La actualidad judicial está reabriendo el eterno debate sobre la distinción entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas. La sensibilidad de los partidos y de sus líderes oscila desde hace años entre la máxima exigencia y la mayor laxitud. Cuando se está en la oposición, se suele considerar que debe bastar una citación como imputado para que quien la reciba redacte su renuncia ese mismo día. En cambio, cuando se ejercen cargos en las instituciones, el grado de sensibilidad y reclamación de ceses se atempera radicalmente. El problema no tiene solución, pero sí puede afrontarse con un mínimo de sentido común.Se trata de comprender que, si existe un cúmulo de indicios potencialmente incriminatorios, va a ser difícil permanecer en el despacho como si nada estuviera pasando. Puede suceder que al final se obtenga una salida de emergencia mediante una irregularidad procesal que lleve a una nulidad de actuaciones, por ejemplo. Pero no es fácil, y aunque la herida se cierre, deja una cicatriz muy visible. El dilema hay que resolverlo siempre aplicando en primer lugar un código moral de autoexigencia, para uno mismo y para los suyos, los de la propia organización. La corrupción y el abuso de poder nunca salen gratis. Siempre se pagan. La factura llega antes o después, pero acaba quemando en las manos.Si aplicamos estos principios a casos concretos que estamos viendo, habría que concluir que la simple consigna de la resistencia puede tener un inevitable efecto bumerán, en especial en términos electorales. El volumen de tales consecuencias depende sobre todo del grado de desconfianza que se haya generado. En el caso de la Guardia Civil, que debe ser un pilar para nuestra seguridad, el daño causado por la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez, es de proporciones graves. No lo son menos los que afectan a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde ya ha habido alguna dimisión.Para paliar tales daños y la pérdida de confianza en las instituciones, hay que hacer una apelación con el fin de que la reivindicación del derecho a la presunción de inocencia no se convierta sin más en un burladero para eludir responsabilidades. Cada persona afectada por una citación judicial como imputada debe aplicarse un elemental código de conducta, y medir con buen criterio si su permanencia en el cargo es realmente útil para su legítima defensa y para la garantía de que con ello está preservando el interés general. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, sabrá para qué se reunió tres veces con Leire Díez y si las propuestas que ésta le hizo pueden pasar el filtro de una mínima dignidad.La directora de Desarrollo Corporativo de la empresa pública Isdefe, Teresa Castillo, se habrá preguntado también sobre las consecuencias de su citación como imputada. Esta última ha dimitido a la primera de cambio, sin esperar a que la investigación judicial avance. No es siempre exigible, pero tampoco lo es la resistencia a toda costa. Todo cargo público impone el rigor de la autoexigencia.