Cataluña ha dado un gran paso con la aprobación en el Parlamento de la nueva Ley para la erradicación del amianto. Ha sido un camino largo, de escuchar todas las sensibilidades y los trabajos previos de la Comisión para la Erradicación del Amianto en Cataluña, que ha servido para coordinar las actuaciones de las Administraciones y para recoger las aportaciones de agentes sociales, colegios profesionales, federaciones vecinales y asociaciones de víctimas.Hay decisiones políticas que transcienden una legislatura y que expresan qué país queremos construir y qué responsabilidad asumimos hacia las generaciones futuras. Esta Ley es una de estas decisiones. También es una norma de memoria y de justicia.Hoy es imposible hablar del amianto sin pensar en quienes han sufrido sus consecuencias. Trabajadores y trabajadoras, familias enteras y vecinos de barrios que durante años han convivido con este material. Personas que han afrontado enfermedades graves y que, demasiado a menudo, han tenido que luchar para que su realidad fuera reconocida.La perseverancia y el trabajo de asociaciones como la de Jubilados de Macosa-Alstom, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), entre otras, han estado fundamentales para situar esta cuestión en el centro de la agenda legislativa. Esta Ley es un reconocimiento en su lucha. La aprobación normativa supone un apoyo al trabajo hecho y nos lleva a seguir avanzando, con más fuerza, en sus diferentes líneas estratégicas que permitirán erradicar este material del país. La Ley posibilita inspecciones del estado de conservación de los materiales con amianto; permite una actuación rápida en caso de amianto en mal estado y prevé un régimen sancionador. Además facilita la coordinación y la cooperación entre las Administraciones; amplía el apoyo a las administraciones locales; ordena la regulación sobre los depósitos habilitados para recoger esos residuos; fomenta la investigación en inertización y reciclaje; impulsa el trabajo sanitario y la atención a los pacientes con patologías derivadas de la exposición al amianto. Y, sobre todo, hace un reconocimiento, muy merecido y sentido, a las víctimas.Ahora corresponde al Govern el despliegue normativo. En los próximos meses se pondrán en marcha diferentes instrumentos: la creación del Registro de empresas y profesionales capacitados para la gestión de los materiales con amianto, la obligatoriedad de un certificado de presencia o de ausencia de amianto a las compra-ventas o alquileres de inmuebles anteriores al 2002, la puesta en marcha de la función inspectora prevista al articulado, el impulso de la nueva Comisión Catalana para la Erradicación del Amianto, la priorización de la retirada en edificios públicos y la continuación de las líneas de ayuda para su retirada.Se impulsará también la creación de la Oficina para la Erradicación del Amianto, adscrita a la Agencia de Residuos, que permitirá abordar las de actuaciones que facilitarán avanzar en este propósito, a la vez que se aporta apoyo técnico y económico a los diferentes sectores, y en especial, en el mundo local. La Ley para la Erradicación del Amianto es un reconocimiento a todas las personas que han sufrido la enfermedad en carne propia o en la vida de un familiar estimado.