El trumpismo se expande en América Latina, y este fenómeno, que no deja de crecer y en algunos países se siente imparable, está reconfigurando el continente de Norte a Sur, así como la manera de hacer política y de gobernar. La victoria electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia, al tiempo que se confirmaba el regreso del fujimorismo al poder en Perú con el triunfo de Keiko Fujimori, la hija del autócrata fallecido en 2024, no puede leerse solo como el resultado de dinámicas nacionales. Ambos procesos forman parte de una transformación más amplia y profunda: la consolidación en la región de una nueva derecha que encuentra en Donald Trump no solo a un aliado, sino también un repertorio de ideas, métodos y prioridades.Los dos resultados electorales tienen sus particularidades. Colombia llega exhausta tras años de polarización y con una ciudadanía preocupada por la inseguridad y el estancamiento económico. Perú arrastra desde hace casi una década una crisis institucional. Sería un error reducirlos a una simple importación de la política estadounidense, pero también sería ingenuo ignorar que existe un hilo conductor y un estilo y un impulso comunes, hoy presentes desde el Chile de José Antonio Kast a El Salvador de Nayib Bukele. La promesa de restaurar el orden mediante el fortalecimiento del poder ejecutivo, la desconfianza o la hostilidad hacia los contrapesos institucionales, la batalla cultural como herramienta política, la revisión de los derechos conquistados durante las últimas décadas y la construcción de un discurso que presenta cualquier desacuerdo como un obstáculo para la voluntad popular pertenecen a un mismo ecosistema que trasciende las fronteras. La próxima prueba serán las elecciones de octubre en Brasil, donde Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, aspira a recuperar el poder para su familia y para la extrema derecha.No se trata solo de un giro ideológico: es una forma distinta de ejercer el poder. La democracia deja de entenderse como un equilibrio entre mayorías, instituciones y derechos para convertirse en una legitimación ilimitada de quien gana las elecciones. En ese tránsito, los tribunales, la prensa independiente, los organismos de control o la sociedad civil pasan de ser piezas indispensables del sistema a convertirse en enemigos a neutralizar.América Latina ha dedicado buena parte de las últimas cuatro décadas a fortalecer instituciones para impedir que el péndulo político pusiera en cuestión las libertades fundamentales cada vez que cambiaba un Gobierno. Esas conquistas nunca fueron perfectas ni suficientes, pero permitieron avances muy significativos en igualdad, derechos de las mujeres, protección de las minorías, independencia judicial y rendición de cuentas. Ninguno de esos avances debería darse por irreversible. La sintonía con Washington puede alterar un principio que ha marcado la relación de Latinoamérica con EE UU: la defensa de la autonomía de decisión. Resulta paradójico que dirigentes que reivindican la soberanía construyan su legitimidad sobre una identificación tan explícita con las prioridades de la Casa Blanca. La afinidad ideológica entre gobiernos es legítima. No lo es la aceptación de que las decisiones estratégicas de la región deban adaptarse a los intereses coyunturales de una Administración extranjera.Venezuela ofrece una advertencia sobre la creciente gravitación de EE UU en los asuntos latinoamericanos. Los ataques del 3 de enero abrieron una etapa basada en el tutelaje de Washington sobre el chavismo, en la peor tradición de la Doctrina Monroe y la injerencia en el llamado patio trasero. Tras los devastadores terremotos de esta semana, EE UU puede ejercer otro tipo de influencia, benéfica y solidaria, gracias a la fabulosa fuerza financiera y logística de la que dispone para el rescate y la reconstrucción.No es inevitable repetir los errores de la historia, y los gobiernos conservadores tampoco están condenados a reproducir los excesos del trumpismo, aunque la retórica y el programa de líderes como De la Espriella causan una lógica inquietud. Pero las sociedades latinoamericanas poseen instituciones capaces de modular esos impulsos. La discusión no es si la región gira hacia la derecha o hacia la izquierda. La verdadera cuestión es otra: si ese giro preservará la calidad democrática, la vigencia de los derechos y la capacidad de los países para definir su rumbo. América Latina no necesita un tutelaje de Trump ni importar su modelo ni sus modos. Necesita gobiernos capaces de responder a las demandas de seguridad, crecimiento y bienestar sin sacrificar los principios democráticos que tanto costó construir. Cuando la política deja de producir respuestas propias y empieza a buscar instrucciones fuera de sus fronteras y en ideologías radicales, la soberanía acaba siendo la primera víctima.