El calor aprieta cada año más y, en consonancia, también lo hace la vigilancia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los efectos laborales de este fenómeno climático. El organismo inspector ha incrementado en los últimos años su atención a los incumplimientos empresariales relacionados con las altas temperaturas, según datos provistos por el Ministerio de Trabajo a EL PAÍS. Crecen las actuaciones de Inspección y, de la mano, lo hacen las sanciones y los importes con los que se castiga a las empresas, que pasan de 706.000 euros en el verano de 2022 a 1,56 millones en el mismo periodo de 2025.Según las cifras aportadas por el ministerio del que depende Inspección, de junio a septiembre de 2022 se desarrollaron 4.620 actuaciones relacionadas con exposición a altas temperaturas, cifra que cayó en 2023 (3.290) y 2024 (4.240), pero se disparó en 2025 (10.820). Son más del doble que en el inicio de la serie, cuando el ministerio empezó a contabilizar este tipo de actuaciones en el periodo veraniego.Cuando los inspectores advierten algún incumplimiento, lanzan un requerimiento a la empresa en cuestión. En 2022 fueron 3.140; en 2023, 2.310; en 2024, 2.720; y en 2025, 4.750. “Ante una realidad en la que los fenómenos adversos son cada vez más frecuentes, junto a la mayor conciencia social con respecto a la peligrosidad de las altas temperaturas, existe más actividad planificada por parte de la Inspección, que la hace estar especialmente vigilante en los meses de más calor”, indica el Ministerio de Trabajo.En el último año con datos disponibles, este incremento de las actuaciones y los requerimientos también cristaliza en el número de sanciones, que se producen cuando la petición de mejora no es satisfecha: de junio a septiembre de 2025 hubo 292, por encima de las 135 de 2022, de las 169 de 2023 y de las 223 de 2024. La traslación económica de estos castigos son importes que también se han disparado en los últimos años: pasan de 706.420 euros en 2022 a un millón de euros en 2023, a 1,06 millones en 2024 y a 1,56 millones en 2025. “La Inspección”, agrega Trabajo, “lleva a cabo acciones frente al calor durante todo el año, con actuaciones de control que revisan que las empresas estén preparadas mediante la aprobación e implantación de protocolos y otras medidas preventivas”. El ministerio subraya que es “fundamental” la actuación preventiva previa a la llegada del calor: “Las empresas tienen que haber adoptado medidas con anterioridad”.El Consejo de Ministros del 9 de junio aprobó un conjunto de medidas de carácter laboral para hacer frente al calor, entre las que destaca el aumento de la vigilancia en sectores como la construcción o el campo, los más expuestos. El Gobierno anunció una campaña informativa del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el foco de Inspección en las denuncias por estrés térmico, el refuerzo de la vigilancia de la contratación de trabajadores inmigrantes y el envío de comunicaciones a empresas subrayando las medidas preventivas que deben adoptar. Según precisó Trabajo poco después, se han enviado 100.000 avisos a empresas. “Trabajar no puede costar la salud ni la vida. En el siglo XXI, nadie debe enfermar ni morir en su puesto de trabajo”, dijo el 15 de junio la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien recordó que en España en 2025 más de 700 personas perdieron la vida en accidentes laborales de distinta índole. Según los datos de siniestralidad laboral del Ministerio de Trabajo, solo cinco de esos siniestros se relacionaron oficialmente con el efecto de las altas temperaturas. También hubo otros cuatro accidentes graves y 250 leves, en un panorama que los sindicatos consideran “infradiagnosticado”: creen que este problema tiene una incidencia mayor en la siniestralidad laboral de lo que señalan las estadísticas oficiales y que es habitual que, aunque el calor sea el desencadenante de un accidente, la estadística lo vincule con otra causa.Hay estudios que recogen un empeoramiento de las muertes en el trabajo por altas temperaturas, como el elaborado en 2024 por la Organización Internacional del Trabajo. Esta estima un aumento del 42% de los decesos laborales por esta causa a nivel global en el periodo 2000-2020.La normativa laboral sobre altas temperaturas, actualizada en 2023 por el departamento que dirige Díaz, establece que el trabajo en exteriores puede paralizarse en función de las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología, ante avisos naranjas o rojos. Los umbrales no son los mismos en toda España, pero el naranja suele rondar entre los 37 y 40 grados y el rojo, entre los 40 y los 44. En interiores, la temperatura no puede pasar de los 25 grados si se trata de trabajos físicos y de los 27 en oficinas. Uno de los espacios en los que menos se respetan estos límites son las aulas de colegios e institutos, en los que el final de curso se ha caracterizado por temperaturas altísimas.Pronto llegará al Congreso el proyecto de ley que busca reforzar aún más la prevención de riesgos laborales relacionados con el calor en España, con una mayor vigilancia sobre las empresas pequeñas y medianas, las que más accidentes laborales concentran. La iniciativa, pactada por Trabajo con los sindicatos y sin la patronal, busca mejorar la atención al estrés térmico, pero hay muy pocas opciones de que prospere. Sin respaldo empresarial, lo previsible es que la mayoría de derechas del Congreso rechace el proyecto, como ya sucedió con la reducción de jornada y como se prevé con el estatuto del becario o la ampliación del permiso de fallecimiento a diez días.