Los socialistas se juegan parte de su precaria estabilidad parlamentaria, tanto en el Parlament como en el Congreso, en un nuevo sistema de financiación y una herramienta clave para controlar la recaudación de esos nuevos recursos desde la Generalitat: la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Aplazado su estreno en la recaudación del impuesto de la renta del 2026 previsto inicialmente a al menos 2028, el organismo nacido en 2007 gana tiempo para adecuarse a ese salto que supone pasar de recaudar poco más de los 5.000 millones actuales a encargarse de unos 30.000 millones y dar motivos para pensar que se puede encargar del resto de tributos estatales. Los últimos datos de 2024 muestran un récord de ingresos, pero estancamiento tanto en su capacidad para aflorar fraude como en el aumento de la plantilla, que desde 2017 ha crecido muy poco a poco.
Ingresos récord por la evolución económica. La ATC marcó un nuevo récord de ingresos el año pasado, al recaudar 5.239 millones de euros, un 11,4% más que un año antes. Esa evolución obedece a la favorable marcha de la coyuntura económica. No en vano, su principal fuente de ingresos son tributos vinculados al progreso del PIB y, con mayor intensidad, del mercado inmobiliario, al gestionar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa sobre todo de inmuebles, y el de actos jurídicos documentados, fijado en la firma de hipotecas. Esos dos tributos son su principal trabajo y su principal fuente de ingresos, seguido del impuesto de sucesiones y donaciones. Los tres son tributos del Estado cedidos a la Generalitat, pero la ATC se encarga de 12 impuestos más, entre los que se encuentran muchos propios de la Administración catalana, la autonomía con mayor número de tributos.
