Es algo así como un oasis, un minuto de calma en mitad de una tormenta. El pleno del Congreso ha aprobado dos medidas que darán un gran empujón al sistema de la dependencia en España. Por un lado, el proyecto de reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que prevé mejoras en servicios, apoyos más personalizados y reducir la burocracia. Por otro, una inyección económica sin precedentes en los 20 años de historia de la ley, a través de la convalidación del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado junio, que permitirá una inversión de 6.200 millones extra solo entre este año y el que viene. La primera ha salido adelante con 179 votos a favor; 33 en contra, los de Vox, y 137 abstenciones, del PP. La segunda, con 317 votos a favor y 33 en contra, los de Vox. En un lado de la moneda, los cambios normativos. En el otro, el dinero para pagarlos. Y, de nuevo, el ámbito de la discapacidad y la dependencia como sector capaz de generar consenso, aun en un momento tan complicado políticamente como el que atraviesa el Ejecutivo.Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales e impulsor de ambas medidas, considera que “es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”. Así lo ha definido en la tribuna del Congreso. “Este es un momento trascendental, es un momento fundacional para lo que debe ser el Estado del bienestar en España en el siglo XXI“, ha añadido. ”Lo que debatimos hoy no es un parche, es una refundación", según sus palabras. Las administraciones deben dar respuesta, por un lado, al envejecimiento de la población, que hará que los 1,7 millones de personas atendidas se multipliquen en el futuro. Y, por otro, es preciso cambiar la mirada. Así lo defendió también el ministro unas horas antes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el reparto de más de 900 millones de euros para las comunidades autónomas como parte de la financiación de la dependencia: el llamado nivel acordado, que se transfiere a las autonomías vinculado a objetivos concretos, como la reducción de las listas de espera o la mejora de las condiciones laborales del sector. “Se trata de transitar de un sistema de la dependencia marcado por la precariedad, la infrafinanciación y por un modelo centrado en la construcción de grandes centros residenciales”, dijo Bustinduy, “hacia un modelo de derechos de ciudadanía que permita generar apoyos y soportes necesarios para que las personas puedan envejecer en sus domicilios, sus barrios, sus pueblos, sus ciudades, en condiciones de autonomía y con el mayor bienestar posible”.Tres medidas encaminadas, por tanto, a lo mismo: avanzar hacia un modelo de cuidados en el que sean los servicios los que se adapten a las personas y sus necesidades, y no al revés. Y que pretenden avanzar en la reducción de la lista de espera y la mejora de las condiciones del empleo en el sector. Las reformas de las leyes de dependencia y de discapacidad responden al mandato de la reforma del artículo 49 de la Constitución, que no solo eliminó el término disminuido, sino que supuso una protección reforzada de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad y trasladó a los poderes públicos la necesidad de potenciar la autonomía personal. Esto es central en la reforma. Entre otras medidas, se reconoce la accesibilidad universal como derecho; también se crean nuevos servicios, como el de cuidados y apoyos en viviendas o la provisión de productos para la autonomía personal en forma de préstamo (por ejemplo, sillas de ruedas eléctricas o andadores). Y se suprime la incompatibilidad de prestaciones que introdujo el Gobierno del PP en 2012 (con un mandato a las autonomías a adaptar sus normativas para ello antes de 2030). También contempla una mejora de servicios, como la ampliación de la ayuda a domicilio, para que pueda darse en el entorno próximo de los usuarios y no solo dentro de las viviendas, por ejemplo, acompañándolos al médico; o la posibilidad de que personas cercanas, aunque no sean familiares, puedan percibir una prestación económica por cuidados. Asimismo, se elimina burocracia, creando una pasarela por la cual se accede directamente a un 33% de discapacidad si se tiene un grado I de dependencia (el más leve) y un 65% para los grados II y III (los más graves). Durante el debate del real decreto ley en el pleno de la Cámara baja, la infrafinanciación histórica de la ley ha salido a colación una y otra vez. Desde el propio ministro —que ha recordado los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy (más de 5.000 millones de euros)— hasta los grupos nacionalistas —que han recalcado que las autonomías, competentes en la gestión de la dependencia, llevan años cargando con el grueso de la financiación de la ley—, pasando por el Partido Popular. Algo que entronca directamente con una de las medidas recogidas en el proyecto que reforma las leyes de discapacidad y de