La ley de Dependencia fue una bienintencionada iniciativa del gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, hace ahora ya 20 años, pero que no se acompañó con los suficientes recursos como para que las comunidades autónomas la pudieran ejecutar. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Miles de familias se hicieron la ilusión de que podrían cobrar subsidios de la Administración y lo que vivieron en realidad fue el calvario de formar parte de unas listas de espera interminables que les provocó aún mayor desconsuelo y enfado. Si hacemos caso de la presentación que hizo ayer Pedro Sánchez, este eterno problema se va a solventar. El Gobierno anunció ayer la mayor inversión social en décadas con la aprobación de un real decreto que supone aumentar en 6.200 millones de euros más las dotaciones para atender a las personas dependientes en este año y el próximo.Bienvenida sea la ayuda, aunque llegue tarde y en tal contexto de crisis política que fácilmente se puede caer en la tentación de considerar esta medida electoralista. Es un éxito que se apunta Sánchez, pero también Sumar, ya que el titular del Ministerio de Derechos Sociales es Pablo Bustinduy. Lo primero que dejó claro el dirigente de Sumar es que la ley queda blindada para que futuros gobiernos no la puedan recortar, y destacó que el presupuesto de su ministerio dedicado a la dependencia era el mismo que tenía el PP cuando gobernaba “multiplicado por seis”.Es muy posible que este decreto sea un recurso del que haga gala­ hoy Sánchez para contraponer las críticas a la corrupción que escuchará en el debate que se va a celebrar en el Congreso. El líder socialista reivindica de forma habitual sus políticas sociales, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la reforma laboral orientada a reducir la temporalidad, la revalorización de las pensiones conforme al IPC o el récord histórico en la dotación de becas y ayudas. Nadie se lo puede discutir. Su problema es si estas políticas serán suficientes para borrar la mancha de corrupción que han dejado algunos de sus colaboradores en el Gobierno, como ha fijado la sentencia contra José Luis Ábalos. Hay manchas imposibles de tapar.Director de La Vanguardia desde marzo de 2020. Ha trabajado como redactor en las secciones de Política, Sociedad y Ciudades de La Vanguardia, donde entró en 1992