El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de la discapacidad y la dependencia impulsada por el Gobierno para transformar el sistema de los cuidados con medidas como el reconocimiento automático del 33% de la discapacidad a todas las personas dependientes, el refuerzo de la ayuda a domicilio, la eliminación de las incompatibilidades o el reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras. La norma, ratificada en el pleno extraordinario con los únicos votos en contra de Vox y la abstención el PP, blinda también la financiación estatal en un 50% a través de una enmienda pactada por los socios del Ejecutivo (PSOE y Sumar), y ha salido adelante junto a un decreto que duplica la financiación que el Estado otorga a las autonomías para sus sistemas de dependencia.La norma finaliza así su trámite tras un exhaustivo periodo de negociación en la Cámara Baja. El texto cuenta con el respaldo de las entidades sociales, que han presenciado el debate desde la tribuna del hemiciclo y que llevaban semanas reivindicando la aprobación de la reforma. Se trata de la "gran apuesta" del Ministerio de Derechos Sociales, según ha destacado el propio ministro Pablo Bustinduy, quien durante su intervención en este penúltimo pleno antes del verano ha calificado la iniciativa como "la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo". "Los sistemas de cuidados en todo el mundo han estado históricamente lastrados por un modelo anclado en una cultura asistencialista e institucional. Las personas cuidadas bajo este modelo viven aisladas, separadas de la comunidad, en instituciones y, por tanto, segregadas socialmente. No tienen control sobre sus propias vidas; no pueden adoptar decisiones cotidianas, porque los requisitos organizativos de esas instituciones prevalecen sobre las necesidades, los deseos y las preferencias de las personas que viven en ellas. Lo que estamos haciendo hoy es dejar atrás ese planteamiento, porque entendemos que lo central de cualquier servicio público no deben ser las cuestiones logísticas ni organizativas, ni la gestión de los costes, sino las necesidades de las personas que los integran", ha defendido el ministro. Bustinduy ha destacado que, además, esta reforma se aprueba de forma paralela a la ampliación de la financiación del sistema de dependencia, a través del decreto que duplica la aportación del Estado a las comunidades autónomas, que recibirán entre 2026 y 2027 un total de 6.200 millones de euros adicionales, de tal modo que el Ejecutivo hará una aportación récord de 7.239,4 millones el año que viene para reducir listas de espera, contratar más profesionales y ofrecer "más y mejores" prestaciones.El PP: a favor de la financiación pero se abstiene con la reformaLa norma ha salido adelante con la mayoría del bloque de investidura, que ha elogiado las medidas de la ley. Aunque el Partido Popular se ha abstenido de la reforma, sí que ha votado a favor del decreto de financiación porque, según ha alegado la diputada y vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, entienden "la importancia de los recursos en el sistema de dependencia", a pesar de que echan en falta una memoria económica que vaya unida a la reforma. En ese sentido se ha pronunciado más tarde el diputado popular Enrique Belda, que ha afeado que la ley incorpore "nuevas obligaciones permanentes" sin una "memoria económica rigurosa" que cuantifique el "impacto real" que tendrá la iniciativa sobre las comunidades autónomas. "El problema no es el qué, ni los derechos, prestaciones o beneficios, sino el dónde, el cómo y sobre todo el cuándo", ha sentenciado Belada, que ha puesto en duda que la financiación prometida continúe más allá del año que viene. Aun así, ha asegurado que espera que en la tramitación que se producirá ahora en el Senado antes de la aprobación definitiva de la reforma se pueda "seguir avanzando" en posibles modificaciones.En Vox, el diputado Juan José Aizcorbe ya ha avanzado que votarían en contra de la reforma a pesar de estar a favor del "fondo" de la norma. Los de Santiago Abascal han justificado su 'no' porque consideran que la ley genera "falsas expectativas y posibles "frustraciones" ya que asegura que no está garantizada la financiación, lo cual aseguran que acabarán asumiendo las comunidades. La primera reforma de la dependencia en 20 añosLa norma reforma dos leyes: la de dependencia, por un lado, y la de discapacidad, por otro. En cuanto a al primera, destacan medidas como la eliminación del régimen de incompatibilidades, de tal modo que una persona dependiente pueda recibir diferentes prestaciones de forma simultánea sin que tenga que elegir, por ejemplo, entre un centro de día o una prestación de cuidados en el entorno familiar. Se amplía también la asistencia personal, que queda blindada como servicio y podrá ofrecerse más allá del domicilio del usuario, para que el trabajador pueda acompañar a la persona dependiente a realizar otras actividades básicas en la vida diaria, como ir al médico o hacer la compra. Asimismo, se reconocen los derechos de los cuidadores no familiares. Es decir, que personas del entorno puedan ofrecer cuidados sin necesidad de estar registradas como familiares (parejas que no están casadas, que comparten un hogar, vecinos, etc.). Además, se universaliza el derecho a la teleasistencia como derecho subjetivo, y se eliminan las restricciones y las sujeciones farmacológicas (gente que duerme con pastillas), salvo situaciones excepcionales y únicamente si no hay otra alternativa. En cuanto a la discapacidad, para agilizar la burocracia y reducir las listas de espera, la ley reconocerá el 33% automáticamente a cualquier persona con un grado I de dependencia, y el 65% a las que tengan reconocidas un grado II o III. Se reconoce, de igual modo, la accesibilidad universal como un derecho y se crea un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones necesarias, como rampas para sillas de ruedas o audiodescripciones. En esa línea se modifica también la Ley de Propiedad Horizontal, para que las adminsitraciones públicas contribuyan económicas a las obras de accesibilidad en los edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos estén obligados a solicitar estas ayudas si alguno de los residentes así lo solicita. Se facilitan, además, los requisitos para acceder a estas ayudas económicas, rebajando del 75 al 70% el porcentaje de financiación que deberá apoquinar la comunidad de vecinos para esta reforma. La ley persigue la discriminación de las personas con discapacidad, prohibiendo por ley que los seguros de vida y de salud modifiquen sus tarifas para los solicitantes con discapacidad; y regulando la figura de un "facilitador procesal" que hará de intermediario entre los operadores jurídicos y estas personas.