La redistribución que hace el Estado del bienestar es muy diferente a lo largo del ciclo vital. Hay dos fases bien diferenciadas en las que las personas reciben más recursos del sistema de los que aportan: hasta los 25 años y a partir de los 63 años. En medio está toda la fase laboral, en la que la población recibe pocas transferencias y servicios públicos, pero paga muchos impuestos y cotizaciones. En esa fase de la vida, la población realiza una gran contribución para sostener el sistema. Sin embargo, esta aportación no es homogénea por grupos sociales. Hay algunos grupos sociales que, cuando llegan al final de su vida, habrán pagado mucho más de lo recibido, y otros que habrán sido receptores netos. Esto es, deficitarios para las arcas públicas. Un estudio de EsadeEcPol elaborado por Miguel Almunia, profesor de Economía en CUNEF, y Pablo García-Guzmán, economista en el EBRD, desvela las aportaciones de los diferentes grupos sociales a lo largo del ciclo vital. Durante su etapa laboral, un trabajador con educación superior (FP superior o universidad) realiza una contribución neta al Estado del bienestar que no se aleja mucho del medio millón de euros. De media, la aportación se situaría cerca de los 420.000 euros (a precios actuales) hasta que se jubila. Una cuantía tan alta que posteriormente no llegará a "agotar" durante su fase de pensionista. Por el contrario, la aportación que hacen los trabajadores sin cualificación es mucho más baja. De hecho, son trabajadores en sectores precarios y estacionales, por lo que es habitual que alternen periodos de ocupación con el desempleo. Esto va minorando la aportación media que realizan, de modo que tienen fases en las que van "agotando" sus aportaciones; por ejemplo, cuando cobran prestaciones por desempleo o cuando perciben ayudas públicas por tener bajos ingresos. El resultado es que, a lo largo de la vida laboral, un trabajador cuya formación máxima sea la ESO acumulará una contribución neta inferior a 50.000 euros. Una cifra escasa que después agota rápidamente cuando se jubila. De media, apenas 10 años después de dejar de trabajar, estos trabajadores ya han "consumido" todas las aportaciones realizadas al Estado del bienestar. Al final de su vida, un trabajador sin formación habrá tenido un coste neto para el sector público de casi 140.000 euros. En el caso de un trabajador con formación media (bachillerato o FP de grado medio), su saldo también es negativo, aunque en menor cuantía, de unos 30.000 euros. Por el contrario, una persona con educación superior no termina de "consumir" nunca lo que ha aportado, y al final de su vida habrá realizado una aportación neta de casi 235.000 euros. "Este ciclo del saldo fiscal es normal en un sistema impositivo que redistribuye renta. Ocurre en todos los países del mundo", explica Almunia. El investigador explica que cuantificar este saldo a lo largo de la vida es importante, ya que las mejoras en la formación de los trabajadores implican una mayor contribución y un sistema más saneado. Uno de los hallazgos relevantes que hacen los investigadores es que el pico de contribución se produce en edades diferentes para los distintos niveles formativos. En el caso de los trabajadores con educación superior, se produce a partir de los 50 años, cuando llegan a realizar una aportación neta de unos 20.000 euros cada año. Por el contrario, el pico de los que tienen la ESO o menos se produce 10 años antes. En concreto, con poco más de 40 años, edad a la que generan una aportación de poco más de 3.000 euros al año. El motivo es que muchos de estos trabajadores sin cualificación se ven expulsados pronto del mercado laboral. Esto implica que su contribución empieza a reducirse, al tiempo que aumentan las prestaciones que reciben, sobre todo las de desempleo. El efecto migratorio La contribución a lo largo del ciclo vital también permite obtener una visión sobre la aportación de la inmigración. Teniendo en cuenta que el perfil del inmigrante sigue siendo el de una persona de baja cualificación, los datos muestran que este tipo de población acaba siendo muy deficitaria para las arcas públicas. Es cierto que, en el corto y medio plazo, un inmigrante que llega a España en edad de trabajar tiene una contribución positiva al Estado del bienestar. Pero, con el tiempo, esa contribución termina generando unos derechos de cobro de prestaciones, y la persona recibe unos servicios públicos que terminan provocando que su aportación neta sea negativa. "A corto plazo, la inmigración reduce el déficit, sea cual sea su nivel educativo", explica Almunia. Sin embargo, "a largo plazo, esta ola que estamos recibiendo va a tener un impacto negativo, porque es población que termina siendo dependiente", señala. TE PUEDE INTERESAR Aunque el estudio no analiza particularmente la situación de los inmigrantes, sí que encuentra que su contribución al Estado del bienestar es inferior a la de los nativos para todos los niveles formativos. Una de las causas es que los nativos terminan teniendo rentas o transferencias de patrimonio procedentes de sus redes familiares (como herencias) que no tienen los inmigrantes. El resultado es que, para el mismo nivel educativo, los inmigrantes terminan en una posición un poco más deficitaria que los nacionales. Los investigadores explican que la aportación de los inmigrantes no solo depende del perfil del trabajador que llegue al país, sino también de cómo el país lo integre en el mercado laboral. "El reconocimiento de las titulaciones obtenidas en el extranjero, la formación lingüística y los programas puente hacia ocupaciones con escasez de mano de obra, así como las medidas que faciliten el acceso a empresas y sectores mejor remunerados, pueden elevar su contribución fiscal neta a lo largo del tiempo", explican. En las próximas décadas, el país seguirá teniendo grandes necesidades de mano de obra para suplir a los jubilados que dejen de trabajar. Ante esta necesidad, está en manos de los poderes públicos buscar las soluciones para maximizar la contribución de los inmigrantes. La redistribución que hace el Estado del bienestar es muy diferente a lo largo del ciclo vital. Hay dos fases bien diferenciadas en las que las personas reciben más recursos del sistema de los que aportan: hasta los 25 años y a partir de los 63 años. En medio está toda la fase laboral, en la que la población recibe pocas transferencias y servicios públicos, pero paga muchos impuestos y cotizaciones. En esa fase de la vida, la población realiza una gran contribución para sostener el sistema.