Volver a generar inseguridad jur�dica es la v�a m�s directa para tensionar a�n m�s los precios.El mercado inmobiliario contin�a emitiendo se�ales preocupantes. Los precios de los pisos han crecido en el segundo trimestre un 15,2% en tasa interanual, el ritmo m�s elevado desde 2006, en plena burbuja del sector que acabar�a estallando dos a�os despu�s. A diferencia de entonces, cuando la excesiva liquidez precipit� el crecimiento desaforado del valor de los inmuebles, esta vez es la escasez de oferta la que impulsa las alzas. Factores como el r�pido agotamiento del stock acumulado de pisos por la incorporaci�n de cientos de miles de inmigrantes a la demanda de vivienda, la multiplicaci�n del n�mero de hogares unipersonales, el aumento de la esperanza de vida y, por supuesto, la inseguridad jur�dica provocada por el intervencionismo p�blico est�n detr�s de una situaci�n l�mite que atrapa cada mes a m�s familias en un bucle de oferta menguante y precios en alza. El encarecimiento es actualmente m�s acusado en las ciudades de tama�o medio, con tasas que superan el 20% en Albacete, Soria y Pontevedra. Por encima de la media est�n tambi�n Santander, Santa Cruz de Tenerife, A Coru�a, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia, Valencia, Madrid y Murcia. Por tanto, es una crisis de asequibilidad que se ha extendido a lo largo del pa�s. La inquietud ciudadana va en ascenso, lo que ha llevado al Gobierno a anticipar que aprobar� un nuevo decreto con medidas urgentes para tratar de aliviar las dificultades de un creciente n�mero de familias para conseguir una vivienda. Sin embargo, en vez de atender las propuestas de los expertos y las recomendaciones de las empresas del sector, Pedro S�nchez volver� a utilizar el problema de la vivienda para congraciarse con sus socios m�s radicales, como Sumar, ERC y Podemos. Lo har� recuperando la misma congelaci�n de los alquileres durante dos a�os que apenas estuvo vigente un mes antes de terminar siendo rechazada por la mayor�a del Congreso de los Diputados y que provoc� una oleada de litigios en los tribunales entre los propietarios que no quisieron renovar el contrato de arrendamiento y los inquilinos que, siguiendo las indicaciones del propio Ejecutivo y de formaciones como la que a�n lidera la vicepresidenta Yolanda D�az, remitieron burofaxes a sus caseros exigi�ndoles beneficiarse de la pr�rroga durante el breve lapso de tiempo en que estuvo en vigor. Volver a generar inseguridad jur�dica sobre la vivienda es la v�a m�s directa para tensionar todav�a m�s los precios.