Lograr que la Generalitat recaude todos los impuestos que se generan en Cataluña es un asunto que, sobre el papel, ha saltado del terreno de la promesa al compromiso. La fecha y las condiciones en las que se empezará a hacer efectiva la gestión permanece en una nebulosa de incertidumbre, pero no hay dudas de que hacen falta más efectivos para armar una Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) que tenga capacidad para asumir un monumental cambio de magnitud de la gestión tributaria: Ahora, los impuestos propios y cedidos representan unos 5.000 millones de euros y el salto implicaría manejar una cantidad cercana a los 30.000 millones, incluyendo el IRPF. La Agencia Tributaria de Cataluña tiene 875 trabajadores, mientras que la plantilla en la comunidad autónoma de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) es de unos 4.000 funcionarios.
El Govern considera que debe acelerar para proporcionarle recursos a la ATC y dar con la fórmula es un rompecabezas. Pese a la convocatoria, por parte de la Generalitat, de concursos para cubrir plazas para el cuerpo técnico de gestores tributarios, cunde la idea de que los plazos no casan porque el calendario apremia, aunque ahora ya ha aplazado a 2028 la recaudación del IRPF y no lo sitúa en 2026 como pactó inicialmente con ERC. El president Salvador Illa ha manifestado que un plan B es que trabajadores de Hacienda que ejercen en Cataluña pasen a ser absorbidos por la ATC. “Es una opción. Pero seguro que pasará respetando las condiciones y los derechos laborales de todo el mundo”, explicó este domingo en una entrevista al diario Ara. El propio president pone de relieve que la fórmula ya se usó, a partir de 1998, cuando los Mossos d’Esquadra asumieron las competencias policiales que había estado ejerciendo la Guardia Civil en Cataluña. “Responde a un planteamiento de sentido común”, defiende Illa. En el caso de los Mossos, que los agentes autonómicos cobrasen sueldos más altos que la Guardia Civil facilitó el traspaso.
