El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta con un mes de retraso una semana clave en la que deberá someterse al examen de sus socios parlamentarios y de su propio partido por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas revelaciones del caso de las cloacas del PSOE. Lo hace mientras trata de encontrar una fórmula que permita mantener en pie una legislatura cada vez más erosionada y llegar a 2027. En ese contexto se enmarca la puerta que ha dejado entreabierta a un adelanto electoral si los Presupuestos Generales del Estado que prepara el Gobierno no logran salir adelante, un mensaje con el que busca ofrecer una salida tanto a los socios que cuestionan la continuidad de la legislatura como a las voces territoriales del PSOE preocupadas por el desgaste que la crisis puede tener en las elecciones municipales y autonómicas del próximo año.Tras una semana marcada por los cercos judiciales, Sánchez se enfrenta este miércoles la que puede ser una de las comparecencias más complicadas de la legislatura. El presidente deberá rendir cuentas ante unos socios que reclamaron explicaciones hace ya un mes por las presuntas cloacas socialistas y por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, pero que llegan a la cita con más interrogantes que entonces. Durante este tiempo, el PSOE ha ganado margen político para preparar su defensa, pero no ha logrado construir un relato capaz de contener el desgaste o, al menos, que de argumentos de peso a sus socios. De hecho, mientras el partido insistía en denunciar una operación de acoso judicial y mediático y apelaba a la presunción de inocencia de todos los implicados, las investigaciones han seguido avanzando y ampliando el foco sobre distintos dirigentes y episodios que, cuando se solicitaron las comparecencias, ni siquiera formaban parte del debate público, como es el caso de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.Sánchez comparecerá después de que Zapatero haya declarado ante el juez José Luis Calama sin que eso haya supuesto, por ahora, un cierre de la crisis política abierta por su imputación. Tampoco han desaparecido las dudas sobre las joyas halladas en su despacho, una cuestión especialmente incómoda para Ferraz y Moncloa, que han evitado entrar de lleno en el debate ético y han optado por refugiarse en argumentos legales y en la presunción de inocencia.Al mismo tiempo, el caso de las presuntas cloacas del PSOE ha seguido incorporando elementos de presión política, desde las anotaciones de la agenda de Leire Díez que apuntan a reuniones con la directora de la Guardia Civil, hasta referencias al propio presidente del Gobierno. Todo ello ha contribuido a alimentar la sensación, compartida incluso por algunos aliados parlamentarios, de que las explicaciones ofrecidas hasta ahora han quedado por detrás del ritmo de las revelaciones.Por eso, más que una comparecencia ordinaria, la sesión se ha convertido en una prueba de resistencia para un presidente que necesita convencer a sus socios de que aún conserva el control de la situación y, al mismo tiempo, contener el creciente malestar entre sus propias filas. Y en esto, precisamente, se enmarca el segundo examen de la semana: el Comité Federal del PSOE que se celebrará el sábado, 27 de junio. En el mismo, Ferraz pretende dar cuenta ante los barones y cargos territoriales de las medidas que aprobó hace un año tras la imputación y entrada en prisión provisional del secretario de Organización por entonces, Santos Cerdán. En concreto, dará cuenta de la implantación de las 13 medidas aprobadas en ese Comité del 5 de julio de 2025, y también incorporará más mecanismos de control económico, como auditorías externas de las cuentas del partido, una nueva política de dietas y viajes para contribuir a la "austeridad y el uso responsable de recursos", así como la digitalización de la liquidación de gastos a través de una aplicación. No obstante, en Ferraz asumen que el Comité Federal del próximo 27 de junio estará lejos de ser un trámite plácido. Aunque la dirección intenta rebajar las expectativas y sostiene que las críticas que puedan aflorar estarán "dentro de lo previsible", nadie niega que el malestar existe y que algunas voces territoriales aprovecharán el cónclave para expresar su inquietud por el impacto que la crisis está teniendo sobre las expectativas electorales del partido. La estrategia de la cúpula pasa por contrarrestar esos mensajes con dirigentes que representan "la otra cara de la moneda", con el president de la Generalitat, Salvador Illa, como principal referente de una línea que apuesta por cerrar filas con Sánchez y evitar cualquier debate sobre liderazgos o escenarios sucesorios. La vía presupuestaria Más allá de las discrepancias políticas, en Ferraz también son conscientes del nerviosismo entre alcaldes y cargos territoriales que observan con inquietud cómo el goteo de informaciones judiciales amenaza a las elecciones municipales y autonómicas de 2027. En varios territorios se extiende la idea de que sería preferible que las generales se celebrasen antes que esos comicios para evitar afrontar una campaña local condicionada por una crisis nacional que no controlan. Con ese telón de fondo, el Comité Federal aprobará un sistema flexible para las primarias autonómicas y municipales con distintas ventanas temporales —antes del verano, en septiembre o a finales de año— con el objetivo de cerrar cuanto antes los procesos territoriales y poner en marcha desde ya la precampaña.Y es precisamente en ese contexto donde encajan también las palabras de Sánchez sobre un posible adelanto electoral si fracasan los Presupuestos: una forma de ofrecer una salida tanto a los socios parlamentarios que cuestionan la continuidad de la legislatura como a unos cuadros territoriales cada vez más preocupados por llegar desgastados a la cita con las urnas en 2027.De esta forma, las cuentas públicas, que serían las primeras en llegar al Congreso de toda esta legislatura, podrían convertirse en una vía para intentar dotar de contenido político a un mandato que atraviesa su peor momento. Sánchez podría valerse de los Presupuestos como una hoja de ruta que le permita llegar a 2027 con proyectos concretos que exhibir. La presentación de las cuentas serviría así para reforzar el argumento de que la legislatura conserva sentido político pese al desgaste provocado por los distintos frentes judiciales y la desconfianza de algunos socios parlamentarios.Pero las cuentas también podrían cumplir una segunda función. Si el Congreso las rechaza, Sánchez dispondría de un argumento político de peso para justificar una convocatoria anticipada de elecciones generales. El presidente evitó cerrar esa puerta en sus últimas intervenciones y vinculó el futuro de la legislatura a la capacidad del Gobierno para sacar adelante su principal proyecto político. Ese escenario permitiría trasladar la responsabilidad de un eventual adelanto electoral a la falta de apoyos parlamentarios y no a la crisis por la corrupción y, al mismo tiempo, atender una petición que desde hace meses formulan algunos dirigentes territoriales del PSOE y socios como el PNV: celebrar las generales en el primer trimestre de 2027, antes que las elecciones municipales y autonómicas.De esta forma, las cuentas públicas aparecen cada vez más como una pieza clave tanto para prolongar la legislatura como para ordenar una salida electoral.