El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que impuls� el Gobierno hace ahora un a�o y que ampl�a los derechos de las personas en esta situaci�n. Lo ha hecho con el respaldo de 179 diputados -los de los partidos del Gobierno y todos sus socios de investidura-, frente a los 33 noes de Vox y las 137 abstenciones de los parlamentarios del PP.El texto que se ha sometido a votaci�n en el hemiciclo incorpora adem�s varias enmiendas que introdujeron los grupos parlamentarios durante el paso de la norma por la Comisi�n de Derechos Sociales. Una de las modificaciones m�s destacables es la que recoge que la Administraci�n General del Estado deber� asumir el 50% del gasto total que las comunidades realicen en materia de dependencia -la gesti�n de estas prestaciones es competencia auton�mica-. Fueron los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, los que impulsaron esta enmienda en Comisi�n.Hasta ahora, la ley solo establec�a que la aportaci�n financiera de cada territorio deb�a ser igual o superior a la de la Administraci�n Central, pero muchas comunidades -la mayor�a, presididas por el PP- ven�an reclamando una mayor inversi�n estatal, que alcanzara incluso ese 50% de financiaci�n del sistema que ahora queda estipulado por ley. En 2024, �ltimo a�o con cifras definitivas, la Administraci�n General asumi� solo, de media, el 27% de los gastos en dependencia, cubriendo el resto las autonom�as.A la par que la reforma de la Ley de Dependencia -que deber� pasar por el Senado antes de su aprobaci�n definitiva-, el Congreso tambi�n ha convalidado este martes el real decreto-ley que contempla una inversi�n de la Administraci�n General en dependencia de casi 6.200 millones de euros m�s entre 2026 y 2027. Con esta suma, el pr�ximo ejercicio ya se alcanzar� ese 50% de financiaci�n estatal del sistema que ahora queda, adem�s, blindado por ley. Solo Vox ha votado en contra de la convalidaci�n de ese real decreto-ley, alegando que se trata de un "enga�o" y poniendo en duda que vaya a llevarse a t�rmino, seg�n ha expuesto su diputada Mar�a Ruiz. El PP s� ha facilitado la convalidaci�n del decreto: "Vamos a votar a favor, porque entendemos la importancia de los recursos p�blicos para financiar el sistema de dependencia", ha explicado la vicesecretaria popular de Sanidad, Carmen F�nez, no sin lanzar una advertencia al Gobierno: "No vamos a participar nunca en una pol�tica que promete lo que sabe que ma�ana no va a poder pagar".Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido el sentido de votar a la vez ambas cosas, la reforma de la ley y el decreto con el paquete de inversi�n: "Van aparejados. Los recursos y el cambio de modelo que esos recursos tienen que hacer posible". Para el ministro, las dos cuestiones hoy aprobadas son "piedras angulares de la que es la mayor reforma social que nuestro pa�s ha visto en d�cadas: la refundaci�n de un sistema p�blico de cuidados fuerte, capaz de atender las necesidades crecientes de nuestra poblaci�n y cercano".�Qu� cambia con la reforma aprobada?M�s all� de lo relativo a la financiaci�n del sistema de dependencia, la reforma aprobada este martes en el Congreso establece nuevos derechos -y ampl�a algunos ya existentes- para las personas dependientes o con discapacidad. Por ejemplo, la norma regula la teleasistencia como un "derecho subjetivo" y, frente a lo que suced�a hasta ahora, fija que las personas dependientes podr�n recibir este servicio "con independencia del resto de prestaciones o servicios reconocidos" -hoy, solo acceden a esta prestaci�n quienes "no reciban servicios de atenci�n residencial"-.Igualmente, la reforma extiende la condici�n de cuidador reconocido m�s all� de los familiares, permitiendo que cualquier individuo del "entorno familiar o relacional" -vecinos, amigos, etc.- que asista a una persona dependiente pueda percibir una prestaci�n econ�mica para cuidados.La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia contempla tambi�n una asimilaci�n entre ambas situaciones: a las personas con grado I de dependencia se les reconoce un 33% de discapacidad y, a las de grado II y III, un 65%. Asimismo, la norma establece la "accesibilidad universal" como un derecho, de tal forma que las personas dependientes y discapacitadas podr�n reivindicarla en edificios y servicios p�blicos.M�s de 1,7 millones de personas perciben una prestaci�n por dependencia en Espa�a, seg�n los datos recopilados por el Ministerio de Derechos Sociales relativos al segundo trimestre de 2026. Adem�s, 142.887 personas se encuentran en lista de espera para recibir una ayuda por dependencia.