenciones legislativas solo tienen impacto si las personas y las entidades pueden aplicarlas con seguridad. En este ámbito, la confianza es fundamental. Confianza de quien da, porque sabe qué reconocimiento tiene su gesto. Confianza de a quien recibe, porque puede planificar mejor sus proyectos. Y confianza del conjunto de la sociedad, porque el mecenazgo se desarrolla con transparencia, rigor y orientación al interés general.La decisión de impulsar esta iniciativa como proposición de ley puede ser una oportunidad si contribuye a acelerar la tramitación y a reforzar el consenso político. El mecenazgo es una cuestión que tendría que poder situarse por encima de la lógica partidista. No para que sea neutra, sino porque afecta a una dimensión básica de cualquier sociedad madura: la capacidad de reconocer y estimular la implicación de la ciudadanía en aquello que es de todos. Ahora bien, el consenso no tendría que convertirse en una excusa para hacer una ley de mínimos.El consenso no tendría que convertirse en una excusa para hacer una ley de mínimosCatalunya necesita una ley posible, sí, pero también una ley valiente. Una norma que entienda que fomentar el mecenazgo no es renunciar a la responsabilidad pública, sino ampliar las capacidades colectivas para dar respuesta a necesidades cada vez más complejas. La acción pública es imprescindible, pero no agota todas las formas de compromiso con el bien común. La sociedad civil también crea valor, innova, acompaña, cuida, investiga, educa, preserva patrimonio, genera oportunidades y construye comunidad.Este es el papel que ejercen las más de 2.000 fundaciones activas de Catalunya. Lo hacen desde realidades muy diversas, en barrios, pueblos y ciudades, y en ámbitos de actuación y dimensiones muy diversas. Pero todas comparten una misma lógica: poner recursos, conocimiento y capacidad de organización al servicio de una finalidad de interés general. Una ley de mecenazgo bien concebida puede ayudarlas a hacer mejor este trabajo, a ampliar su base social y a fortalecer los vínculos con personas y empresas que quieren contribuir a generar impacto positivo.Esta ley es demasiado importante para quedarse a medio caminoEn los últimos años hemos avanzado en el reconocimiento del mecenazgo a escala estatal, pero Catalunya tiene margen y responsabilidad para desarrollar un modelo propio, adaptado a su realidad institucional, social y cultural. No partamos de cero: hay experiencia acumulada, conocimiento técnico y consenso sectorial. ¡Aprovechémoslo!Desde la Coordinadora Catalana de Fundacions celebramos este paso y nos ponemos a disposición del Govern y de los grupos parlamentarios para contribuir desde el conocimiento del sector y con espíritu constructivo, pero con una convicción clara: hay que garantizar que la ley responde realmente a las necesidades del país y de su tejido no lucrativo. Ahora toca hacerlo bien: aprobar una ley clara, transversal y ambiciosa, que confíe en la sociedad civil e impulse el mecenazgo no como una excepción, sino como una expresión normal, madura y necesaria del compromiso con el país.