Varios puntos del polémico texto acaban en la comisión bilateral entre las dos administraciones, paso previo a acudir al Alto Tribunal si no hay acuerdo
El Gobierno de España y la Junta de Extremadura negocian en una comisión bilateral los múltiples puntos de fricción que ha provocado la Ley de Concordia de Extremadura, con la que PP y Vox han sustituido a la anterior Ley de Memoria Histórica y Democrática regional en medio de acusaciones de revisionismo por parte de la izquierda, que ve el texto “una humillación” a las víctimas de la dictadura franquista. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado este miércoles. El texto de la resolución, del 2 de diciembre, reconoce las “discrepancias manifestadas en relación con los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 16 y 17, la disposición transitoria y la disposición derogatoria” de la ley. En las mismas circunstancias, el gobierno central acabó llevando al Constitucional la ley de concordia de la Generalitat Valenciana y la del gobierno de Aragón (ambos del PP) que derogó la de memoria democrática regional. Castilla y León, por su parte, enterró su propuesta cuando el PP dejó de gobernar con Vox.
Cuando una ley autonómica puede chocar con la Constitución o con competencias del Estado, ambas administraciones se reúnen en una comisión bilateral para intentar solucionarlo antes de ir al Tribunal Constitucional. Este es un caso paradigmático, porque las posiciones de las dos partes están más que alejadas.
