España es un país donde condenan a un exministro y poderoso exsecretario de Organización del PSOE a 24 años de cárcel, pero el poder quiere que hablemos de Víctor de Aldama. La propaganda a menudo no se presenta como mentira, sino como forma de desviar la atención de lo realmente importante. Del caso mascarillas no es Aldama quien fue votado por los ciudadanos, ni nombrado por Pedro Sánchez, pero cualquier señuelo es válido para el Gobierno y sus socios con tal de no asumir responsabilidades.La realidad es que Aldama cumple las condiciones de cualquier guion de ficción para ser el antagonista del bloque de progreso o, como mínimo, para que Gabriel Rufián le dedique alguno de sus comentarios en X. No solo es el verbo desafiante que el empresario suele gastar con el presidente Sánchez, sino que también cultiva su faceta mediática —aparecer en la tele construye personaje, de modo que la gente resta gravedad a sus causas judiciales— y se pasea por manifestaciones, aclamado por ciudadanos. Ahora bien, una cosa es caerle simpático, seguramente, a votantes del PP o de Vox, y otra muy distinta ir esparciendo que supuestamente la Justicia le ha rebajado la pena porque “ayuda a tumbar al Gobierno”. El atenuante por colaboración está contemplado en nuestro ordenamiento, así nos pueda parecer más o menos justo o cuestionable su resultado en este caso. Es más: si Aldama no tiene que devolver los 3,7 millones de euros ganados con la venta de mascarillas es porque sus comisiones no fueron consideradas ilícitas. Es fruto de no haber incurrido —ni él, ni Koldo, ni Ábalos— en los delitos de prevaricación y de uso de información privilegiada por esos contratos, ni probarse en el juicio que el precio pagado fuera excesivo. La Justicia, además, no siempre ha tenido en cuenta todo lo que dice Aldama: por ejemplo, cuando ha señalado a Sánchez sin aportar pruebas.Sin embargo, sacar a Aldama de la ecuación obligaría a asumir que, efectivamente, en este país se ha condenado a la mano derecha del presidente del Gobierno por delitos como “organización criminal”. Es decir, que Pedro Sánchez es la persona que llevó a Ábalos al corazón del poder, la misma persona que defendió una moción de censura ejemplarizante por la condena a título lucrativo al PP en la trama Gürtel. Sacar el ojo de Aldama es un quebradero de cabeza porque, entonces, no hay señuelo, sino necesidad de más fiscalización democrática.En primer lugar, todavía no existe una respuesta incontrovertible sobre por qué Sánchez apartó a Ábalos. Cuando fue preguntado en el Senado, el presidente aludió a que quería relanzar el Ejecutivo tras la pandemia, afirmación que tampoco le ha permitido evitar los recelos sobre si alguna vez le llegaron informaciones preocupantes, aunque solo fuera sobre la vida privada del exministro. Más llamativo es que Ábalos volviera a ser incluido en las listas del PSOE en 2023 si tan prescindible resultaba.Segundo, el bipartidismo está de acuerdo, en el fondo, con la colaboración con la Justicia. José Luis Peñas ayudó a destapar la Gürtel y el Ejecutivo le indultó. Claro está, la situación no es exactamente igual: algunos ven más noble lo que hizo Peñas que la estrategia de defensa de Aldama, quien logró salir de prisión provisional cuando colaboró con la Justicia. Con más motivo, el indulto parcial del Gobierno del PSOE nace del poder político por una cuestión de aprobación moral, de validación a una conducta que se consideró positiva. En cambio, la Justicia tiene sus propios códigos de funcionamiento: es altamente complejo probar ciertos delitos relativos a corrupción si no hay colaboradores. Tercero, oímos que es una faena que Aldama siente doctrina, no sea que otros puedan agarrarse a ese incentivo. Hay gente de buena fe en España a las que el relato oficial las lleva a indignarse porque más personas respondan ante los tribunales, en investigaciones como las que afectan a Leire Díez o el expresidente Zapatero. Dicho en plata: destapar presuntas tramas es malo cuando gobiernan los de uno y bueno cuando gobiernan los del otro. Asegura el periodista de tribunales Alfonso Pérez Medina que David Marjaliza siguió la misma estrategia que Aldama como colaborador del caso Púnica, pero ahí no se protestó porque perjudicaba al PP. Llevándolo al terreno jurídico: tampoco es cierto que cualquiera pueda delinquir y se vaya de rositas si corre a confesarlo. La sentencia del caso mascarillas fija ciertos criterios aplicados a Aldama, como la necesidad de que exista una colaboración útil y relevante, activa y decisiva para obtener mayor atenuante, revisado según cada delito concreto que se enjuicia.Pese a todo, la política actual no va de razones, sino de sostener relatos. Tratar los asuntos judiciales como una película de héroes y villanos es parte de la simplificación que conviene al poder político. El ciudadano suele encariñarse o enojarse con los personajes, y desde la emocionalidad cuesta más exigir fiscalización o rendición de cuentas, ya sean presidentes o acusados. A veces, incluso, permite desviar la atención de lo importante. Aldama: para algunos, un señuelo; para el Gobierno, su perfecto supervillano.