En Barcelona, en los grandes temas de ciudad, pasan décadas desde que se abren los melones hasta que se cierran. Es el caso de la Sagrada Familia y el controvertido voladizo sobre la calle de Mallorca y escalinata que quiere construir en la futura fachada de la Gloria, que implicaría derribar edificios de vivienda. Los avances van despacio, pero acabada la torre más alta del templo, la de Jesucristo; y pasada la visita del Papa León XIV, las cosas se aceleran. Justo antes del viaje papal las asociaciones de vecinos y afectados exigieron reunirse con el Ayuntamiento. Y lo volverán a hacer la semana que viene. En los últimos años los vecinos han pasado de la oposición frontal a asumir que habrá quien tenga que marcharse. Y la Asociación de Vecinos del barrio ha trabajado en un censo de viviendas afectadas que cuantifica en un máximo de 216. Este diario ha hecho el mismo ejercicio, timbre a timbre, y el recuento oscila entre 156 y 213, en función de si hay derribos en los dos lados del pasaje de Paula Font, o solo en uno (el lado Besòs).En este escenario, las afectaciones serían una quinta parte del millar de las que se llegó a hablar durante el pasado mandato. Y se explica porque el cálculo se basa cuestiones expresadas de manera más o menos explícita por el templo, los vecinos y el Ayuntamiento. La primera: la Junta Constructora no renunciará a construir la escalinata. Aunque haya que llegar a los tribunales, ha afirmado su presidente, Esteve Camps. Y aunque los vecinos revelaron en 2018 un informe de 1975 del Ministerio de Educación que afirmaba que el proyecto de Gaudí no contemplaba la escalinata. La segunda cuestión es que se extiende, confirman fuentes del templo y vecinales, la idea de que los derribos perjudicarán solo a una manzana (entre Mallorca y València), pero no impactarán en una segunda, la que llega a la calle de Aragó. Y tercera, aunque el planeamiento vigente (de 1976) prevé una avenida que supondría derribar edificios en los dos lados del pasaje de Paula Font, gana enteros la posibilidad de hacerla algo más estrecha y salvar el lado Besòs, minimizando los damnificados.El presidente de la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia, Gabriel Mercadal, da por hecho que los derribos no pasarán de la calle de Valencia y señala la que es la que será la “línea roja” de la entidad: “Los afectados que sean propietarios de los pisos que residen en ellos (o sus familiares si es el caso) deben tener solución habitacional en el barrio a coste cero”. El censo de eventuales afectados realizado por la entidad desglosa incluso los pisos entre propietarios (103) e inquilinos (113). Sobre los inquilinos de pisos afectados, la propuesta es que tengan un trato parecido al que han tenido en otras zonas como Glòries. Permanecer hasta que se extingan sus contratos o recibir trato de afectados urbanísticos. Otra cosa será dónde se les realoja: la Sagrada Familia compró en 2019 un solar a 100 metros del templo, previsiblemente para construir viviendas, pero no se sabe cuántas caben.Los eventuales afectados directos guardan silencio, angustiados y hartos tras décadas sin saber qué ni cómo será de sus pisos: si se les pregunta al salir de los portales, declinan hablar. El Ayuntamiento se comprometió hace dos años a cerrar la cuestión en 2027, sin precisar si antes o después de las elecciones.Mientras, en las últimas semanas ha habido declaraciones institucionales relevantes. Antes de la visita del Papa, el presidente de la Junta Constructora, Esteve Camps, aseguraba que el acuerdo con el Ayuntamiento estaba “muy cerca”. Pasada la visita papa, insistió en una entrevista a La Vanguardia en su voluntad de ejecutar “completamente la fachada de la Glòria con el puente que pasa sobre la calle de Mallorca, que implica derribar un edificio”. No habló de dos manzanas y de sus palabras se desprende que señalaba el enorme bloque de cuatro escaleras que construyó Núñez y Navarro en los años 70 justo enfrente de la fachada y que suma 80 pisos. En el mismo diario, el alcalde Jaume Collboni declaró que “la escalera tiene que hacerse”, pero advirtió de que se pondrá “al lado de los vecinos”. El socialista suele decir que el futuro de la Sagrada Familia es una cuestión “de ciudad”. “Por encima de todo está el derecho a la vivienda y que estas personas tengan el trato más justo”, avisó sobre una solución que supondría “afectar y desafectar a muchas personas”. Se refería el alcalde a las modificaciones urbanísticas que habrá que hacer en el futuro. Porque el Plan General Metropolitano de 1976 califica de plaza o zona verde el tramo central de las dos manzanas que hay enfrente de la Sagrada Familia: contempla derribar los edificios existentes en la parte central entre las calles de Marina y Sardenya, y casi hasta la Diagonal, en la calle de Aragó. Un espacio que serviría para tener una buena perspectiva del templo. Afectar supondrá derribar a las que ya lo está y desafectar, mantener las que según el planeamiento se podrían demoler. Los últimos tres gobiernos municipales, de Xavier Trias, Ada Colau y ahora Collboni, han utilizado la expresión “minimizar las afectaciones”. Negociación compleja: locales, oficinas, aparcamientos y pisos turísticosNo será una negociación fácil, en un contexto de crisis habitacional y con el Ayuntamiento defendiendo que tendrá la última palabra en el futuro de la zona y también el “derecho a quedarse” en sus casas de los Barceloneses. Las dos partes defenderán sus intereses, pero también tendrán que ceder. Tampoco entre los afectados la opinión es unánime: hay quien quiere un piso cerca, pero otros prefieren ser indemnizados. Incluso hay afectados de viviendas antiguas (anteriores a 1976) que rechazan la posibilidad de que solo se afecte el edificio de Núñez y quieren ser incluidos en el paquete de damnificados.Y hay otra cuestión no menor: además de las viviendas en la zona afectada hay también locales comerciales, oficinas, pisos turísticos, aparcamientos y naves vacías o en uso, como un taller mecánico. Solo en el edificio de Núñez i Navarro los aparcamientos son decenas, y los locales seis, más 26 despachos u oficinas. Entre los locales eventualmente afectados hay desde una zapatería de la calle de Valencia, hasta varios restaurantes, tiendas de recuerdos, un centro de estética, una cristalería, una metalistería o un almacén. De los locales, dos se han vaciado en los últimos meses y están en alquiler. En la zona afectada también hay 17 pisos turísticos con licencia.