La Generalitat ha anunciado este martes la creación de la Oficina de Protección de Derechos Lingüísticos, un nuevo organismo destinado a atender consultas y quejas relacionadas con vulneraciones de derechos lingüísticos y que nace coincidiendo con el primer aniversario del Pacte Nacional per la Llengua. La medida busca blindar la lengua catalana en un contexto de claro retroceso en su uso social y desarrolla uno de los compromisos incluidos en el pacto firmado en mayo de 2025 por PSC, ERC y Comuns junto a entidades sociales. La nueva oficina dependerá de la Secretaría General del Departamento de Política Lingüística y tendrá como función principal “asesorar y acompañar a ciudadanos que hayan encontrado dificultades” para ejercer sus derechos lingüísticos. El organismo ofrecerá apoyo durante la tramitación de consultas o incidencias y, en los casos que considere relevantes, podrá trasladar a los órganos competentes “la conveniencia de emprender acciones judiciales”, según fuentes del Departamento. Estas mismas fuentes admiten un aumento de quejas de personas catalanohablantes por no poder relacionarse en catalán en distintos ámbitos, especialmente en el sector de la restauración. El consejero Francesco Xavier Vila ha defendido que las personas deben encontrar en la Oficina un “un interlocutor claro” contra la discriminación lingüística. El servicio también coordinará actuaciones entre departamentos de la Generalitat, administraciones locales e instituciones públicas para detectar ámbitos donde se produzcan más conflictos o vulneraciones. El presidente catalán Salvador Illa, ha reivindicado durante el acto de balance del Pacto, celebrado en el salón de actos del Palau de la Generalitat, que el Govern está “cumpliendo con el catalán” y defendió que la lengua necesita “recursos y consenso”, además de medidas “tangibles” para reforzar su uso social. El president ha asegurado que ve “el vaso más lleno que vacío”, en relación a la caída del uso de la lengua, y ha subrayado que el Ejecutivo ha destinado “más recursos que nunca” a las políticas lingüísticas, con un presupuesto de 120 millones de euros, 150.000 plazas para aprender catalán y nuevas inversiones en aulas de acogida y contenidos digitales.La creación de la Oficina se enmarca en el despliegue del Pacte Nacional per la Llengua, nacido como una respuesta institucional al retroceso del uso social del catalán detectado en los últimos años. Los datos de las encuestas sociolingüísticas de la Generalitat alertaban de una pérdida de hablantes habituales, especialmente entre los jóvenes, en el área metropolitana de Barcelona y en los entornos digitales y audiovisuales. Ante ese escenario, el Govern impulsó un acuerdo transversal para reforzar la presencia del catalán en la escuela, la administración, la sanidad, el mundo laboral y las plataformas digitales, con el objetivo de incorporar 600.000 nuevos hablantes hasta 2030.El impulso político del pacto también respondió a la necesidad de exhibir una cierta unidad institucional en plena tensión por el modelo lingüístico educativo tras la sentencia que obligaba a impartir un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas. La Generalitat defendió que la lengua debía situarse fuera de la confrontación partidista y abrió una negociación con partidos, sindicatos, entidades culturales, universidades, patronales y asociaciones sociales para construir un consenso amplio sobre las políticas lingüísticas de los próximos años. El acuerdo consiguió en apoyo de entidades sociales, pero se quedó a medias en el ámbito político: solo PSC, ERC y Comuns (la mitad del Parlament) lo secundaron, mientras que Junts y la CUP se desmarcaron al considerar que no era suficientemente ambicioso.