El Gobierno alemán ha llegado a un acuerdo con el régimen de los talibanes para acelerar la deportación de delincuentes convictos a Afganistán, ha informado este domingo el diario germano Bild. Tras negociaciones “a nivel técnico”, puesto que Berlín no reconoce a los talibanes como Gobierno legítimo, se ha alcanzado un pacto que permitirá fletar hasta tres vuelos chárter de deportación cada mes, así como realizar un número ilimitado de deportaciones individuales en vuelos regulares.Según las informaciones de Bild, el Ministerio del Interior, en manos del democristiano bávaro Alexander Dobrindt, quiere crear un “puente aéreo de deportaciones” permanente.“Las deportaciones de delincuentes a Afganistán se realizan de forma regular y fiable. Quien abusa de nuestra protección y comete aquí delitos graves tiene que buscarse una perspectiva en su país de origen”, dijo Dobrindt a este medio.“Nuestra sociedad tiene un interés legítimo en que los delincuentes abandonen nuestro país. Esto se aplica de forma consecuente”, subrayó. Según Bild, en estos momentos hay en Alemania un centenar de delincuentes convictos de nacionalidad afgana pendientes de deportación.En lo que va de año han sido expulsados 77 nacionales afganos en tres vuelos chárter. Estas devoluciones han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos, ya que los retornados corren el riesgo de ser maltratados por los talibanes. El movimiento contra el régimen de los fundamentalistas en Alemania también ha censurado estas deportaciones, pues considera que constituyen una forma de legitimar a los gobernantes de facto del país asiático a cambio de que acepten a los deportados.El pasado 14 de mayo, se conoció que la Unión Europea ha invitado a Bruselas a una delegación de los talibanes, que tomaron el poder en el país en 2021, para discutir un pacto que permita también acelerar las deportaciones de inmigrantes afganos. La Unión no reconocen al Gobierno talibán, pero pese a esto, una delegación del régimen islamista afgano, encabezada por el portavoz del Ministerio de Exteriores, Abdul Qahar Balkhi, visitará Bruselas este junio para reunirse con funcionarios de alto nivel de la Comisión Europea, el Servicio de Acción Exterior (SEAE) y con representantes de algunos Estados miembros, como Suecia, que está ayudando a coordinar los contactos, según fuentes europeas.Como en el caso de Alemania, la UE ha celebrado ya una otra reunión —“técnica”, según el Ejecutivo comunitario— entre los talibanes y funcionarios europeos en Afganistán.Los socialdemócratas y los grupos de la izquierda del Parlamento Europeo criticaron entonces la iniciativa del Ejecutivo comunitario, que siguió a la petición de una veintena de países —España no respaldó la misiva rubricada, entre otros, por Alemania, Suecia, Bélgica, Austria, Italia, Países Bajos o Polonia— para que encuentre vías para impulsar las devoluciones de inmigrantes a Afganistán.“Esta prisa de la UE y sus Estados miembros por devolver forzosamente a personas a Afganistán a cualquier precio es ilegal y ajena a la realidad”, ha dicho Amnistía Internacional. “Ignora las razones por las que estas personas huyeron y los graves peligros que corren si son devueltas. Además de que demuestra un flagrante desprecio por las obligaciones internacionales de los Estados, violando el principio vinculante de no devolución. La UE debe cambiar de rumbo de forma urgente y radical”, remarca la entidad.Las organizaciones de derechos humanos y de protección de las personas migrantes advierten también de que con los últimos movimientos, la UE está sacrificando garantías jurídicas y derechos fundamentales para impulsar una política migratoria cada vez más centrada en la expulsión y la externalización de fronteras. El Consejo de Europa también ha alertado sobre el riesgo de detenciones prolongadas, restricciones al derecho de apelación y deportaciones hacia países inseguros. En el caso de Afganistán preocupa especialmente que esas deportaciones puedan incluir a mujeres y niñas, sometidas en Afganistán a una privación de derechos —el de estudiar desde los 12 años, trabajar o viajar sin un pariente varón, entre muchos otros— que Naciones Unidas considera un “apartheid de género”.