El nuevo Gobierno andaluz PP-Vox no ha echado formalmente todavía a andar y ya ha recibido el primer aviso que cuestiona la legalidad de una de las propuestas acordadas en el pacto entre ambas formaciones: la derogación de la Ley de Memoria autonómica para sustituirla por una Ley de Concordia, en línea con lo acordado en todos los territorios en los que aterriza la formación de ultraderecha. La norma andaluza se aprobó en el Parlamento en 2017 sin ni un solo voto en contra, ya que contó con 67 a favor (PSOE, Podemos e IU) y 42 abstenciones (PP y Ciudadanos).
La advertencia la ha lanzado el Ejecutivo central por medio de su secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que en conversación con elDiario.es ha garantizado este viernes que “se recurrirá al Tribunal Constitucional si se deroga” esta norma. De hecho, ya se anunció hace un par de años que ésta sería la vía a seguir en todas las comunidades en las que se cambien leyes de memoria por otras bautizadas como de concordia, como ya ha ocurrido en Balears, Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, mientras en Extremadura sigue la negociación previa antes de dar este paso.
En un acto de reconocimiento a los León Trejo, tres hermanos fusilados por los golpistas en Sevilla por orden de Gonzalo Queipo de Llano, Martínez ha señalado además que, en cuestión de memoria, “el Gobierno de España va a ejercer sus competencias hasta el último rincón de Andalucía”. A su juicio, las leyes de concordia que auspician PP y Vox “conciben las exhumaciones de fosas como restos arqueológicos e invisibilizan a las víctimas al no celebrar actos de reconocimiento o reparación”.
