Esta semana, el Govern autorizó la firma del nuevo contrato programa de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) que debe dar al organismo fiscal un marco relacional estable con la Generalitat durante el periodo 2026-2029. Mediante este instrumento, dotado con 527 millones de euros, la Hacienda catalana podrá afrontar con más garantías su crecimiento humano y material con el gran objetivo (aún sin fecha) de recaudar el IRPF. Hasta que llegue este momento, la ATC no solo dimensionará su plantilla y se pertrechará de medios tecnológicos, sino que también abrirá nuevas sedes físicas, principalmente fuera de Barcelona.En un acuerdo del Govern, aprobado en el Consell Executiu del pasado martes y consultado por elEconomista.es, se detallan las ubicaciones donde el Ejecutivo catalán quiere que la ATC gane presencia. El Departamento de Economía y Finanzas distingue dos tipos de localizaciones en función de si responden a necesidades estructurales o bien temporales (para reforzar campañas estacionales como la Renta).
En el primer capítulo se incluyen las mayores oficinas y se apunta a grandes espacios de entre 1.300 y 1.500 metros cuadrados en Girona, Lleida, Tarragona y el Barcelonès Nord. Por detrás queda la búsqueda de espacios más pequeños de entre 475 y 575 metros en Terrassa y Vilafranca del Penedès; de entre 450 y 550 metros en Mataró y Sant Feliu de Llobregat; de entre 300 y 400 metros en Figueres y Tortosa, y de entre 200 y 700 metros en Sabadell, Reus, Manresa, Granollers, La Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, la Seu d'Urgell y Vic.