dependencia: que la Administración General del Estado deberá aportar el 50% de la financiación de la ley, y las autonomías, el otro 50%. Una demanda de las comunidades —repetida especialmente en los últimos años por las gobernadas por el PP— y recogida en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar. Aunque no estaba plasmado en la ley y ahora pasará a estar blindado en ella. Pero, independientemente de que se recoja en la ley, el año que viene el Gobierno ya financiará el 50% de lo que cuesta, frente al 27% que aportó en 2024. Esto será gracias a los más de 900 millones de euros aprobados este martes en el Consejo de Ministros (que se repartirán finalmente en el consejo territorial, donde se reúnen el ministerio y las comunidades autónomas), y también al real decreto ley que eleva las cuantías del denominado nivel mínimo de financiación, una cantidad que se transfiere a las autonomías por cada persona atendida (en los casos más graves, se suben un 128%). Estas cuantías se elevan en la ley de presupuestos de 2023, es decir, que para modificarlas sería preciso hacerlo a través de otra norma con rango de ley.En suma, serán 6.200 millones más en lo que queda de 2026 y en 2027, según ha explicado el ministro. Y la inversión total el año que viene superará los 7.200 millones de euros, casi el doble de lo que se destinaba en 2025. Nunca se había inyectado tanto dinero en tan poco tiempo (el anterior esfuerzo de este tipo fue el plan de choque aprobado en la legislatura pasada, pero no llegó a tanto). Derechos Sociales calcula que con esta inversión las listas de espera podrán reducirse a la mitad de aquí a final de 2027, al caer en más de 70.000 personas (e incluso hay territorios en que podrían directamente eliminarse), mientras se incrementará la atención en 417.000 usuarios. Lo cierto es que en el sector hay bastante consenso. Actores tan dispares como la Plataforma del Tercer Sector o las patronales de la dependencia han defendido ambas medidas. “No hay nada en el proyecto de ley”, ha afirmado el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo, “que no sea un avance, que no mejore el punto donde se arrancaba”, aunque reconoce que “podría incorporar más contenidos”. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que agrupa a profesionales del sector, lo ha definido como “el mayor avance en protección social desde hace 20 años”, en palabras de su presidente, José Manuel Ramírez. El ministro ha agradecido al movimiento asociativo su trabajo. La negociación ha sido compleja. Junts llegó a presentar una enmienda a la totalidad y finalmente ha apoyado ambas medidas. Durante la tramitación parlamentaria de la reforma, que ahora irá al Senado para después volver al Congreso para su aprobación definitiva, se han incorporado más de 70 enmiendas. Con mejoras, por ejemplo, como reducir a la mitad el tiempo en el que deben resolverse los expedientes (tres meses tras la solicitud, frente a los seis actuales, aunque la media en España es de 314 días). Pero se han rechazado otras, como aumentar las prestaciones que perciben las cuidadoras familiares, que reclamaba Podemos. Inés Plaza, diputada del PSOE, ha afeado al PP que no haya participado en la negociación de la reforma de las leyes, dado que retiró sus enmiendas. “Tienen un papelón”, les ha dicho en el debate, tras recordarles que han reclamado que el Gobierno financie el 50% del coste de la ley (en comisión, el paso previo al pleno, votaron en contra). Este martes, desde la tribuna, la diputada del PP Carmen Fúnez ha explicado que su grupo votaría a favor del decreto ley porque cualquier recurso que entre al sistema es positivo, pero afeó que “no viene a sustituir la memoria económica” que han pedido desde que se presentó la ley al Consejo de Ministros. Enrique Belda (PP) ha asegurado que seguirán trabajando en el Senado en la reforma de las leyes, en cuya votación se han abstenido este martes. Por su parte, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe se ha preguntado: “¿Cómo se va a pagar todo esto?“ Y ha justificado el voto en contra de su grupo a la reforma de las leyes porque ”generan falsas expectativas". Con todo, y como ya ha sucedido con medidas como la ley ELA o la reforma del artículo 49 de la Constitución, la bronca política se amaina para que reformas del ámbito de la discapacidad y la dependencia se abran paso. “Este no es un punto de llegada, es un punto de partida”, ha asegurado Bustinduy. “Ni un decreto como este ni una reforma va a ser un chasquido de dedos que mágicamente resuelva las limitaciones de un sistema que tiene 20 años de historia” y que ha vivido la mitad de este tiempo “en condiciones de infrafinanciación”. Pero, según sus palabras, “votar sí es dar una vida mejor a millones de personas en nuestro país”. De hecho, “potencialmente a todos y todas, porque todos nos vamos a encontrar en situación de requerir cuidados”.